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Entre tanto revuelo por una causa sin antecedentes de este tipo y con Maradona en el medio, resulta indispensable poner el foco en el interés de las víctimas, que muchas veces queda desplazado en el debate público. En este caso, quienes debían velar por la salud de Diego, particularmente el personal de enfermería, no cumplieron con los deberes mínimos de su función: no controlaron signos vitales, no actuaron ante señales de alarma y omitieron aplicar los protocolos establecidos por la normativa vigente del Ministerio de Salud, simplemente cumpliendo con su deber seguramente podrían haberle salvado la vida. Eran los ojos y oídos del paciente, y su intervención oportuna podría haber marcado una diferencia, sin dudas.
Algunas de estas conductas, quizás podríamos encuadrarlas dentro de un marco de responsabilidad culposa, la de los enfermeros, donde el descuido, la negligencia y la omisión de los deberes de cuidado adquieren una relevancia penal indiscutible.
Una jueza que autoriza cámaras para una posible serie sobre el 10, un juicio por homicidio que se suspende por cuestiones más propias de un backstage que de un tribunal y siete profesionales de la salud que ahora esperan que la historia se reescriba. No es un capítulo de ficción. Es la Justicia argentina intentando juzgar la muerte del ídolo más grande del fútbol. Desde mi rol como abogada penalista, intento leer entrelíneas lo que muchos prefieren no decir: que la verdad judicial tambalea cuando el show se roba la escena. Y que mientras algunos buscan rating, otros -como Dalma y Gianinna junto a sus letrados y a quienes aún creemos en el Derecho- seguimos esperando una condena que no actúe para las cámaras..”
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona atraviesa uno de sus momentos más críticos: fue suspendido tras una denuncia contra la jueza Mónica Fernanda Makintach, quien fue apartada del proceso por haber autorizado una filmación en la sala de audiencias -sin el consentimiento de las partes- con fines ajenos al proceso judicial. Lo que podría parecer un hecho menor, terminó exponiendo una grieta profunda en el sistema: la del juicio convertido en espectáculo.
La jueza-actriz que confundió los roles
Autorizar una filmación en pleno juicio por una producción audiovisual vinculada a una posible serie o película sobre Maradona excede toda función judicial. No es solo una torpeza, sino una vulneración grave a principios esenciales del proceso penal: imparcialidad, legalidad y respeto al contradictorio. Cuando el juicio empieza a escribirse desde afuera, lo que se pierde no es solo forma, sino fondo: la búsqueda de la verdad.
La actuación de la jueza Makintach fue improcedente, poco profesional y comprometió gravemente la imparcialidad del tribunal. En causas de esta naturaleza, la imagen de justicia no se construye solo con sentencias, sino también con la conducta ética de quienes la imparten. Por eso, su apartamiento del proceso fue correcto.
La nulidad que sacude el caso
La aceptación de la recusación y el consiguiente apartamiento de la jueza provocó la nulidad parcial del juicio. Esto implica que el proceso deberá reiniciarse con un nuevo tribunal, revalidar pruebas, reconstruir etapas clave y, sobre todo, recuperar la confianza pública. La gravedad institucional de lo sucedido no es subsanable con simples excusas técnicas.
La preocupación, claro, es que esta nulidad se convierta en una trampa burocrática. Que las dilaciones, los tecnicismos y el show mediático terminen sepultando lo verdaderamente importante: determinar si hubo responsabilidad penal en la muerte del ídolo más grande del fútbol argentino.
El núcleo: el homicidio con dolo eventual
Más allá del escándalo institucional, el juicio tiene una dimensión penal que no puede perderse de vista. Los siete imputados -entre ellos médicos, enfermeros y profesionales de la salud mental- están acusados de homicidio simple con dolo eventual, figura que contempla penas de 8 a 25 años de prisión.
La fiscalía sostiene que los imputados conocían el riesgo de muerte derivado de la deficiente atención médica que rodeaba a Maradona y, aun así, persistieron en su accionar con indiferencia. Esa aceptación del riesgo constituye el eje del dolo eventual.
Como penalista, considero que existen elementos sólidos para condenar. En especial, a quienes tenían una posición de garantes directos, como el médico personal y la psiquiatra. La gravedad del caso impone un análisis técnico, pero también una dosis de sensibilidad institucional.
Justicia, no ficción
Este juicio no debe convertirse en una condena ejemplificadora para calmar a la opinión pública, pero tampoco en una exculpación encubierta entre tecnicismos y cámaras. La justicia penal debe determinar quién tenía el control, quién conocía el riesgo y quién -aun sabiendo- no hizo nada.
La muerte de Maradona no puede ser simplemente el guión de una serie. Merece una verdad judicial, y la sociedad, una justicia que no actúe para las cámaras. La expectativa hacia el nuevo tribunal es clara: rigurosidad técnica, imparcialidad y responsabilidad institucional. No se trata solo de un caso con alto impacto mediático; se trata de una causa con peso simbólico, jurídico y social. Lo que se haga con esta justicia marcará no solo el destino de siete imputados, sino también la confianza en el sistema.
A partir de este jueves 29 de mayo, el tribunal deberá resolver una situación clave: los dos jueces que intervinieron en la etapa anterior del proceso deberían excusarse, y designarse un nuevo tribunal con tres jueces imparciales para garantizar el principio del juez natural. Sin embargo, en la práctica judicial muchas veces ocurre que los jueces intentan aferrarse a la causa. Este no es cualquier expediente: para ellos, es como jugar la final del mundo. Suele pasar que los que vienen jugando no quieren salir de la cancha. Pero desde una mirada penalista, si insisten en continuar cuando el tribunal no está válidamente constituido, porque falta un tercer juez, esa decisión sería nula de pleno derecho, así de claro. Es fundamental que las partes estén atentas: no se puede jugar este partido con un árbitro menos, con equipo incompleto, o con reglas cambiadas a mitad de juego.
¿Qué piensan las hijas del 10?
Desde una mirada cercana a la querella, es importante destacar el rol activo de los letrados de Dalma y Gianinna Maradona, que se mantuvieron presentes y comprometidos con el proceso desde el inicio. Si bien al comienzo les resultó difícil aceptar la suspensión del juicio, finalmente entendieron que la denuncia contra la jueza era necesaria para evitar que esta causa termine en la impunidad. Ambas comprenden hoy que la verdad judicial no puede ser filmada ni manipulada con un guión externo, sino que debe surgir de un proceso imparcial, serio y sin atajos. Tomé conocimiento de que no querían obviamente esto, y no les fue fácil entenderlo, hasta que hoy si entendieron el porque de la denuncia impulsada por sus letrados, y así es que terminaron entendiendo que es lo mejor para evitar la impunidad. Obviamente también entiendo el dolor que les causa pensar en una nueva declaración.
Maradona es historia. Pero la justicia que se haga con su muerte, también lo será. La nulidad del proceso judicial por la muerte de Diego deja al descubierto no solo fallas institucionales graves, sino también el riesgo de transformar una causa penal histórica en un espectáculo. ¿Podrá la justicia reconstruirse sin cámaras y con pruebas?
Maradona no murió para ser parte de una serie. Murió esperando que alguien hiciera algo. Y ahora, lo mínimo que podemos exigir es que la justicia también lo haga.
Y en mi rol de abogada penalista, pero apasionada por el futbol, estoy segura de que en este juicio, como sería en un partido, si no hay juez natural, no hay fair play jurídico. Y cuando eso pasa, se pide la nulidad, mostrar la falta y reclamar que se juegue con las reglas claras. Aunque el rival sea el sistema.
