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Un fallo del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó la posibilidad de que el presidente Donald Trump imponga aranceles generalizados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés). La decisión limita severamente una de las herramientas clave que la administración actual utilizó para presionar a socios comerciales y modificar unilateralmente la política comercial exterior. El dictamen fue emitido tras una serie de demandas que cuestionaron la legalidad del uso presidencial de esa ley para aplicar gravámenes sin intervención del Congreso.
La sentencia constituye un freno a una de las acciones más emblemáticas y controvertidas del nuevo mandato de Trump. El tribunal concluyó que los fundamentos legales invocados por el Ejecutivo para justificar los aranceles exceden los límites previstos por la IEEPA, que habilita medidas económicas solo frente a una “amenaza inusual y extraordinaria”. En ese marco, según el fallo, las órdenes presidenciales que establecieron aranceles globales violan el marco legal vigente.
“Las órdenes de aranceles mundiales y de represalia exceden cualquier autoridad otorgada al presidente por la IEPPA para regular la importación mediante aranceles”, escribieron los jueces en su decisión. El tribunal rechazó la interpretación de que el déficit comercial estadounidense -utilizado como justificación por la Casa Blanca- califique como una emergencia nacional bajo los términos de la ley de 1977.
La Casa Blanca defendió el accionar del presidente y reiteró su posición sobre la urgencia del problema. El déficit comercial es una emergencia nacional que “ha diezmado a las comunidades estadounidenses, dejado atrás a nuestros trabajadores y debilitado nuestra base industrial de defensa, hechos que el tribunal no disputó”, señaló el vocero Kush Desai.
El portavoz también apuntó contra la legitimidad de los jueces que dieron origen a este fallo dañino para el gobierno de Trump. “No corresponde a jueces no elegidos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional”, dijo el portavoz en un comunicado. “El presidente Trump prometió poner a Estados Unidos primero, y la administración está comprometida a usar cada palanca del poder ejecutivo para abordar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense”, añadió.
El presidente Trump utilizó los aranceles como una herramienta de negociación con la esperanza de forzar a otras naciones a negociar acuerdos que favorecieran a Estados Unidos, sugiriendo que simplemente establecería las tasas él mismo si los términos no eran satisfactorios. Además, señaló que los aranceles obligarían a los fabricantes a devolver empleos industriales a Estados Unidos y generarían suficientes ingresos para reducir los déficits presupuestarios federales.
El gobierno ya presentó su apelación contra el fallo que bloquea la entrada en vigor de la mayoría de los aranceles a las importaciones. “Se notifica que los demandados recurren ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal, la opinión y sentencia definitiva del Tribunal del 28 de mayo de 2025″, indica el documento judicial.
Los aranceles, anunciados por Trump como símbolo de soberanía económica, alteraron los mercados financieros internacionales y generaron inquietud entre analistas por su potencial efecto inflacionario. Ese mismo marco llevó también a que varios economistas redujeran las proyecciones de crecimiento de Estados Unidos. Industrias dependientes de insumos importados, especialmente pymes, importadores minoristas y sectores tecnológicos, se vieron particularmente afectadas. El encarecimiento de materias primas y bienes intermedios también comenzó a trasladarse a los precios internos en algunos rubros.
El caso podría llegar a la Corte Suprema, donde se debería definirse si el presidente puede continuar usando la IEEPA para dictar políticas arancelarias sin mediación legislativa. El fallo podría sentar jurisprudencia y redefinir los límites del poder ejecutivo en política comercial, marcando el alcance de sus facultades en contextos no bélicos ni de emergencia comprobada.
