La migración, en el país de Alberdi

Luego de los anuncios efectuados el pasado diciembre y reiterados semanas atrás, el gobierno nacional avanzó finalmente con la sanción del Decreto 366 que modifica la Ley de Migraciones promulgada en 2003.

Entre 2017 y 2022 la norma fue interdictada por el Decreto 70 del presidente Macri, lo que motivó la reacción de organismos internacionales y de la sociedad civil. Declarado inconstitucional por la Cámara Contencioso Administrativa Federal, el presidente Alberto Fernández firmó el Decreto 138/21 que derogó el 70 y restableció el texto original hasta la publicación del 366 en el Boletín Oficial días atrás.

Se trata de un instrumento mucho más pulido y elaborado, en esta ocasión, por un equipo técnico más apto que aquél que redactó el malogrado 70/17. Sin embargo, la opción de avanzar, una vez más, mediante el instituto del DNU pone en riesgo su sobrevida y abre las puertas a un proceso de testeo de constitucionalidad en sede judicial frente a la esperable catarata de impugnaciones que, es de esperar, se avecinan en lo inmediato.

Entre las modificaciones incorporadas se destacan el arancelamiento a estudiantes extranjeros, el fin de la gratuidad del acceso a la salud, un mayor detalle en la redacción de supuestos impedientes de ingreso y permanencia de personas extranjeras al país y la búsqueda de celeridad en los procesos de expulsión de migrantes en conflicto con la ley penal. También la incorporación de mayores requisitos para la obtención de residencias y ciudadanías y modificaciones en el circuito de medidas recursivas, entre otras.

La relevancia que en el discurso político de Occidente adquirió la agenda migratoria hace que las políticas vinculadas a estos temas representen las prioridades programáticas de propuestas de campañas y gobiernos. Estas agendas resultan urgentes en países que, ciertamente, ejercen influencia en nuestra discusión pública y sus formadores de opinión. Así, los desafíos vinculados a la migración en los Estados Unidos y Europa se asimilan como propios cuando la realidad local no encuentra un calce coincidente.

Más del 90% de la inmigración en Argentina procede de Suramérica; una población mayoritariamente de habla hispana, con una religión común, de familias y jóvenes en edad laboral que, en algunos casos, también vienen a estudiar a las universidades en lo que constituye uno de los más importantes activos de poder blando argentino proyectado hacia toda la región. Una realidad que nada tiene que ver con la que se observan en canales y portales de noticias internacionales.

Las migraciones de las últimas décadas han presentado aspectos virtuosos. Pero no es menos cierto que las capacidades que traen en potencia los migrantes se aprovechan mejor cuando existen políticas públicas que acompañan y estimulan ese talento humano. Reducir la discusión sobre política migratoria a los puntos enunciados en el Decreto 366 anula la posibilidad de discutir otros aspectos mucho más importantes de una buena ley que, naturalmente, no está escrita en piedra.

Lamentablemente, la influencia del padre del liberalismo vernáculo no se derrama sobre la actual acción de gobierno. Quien se tiente de indagar sobre el compromiso de Juan Bautista Alberdi con la migración hacia la Argentina, encontrará en los archivos de la cancillería numerosas cartas manuscritas que como representante de la Confederación en Europa enviaba al presidente Urquiza para tenerlo al corriente de las naves que zarpaban con “colonos” con destino a las provincias de nuestro país. Hoy día, sobre todo en el Litoral, la descendencia de esos pioneros celebran a sus antepasados y se reivindican orgullosos descendientes de “colonos”.

Aquel apotegma que Alberdi sentencia en las Bases, luego de dedicar largas consideraciones al importante tema de la migración, sobre que “gobernar es poblar”, no debe ser interpretado como la decisión de enviar al desierto a miles de familias desahuciadas para que se arreglen como puedan. Gobernar es crear las condiciones para el poblamiento de la Argentina. Lo era a mediados del siglo XIX y lo sigue siendo a principios del siglo XXI.

Los colonos eran el elemento vital, humano, de un dispositivo mucho más amplio y complejo impulsado por el Estado en el que destacaban el ferrocarril, el correo, el juez de paz, luego la escuela pública con las maestras sarmientinas, las oficinas del registro civil; todo eso en derredor de la plaza, punto de encuentro y expansión de una comunidad que progresivamente adquirirá las formas identitarias de la Nación Argentina.

Evidentemente no existe hoy voluntad para abordar estos temas de manera creativa, más allá de los sesgos. Pero las realidades terminan imponiéndose forzosamente. En los próximos años habrá que volver sobre estos delicados asuntos con la seriedad que las actuales circunstancias parecieran no dejar lugar.w