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EL CALAFATE.- El gobierno provincial encabezado por Claudio Vidal anunció que impulsa una reforma integral en el régimen de jubilaciones del Poder Judicial de Santa Cruz, con foco en los miembros del Tribunal Superior de Justicia. La reforma también apunta a eliminar “regímenes desproporcionados”, mientras desde el poder político cuestionan a los jueces por falta de transparencia y de eficiencia.
La propuesta de reforma que elaboran por estas horas los abogados del gobierno, y será presentada en la Legislatura, fue comunicada por el propio gobernador a través de sus redes sociales y acompañada tanto por el vicegobernador Fabián Leguizamón como por el diputado Pedro Luxen. El gobierno santacruceño argumenta que existen fuertes desigualdades salariales entre los jueces del máximo tribunal y el resto de los trabajadores del Estado, incluidos empleados municipales y de las comisiones de fomento.
La reforma tiene a su vez dos miradas que la impulsan: una es la falta de avance de las denuncias por corrupción realizadas por el actual gobierno contra funcionarios de Alicia Kirchner y la otra, la necesidad de generar vacantes en el Tribunal Superior de Justicia, donde los cinco jueces supremos fueron nombrados durante el kirchnerismo y por lo menos tres estarían en condiciones de jubilarse.
Si bien en Santa Cruz los jueces supremos pueden permanecer en sus cargos sin límite de edad, podría apurar a los jueces que se encuentran en condiciones de dejar el cargo. De acuerdo a los dichos del jefe de Gabinete, Daniel Alvarez, hoy el salario ronda entre 8 y 9 millones de pesos, de los cuales seguirán cobrando el 87% cuando se jubilen.
Vidal fundamentó su decisión en datos que, según explicó, evidencian “una brecha muy marcada entre los ingresos del máximo tribunal y los salarios que perciben trabajadores de otros poderes del Estado, municipios y comisiones de fomento”. Y agregó: “No hay fundamentos objetivos que justifiquen esa diferencia, y eso nos obliga a actuar con responsabilidad”, subrayó.
Desde el Poder Ejecutivo provincial informaron que la propuesta legislativa incluirá mecanismos para limitar las asimetrías entre los ingresos judiciales y los de otros poderes del Estado, así como controles adicionales sobre la transparencia en los procesos de designación dentro del sistema judicial.
En su mensaje en redes sociales, Vidal señaló: “Como gobernador de la provincia de Santa Cruz, quiero expresar con claridad nuestro compromiso con la equidad y la buena administración de los recursos públicos. Por eso, hemos decidido avanzar en una revisión integral para que las futuras jubilaciones que perciban los miembros del Tribunal Superior de Justicia no sean una isla dentro de la realidad económica de la sociedad de Santa Cruz”.
En esa línea aseguró haber recibido denuncias por irregularidades en el ingreso de personal: “Hemos recibido denuncias que apuntan a contrataciones dentro del Poder Judicial basadas en vínculos de parentesco, amistad o por haber sido exfuncionarios de la gestión anterior, todo sin respetar los concursos públicos ni los criterios de transparencia que exige nuestra normativa”.
“No podemos permitir que nuestra justicia sea un aguantadero de ñoquis; una preocupación que también fue planteada por la Asociación Gremial de Trabajadores Judiciales, y que desde el Gobierno la compartimos plenamente”, afirmó Vidal.
Por otro lado, cuestionó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz y aseguró que aún no se aplican mecanismos transparentes, abiertos y meritocráticos para seleccionar a quienes aspiran a ser jueces. “La justicia no puede ser una estructura cerrada, ni un espacio de privilegios”, continuó el gobernador, al tiempo que defendió la necesidad de introducir cambios profundos: “Creo firmemente que no puede haber privilegios en un Estado que se pretende justo. No deben existir sueldos ni jubilaciones que la sociedad no entienda ni acompañe”.
El proyecto anunciado será presentado ante la Legislatura provincial esta semana, y buscarán generar consenso con todos los bloques políticos.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, aseguró durante una conferencia de prensa: “No se trata de afectar derechos adquiridos sino de mirar hacia adelante y construir un esquema justo para todos”. Y agregó: “Existen casos de funcionarios que cobran más de 8 o 9 millones de pesos mensuales, accediendo al 87% de ese monto al jubilarse. Ese tipo de situaciones es lo que hace insostenible una economía en una provincia donde docentes, médicos y personal de seguridad perciben salarios muy por debajo de lo que merecen”.
Álvarez afirmó que en Santa Cruz “no podemos permitir más islas salariales” y remarcó la necesidad de “transparentar el funcionamiento del Poder Judicial y otros sectores del Estado, entendiendo que la sociedad tiene derecho a saber quiénes toman decisiones, qué responsabilidades tienen y cuánto cobran”.
El vicegobernador Leguizamón criticó “el lento accionar de la justicia en Santa Cruz”, así como también “la falta de transparencia y apertura democrática en los procesos de selección de jueces por parte del Consejo de la Magistratura”.
Denuncias
El gobierno de Vidal impulsó una serie de denuncias judiciales contra exfuncionarios de la gestión anterior, centradas en presuntos hechos de corrupción. Entre las más relevantes se encuentran las investigaciones sobre 51 cooperativas contratadas por el Estado, donde se detectaron incompatibilidades, falsificación de documentación y posible fraude a la administración pública.
También denunciaron al actual intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, por presuntas adjudicaciones irregulares de terrenos fiscales y se apuntó a Eugenio Quiroga, exvicegobernador de Alicia Kirchner, por la supuesta transferencia irregular de fondos públicos desde cuentas de la Legislatura a su cuenta personal, por un total de más de 32 millones de pesos.
