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No se elige nacer con discapacidad. Ninguna persona lo hace. Pero lo que sí elegimos todos los días -como Estado, como sociedad, como humanidad- es cómo tratamos a quienes somos parte de esta realidad.
Ya no se puede callar lo que hiere, lo que duele, lo que lastima. Lo que violenta.
Desde hace meses, como parte de una comunidad que lucha por su dignidad y por sus derechos, se observa con profunda preocupación el trato que el Estado nacional, en cabeza de su presidente Javier Milei, le está dando a las personas con discapacidad.
Nos ignoran. Nos excluyen. Nos ridiculizan. Se incumple sistemáticamente el cupo laboral del 4% establecido por la Ley 22.431. Una ley que no pide favores, que no solicita caridad. Exige lo que nos corresponde: la posibilidad de acceder a un empleo digno en el Estado, como cualquier otro ciudadano.
No sólo no se avanza en su implementación, sino que se ha instalado el mensaje -tan perverso como regresivo- de que esta obligación debe recaer en el sector privado, como si el Estado pudiera desentenderse de sus responsabilidades legales, constitucionales y éticas.
Nos quieren convencer de que el “mercado” va a solucionar lo que el Estado desmantela. Pero sabemos bien que sin políticas activas, sin control, sin ejemplo desde lo público, no hay inclusión real posible.
Mientras tanto, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) -que alguna vez representó nuestras voces- ha sido reducida a un organismo sin alma, sin dirección, sin presupuesto, sin escucha. Una oficina vacía que ya no impulsa políticas, sino que administra la inercia del abandono.
Pero hay algo aún más cruel: el vaciamiento del sistema de salud y de prestaciones para personas con discapacidad. Las obras sociales, en complicidad con un Estado ausente o directamente aliado al desguace, reducen y niegan tratamientos, prestaciones básicas, apoyos escolares, acompañamientos terapéuticos y ayudas técnicas.
No se trata sólo de números en un presupuesto: se está vulnerando el derecho a la salud, a la vida independiente, a la inclusión educativa, al desarrollo personal y a la autonomía.
Pero lo más grave -lo más indignante, es la violencia simbólica, verbal e institucional que sufrimos desde lo más alto del poder. Escuchar a funcionarios utilizar términos como “idiotas”, “imbéciles” y “débiles mentales” en documentos, medios y redes oficiales, no solo es ofensivo.
Es brutal. Nos retrotrae a tiempos donde se nos escondía, se nos burlaba y se nos negaba el derecho a existir con dignidad.
Estas palabras no son sólo palabras. Son discursos que discriminan, que excluyen, que legitiman el maltrato y que nos ubican en un lugar de humillación pública. Son discursos que duelen, que calan hondo, porque provienen de quien debería garantizarnos respeto y derechos.
Por eso, repudio con firmeza este destrato sistemático hacia las personas con discapacidad.
Y lo hago no sólo en mi nombre, sino en el de miles que no tienen hoy un espacio o una oportunidad para expresarse. Lo hago con la convicción de que callar es ser cómplice.
Porque no es la discapacidad lo que nos limita. Es la indiferencia. Porque no es la diferencia lo que excluye. Es el desprecio institucional. Porque no somos un error ni una carga. Somos ciudadanos. Con derechos. Con dignidad.
No queremos privilegios. Queremos igualdad. No queremos lástima. Queremos justicia. Y sobre todo, queremos respeto.
Hernán Quintanilla / [email protected]
EL COMENTARIO DEL EDITOR
Por César Dossi
Esos de labia violenta, que “no la ven”
Un ejemplo de lo que cuenta Hernán en su carta lo reflejó el Centro de Día de la Fundación Nano, en San Miguel, en una nota publicada en 2024. Allí, las personas con discapacidad visual hicieron un conmovedor video pidiendo ayuda por la crisis en esa área, porque hace ya más de 30 años son acercados al centro por transportistas. El reclamo surgió por los desfinanciamientos de los servicios del sector.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad también se sumó a la movilización frente a la Quinta de Olivos para exigir al Gobierno la garantía de servicios y prestación para el área. Por su parte, en ese año, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se había reunido con el directorio de Prestaciones Básicas para tratar el tema. Sin embargo, las cifras ofrecidas están muy lejos de satisfacer las demandas que requieren los servicios. Aseguraron que el ofrecimiento es un enorme retroceso para las “más de 300 mil personas afectadas por estas decisiones gubernamentales”. El tema viene de arrastre, pero acusan que se agudizó durante el 2025 por directivas del Gobierno nacional.
La carta del lector es un repudio al destrato y la violencia institucional de quienes deben proteger a estas personas. Y hace poco, alguien usó la humillación como arma.
En la marcha contra los recortes para personas con discapacidad, el jueves 29 de mayo, el biógrafo de Javier Milei, se burló. Nicolás Márquez compartió una foto de los legisladores Vanina Biasi y Gabriel Solano, en la que sostienen un cartel que alertaba: “Discapacidad en emergencia ya”, y los tildó a ambos de “discapacitados intelectuales”.
Fue el mismo que atacó a los homosexuales y a la comunidad LGTB+, y el mismo discriminador que le lanzó al ex senador Esteban Bullrich que “se te conoce no por tu capacidad sino por tu enfermedad”.
Tal vez, este, que se pasea por las redes con comentarios ácidos sobre las minorías, disfruta del maltrato con su labia violenta. Quizá, Márquez “no la vio”. Muletilla ésta del Gobierno que hoy le cae como denuncia a sus dichos opacos que rebalsan desprecio y odio. Y, «¡afueera!», otra cantinela política que lo debería sancionar.
