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El Partido Libertario acusa a los candidatos de la renovación de Iguazú
El vicepresidente del Partido Libertario de Misiones, Víctor Daniel Wall, presentó una denuncia formal ante el Tribunal Electoral provincial por presuntas violaciones a los artículos 65, 66 y 67 de la Ley Electoral de Misiones (Ley XI – N° 6, anteriormente Ley 4080). La presentación apunta contra funcionarios públicos y actuales candidatos del Frente Renovador de la Concordia en la ciudad de Puerto Iguazú, a quienes acusa de realizar actividades institucionales con fines proselitistas, utilizando recursos públicos y medios oficiales durante el período de restricción electoral.
Forrmula denuncia por infracción a la ley electoral. P. Libertario
Hechos denunciados
Según el escrito presentado, durante el proceso electoral que culminará el próximo 8 de junio, se habrían producido diversas acciones por parte de funcionarios provinciales que también son candidatos, vinculadas a operativos oficiales como la tramitación gratuita del DNI. Uno de los casos destacados es la difusión, a través de redes sociales y medios digitales, de imágenes promocionales de estos operativos que contienen elementos típicos de campaña electoral: nombres completos, imágenes personales, número de lista, consignas políticas y mención explícita de las candidaturas.
Uno de los principales señalados en la denuncia es Javier Bareiro, actual concejal y candidato a la reelección, quien aparece en una nota publicada el 17 de mayo por el portal Iguazú Ahora Noticias, identificándose como organizador de un operativo de DNI en el barrio 1° de Mayo. El reclamo subraya que dicha publicación no distingue su rol institucional de su candidatura, lo que podría implicar una ventaja electoral indebida, al asociar su figura política con un beneficio público.
En concreto, la denuncia de Wall apunta al concejal renovador Javier Bareiro, que va por la reelección por el sublema El Cambio es Ahora; y al coordinador de Frontera Manuel Manu Vargas, candidato de Fuerza Ciudadana; y la contadora Magdalena Maggi Irala, docente en el Instituto Tecnológico Iguazú y directora del Hospital Turístico, que encabeza el sublema Por Más Logros. de la Renovación.
Fundamentos legales
La denuncia se basa en la presunta transgresión al marco normativo electoral provincial, específicamente a los artículos:
- Artículo 65, que establece los límites temporales de la campaña electoral.
- Artículo 66, que prohíbe expresamente la promoción de programas públicos y la realización de actos de gobierno con fines electorales dentro de los 30 días previos a los comicios.
- Artículo 67, que faculta al Tribunal Electoral a ordenar la remoción y destrucción de propaganda proselitista que infrinja la normativa.
Wall sostiene que la instrumentalización de políticas públicas para favorecer a candidatos oficialistas viola tanto la letra como el espíritu de la ley electoral, al romper con la equidad e imparcialidad que deben regir el proceso.
Solicitudes ante el Tribunal Electoral
En su presentación, el dirigente libertario solicita que:
- Se tenga por presentada la denuncia y se admita la prueba documental adjunta (capturas de pantalla y enlaces a publicaciones).
- Se verifique la existencia de las infracciones denunciadas mediante procedimientos sumarios u otros medios pertinentes.
- Se ordene el cese inmediato de toda actividad proselitista encubierta bajo el formato de actos institucionales.
- Se remuevan las publicaciones que vulneran la normativa vigente.
- Se aplique el artículo 67, con la destrucción del material de campaña indebido.
- Se dé intervención al Ministerio Público Electoral.
- Se certifiquen los contenidos digitales denunciados.
Un reclamo por “igualdad de condiciones”
Desde el Partido Libertario advirtieron que esta situación genera una asimetría en la contienda electoral, al permitir que candidatos oficialistas se promocionen utilizando recursos estatales, afectando la transparencia y la igualdad de oportunidades entre las fuerzas políticas.
El caso ahora queda en manos del Tribunal Electoral de la Provincia, que deberá analizar los hechos y determinar si corresponde aplicar sanciones conforme a la normativa vigente.
