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Luego de prácticamente un año de discusiones, un plenario de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados emitió un dictamen mayoritario para reformar el régimen penal juvenil, que contempla la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Propicia, además, una serie de medidas tendientes a abordar la problemática de los menores que delinquen.
Es positivo que, después de ser considerado un tema tabú, los diputados se hayan decidido a tomar el toro por las astas y dar un tan postergado como necesario debate, frente al alarmante incremento de los delitos que, especialmente en la provincia de Buenos Aires, han conmovido tanto por su salvajismo como por el hecho de ser protagonizados por adolescentes. Los menores de 16 años, por ser hasta hoy inimputables en materia penal, son muchas veces reclutados por organizaciones criminales, que medran a través de delitos comunes como el negocio del narcotráfico.
Muchos niños, acostumbrados a vivir en la marginalidad, son utilizados como mano de obra barata por esas organizaciones delictivas. Pueden actuar como “soldaditos de la droga” o bien consagrarse al robo de hogares y vehículos o al simple asalto callejero y la sustracción de teléfonos celulares.
No puede negarse que el crecimiento de la delincuencia entre niños y adolescentes reconoce muchos factores vinculados con las dificultades socioeconómicas que afrontan. Marginalidad, precariedad habitacional, violencia familiar, falta de educación y contacto con el mundo de las drogas llevan a muchos de esos menores a ser cooptados por bandas dirigidas por adultos. De ahí que la búsqueda de soluciones a este problema requiera de un plan integral, que contemple una batería de medidas y programas para sacar a esos chicos de esta situación.
El desarrollo de los institutos penales adecuados para el alojamiento de menores surge como uno de los mayores desafíos
Pero este debate no puede seguir extendiéndose eternamente. Se impone avanzar con medidas que puedan ser aplicables y que les muestren a los delincuentes que hay voluntad política para atacar un flagelo que, desde hace demasiado tiempo, tiene en vilo a las personas de bien y que se ha venido cobrando muchas vidas inocentes, incluidas las de muchos menores que son llevados por el mal camino.
El dictamen parlamentario reunió 77 firmas de diputados de distintas bancadas, integrantes de las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes; Presupuesto y Hacienda; Legislación Penal y Justicia. Cosechó el apoyo de los bloques de La Libertad Avanza, Pro, la UCR e Innovación Federal, al tiempo que los diputados de Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica acompañaron la iniciativa con disidencias. En cambio, el proyecto fue rechazado por el kirchnerismo, cuyos legisladores alertaron que tenía un claro sesgo punitivo contra los adolescentes.
La iniciativa consensuada, basada en un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que fue objeto de modificaciones, contempla que la imputabilidad penal correrá a partir de los 14 años de edad –el Gobierno había propuesto que fuera de 13 años– y que los menores solo cumplirán pena de cárcel efectiva, con un límite máximo de 15 años, siempre que el delito que cometiesen esté penado con diez o más años de prisión. Si el delito cometido tuviera una pena de hasta tres años de prisión, el menor no irá a la cárcel y el juez deberá optar entre varios castigos alternativos, tales como la amonestación, la prohibición de salir del país o la prestación de servicios a la comunidad. Igual sanción podría corresponderle si el delito cometido superara los tres años de prisión hasta un máximo de diez, mientras no se trate de un homicidio, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o delitos dolosos.
El régimen propuesto también garantiza la legalidad, el debido proceso y el derecho a la defensa desde el inicio, al tiempo que la privación de la libertad es concebida como última ratio, únicamente con alojamiento del menor en establecimientos especializados. La detención de los menores será en módulos diferenciados por edad, salud, situación cautelar o punitiva, donde además se les garantice el acceso a la educación, la salud, la recreación, la cultura y la religión. No podrán ser alojados junto a adultos y el personal de los centros penitenciarios deberá estar especializado en infancia y adolescencia.
Precisamente, el desarrollo de los institutos penales adecuados para el alojamiento de menores surge como uno de los mayores desafíos para la instrumentación de la ley una vez que resulte sancionada. Pero, por lo pronto, es importante que, de una vez por todas, se dejen atrás preconceptos asociados a ideologías abolicionistas del derecho penal, y se piense en las víctimas de la violencia y el crimen que a diario nos acosan.
