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A dos años del escándalo mediático ocurrido cuando trascendió que el Banco Nación contrató a la adivinadora “Pitty la numeróloga” para dar sesiones de coaching, la Justicia sobreseyó a todos los denunciados al sostener que no existió ningún delito, aunque dejó a salvo que las cuestiones de mérito y oportunidad son ajenas a su evaluación.
Los favorecidos por la decisión judicial −a la que accedió LA NACION− son la expresidenta del Banco Nación Silvina Batakis, designada en ese cargo tras su paso fugaz por Economía y su reemplazo por Sergio Massa; la exgerenta María del Carmen Barros, que fue forzada a renunciar, y los empleados Maximiliano Piantanida, Héctor Javier Silva, Juan Pablo Pedemonte, Juan Manuel Romero, Carlos Rovetto, Karina Angeleti, María Belén Salinas, Martín Haman, María Lucila Padin, Yamila Bustello y Facundo Peña, cuyos nombramientos se cuestionaban por su relaciones familiares.
La causa se inició en septiembre de 2023 por una denuncia de la diputada Graciela Ocaña en plena campaña electoral. Batakis es la actual ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
La justicia, con intervención del fiscal Guillermo Marijuan y la jueza María Eugenia Capuchetti, investigó tres hechos: la contratación de la numeróloga, el cobro de un incremento de sueldo por parte de Barros y la contratación de empleados por sus vínculos familiares con otros empleados. En los tres casos concluyó que no hubo delito.
Verónica Asad, tal el verdadero nombre de “Pitty”, conocida por sus predicciones y lectura de cartas numerológicas, fue contratada con dos facturas, por lo que cobró en 2023 $1.140.000 en la primera y $575.000 en la segunda, para realizar tareas de “Coaching de Capacitación y Liderazgo Comunicacional para el ámbito de la Alta Gerencia”.
El fallo señala que no se iba a debatir si correspondía o no realizar la contratación, o sobre los beneficios del coaching, ya que ese es un resorte del Banco Nación. Lo que sí hizo la justicia fue revisar el procedimiento y no encontró irregularidades.
Una auditoría interna del Banco sostuvo que “no se pudo determinar que la institución haya sufrido un perjuicio patrimonial por la contratación directa del servicio”.
Por eso dictó el sobreseimiento, el entender que el servicio se prestó y fue facturado en regla por un precio de mercado no exorbitante, a pesar de que las tareas de Pitty fueron realizadas fuera del banco.
En cuanto a la autorización de parte de Silvina Aida Batakis para que la gerenta María del Carmen Barros perciba “diversos plus y premios que le permitirían cobrar un sueldo mensual de unos 9 millones de pesos en 2023, la jueza dijo que no hubo delito.
Un sumario interno dijo que “hubo apresuramiento” pero que no hubo perjuicio porque Barros devolvió la plata. Aunque entendió que se le podía pagar. La conducta “no encuentra en figura legal alguna”, señaló.
Dijo −recogiendo el argumento de su abogado Carlos Froment− que el aumento era parte de un proceso que venía desarrollándose desde 2021, con la creación de las sugerencias generales principales y que se debía equiparar el sueldo con otros de la banca pública.
Y en cuanto a las designaciones cuestionadas, el propio fiscal Marijuan entendió que no había delito y la Justicia citó una directiva del Banco Nación del 2011 que establece como política de la entidad la contratación de no menos del 30% de familiares.
Citó un sumario interno donde señala que estas normas “establecieron que del total de ingresos que se produzcan, no menos del 30% pertenecerán a hijos y/o familiares directos de trabajadores de esta entidad. Esta prueba fue relevante para entender la política institucional respecto de la contratación de familiares, proporcionando un contexto normativo que permitió evaluar la legalidad y la ética de las contrataciones realizadas”. Así, el caso quedó sobreseído y la sentencia quedó firme.
