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En mayo se formalizó la denuncia penal en la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Posadas, a cargo del doctor Jorge Horacio Campitelli, por parte de afiliados de la Libertad Avanza de Misiones que, en su momento, habían dado a conocer el malestar existente por el reclamo de un “diezmo” a autoridades del Pami y la Anses, de Misiones.
Pero al no recibir respuestas de parte de las autoridades partidarias, a pesar del acta suscripta en la asamblea llevada a cabo en Dos de Mayo, dando cuenta de la indignación existente por un proceder que juzgaban ilegal, Rubén Samuel Doichele formalizó la mencionada denuncia penal. Habían advertido, inclusive, que iban a realziar la denuncia penal y demandaban se reintegrara lo que debieron aportar. C6Digital intentó contactarse con Doichele pero el denunciante prefirió esperar a que se expida la Justicia.
Y el expediente comenzó a avanzar para preocupación del ex tenista Diego G. Hartfield, quien no tiene respuesta cuando los afiliados de su misma zona Centro le reclaman por estos hechos.
Con el tiempo comenzó a filtrarse la documentación que se adjuntó al expediente, Incluye, entre otras, los chats a un grupal denominado “Alta de referentes”, que era coordinado por el presidente de la LLA de Misiones Adrián Nuñez, donde se iban consignando los aportes, correspondientes al 10% de los salarios de las autoridades locales de los mencionados organismos nacionales, de los diferentes municipios misioneros.
Por cierto, había una orden de “borrar prolijamente” esos chats incriminatorios, pero evidentemente no todos lo hicieron. Por ejemplo, el que pone en evidencia que al parecer se ocultaba en “gastos de reparación de aires acondicionados” otros aportes también destinados, presuntamente, a gastos del partido.
Lo cierto es que en la denuncia de Doichele, este afiliado libertario esgrime el artículo 168 del Código Penal, considerándo “extorsionistas” a autoridades y candidatos de LLA de Misiones. El artículo 168 reprime el delito de extorsión, para el que inclusive se contemplan penas de prisión de 5 a 10 años “ a quien con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a disposición suya o de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos”.
La formalización de la denuncia penal en el fuero federal de Posadas, tiene lugar en este mes de mayo, ya en plena campaña hacia las elecciones del 8 de Junio de renovación legislativa.
