Llama la atención cómo el gobierno actual se muestra preocupado por la baja de la natalidad y la menor cantidad de niñas y niños, pero por otro lado desatiende el cuidado y la salud de las infancias, incluso de chicos con discapacidades.
El Garrahan hace el 50% de los trasplantes pediátricos del país, y atiende al 40% de niñas y niños con cáncer. Denuncian que ya renunciaron más de 200 profesionales, que se pasan al sector privado o se van del país. Por estos días se vio y escuchó a muchos de ellos contar que trabajan 70 horas por semana con sueldos que no llegan a los 800.000 pesos, menos de 3.000 pesos la hora.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) también bajó de categoría y pasó a depender del Ministerio de Salud de la Nación. Este jueves hubo protestas en todo el país por los recortes en los salarios de los profesionales y los servicios.
«No se puede decir que todo el mundo tiene derecho a todo”, afirmó el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
El derecho a la salud está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dice: “El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano». El gobierno pidió retirarse de la OMS.
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Mariana Iglesias
Editora de Género [email protected]
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