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Con la llegada de junio, arrancó el plan del Gobierno para que los argentinos saquen los dólares que tienen “debajo del colchón” y los inyecten de nuevo en la economía. Con la modificación de ciertos regímenes de información, y la eliminación de otra media docena de regímenes, a partir de ahora se podrán gastar hasta $50 millones mensuales sin estar en el radar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Pero no de todos los fiscos provinciales.
El “Plan de reparación histórica del ahorro de los argentinos” causó revuelo entre algunos gobernadores. La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) fue la primera en cuestionar la iniciativa y remarcó que seguirá con las fiscalizaciones como de costumbre.
En tanto, la Ciudad de Buenos Aires considera que una ley del Congreso es necesaria para que el plan sea sostenible.
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El Gobierno no tardó en reaccionar. ARCA lanzó un convenio de intercambio de información para que se adhieran las provincias con el objetivo de garantizar las condiciones establecidas en el nuevo régimen simplificado de ganancias, y así preservar la información de los consumos personales y el incremento patrimonial de los consumidores en cada una de las 24 jurisdicciones. Aquellas que no se sumen, perderán el acceso a la información de facturación de personas o empresas, y a la relativa a los consumos que se den por encima del umbral de $50 millones.
Hasta el momento, se sumaron la mitad de las jurisdicciones. Catamarca fue la primera que manifestó formalmente la adhesión, para luego sumarse Tucumán, Chubut, Entre Ríos, Chaco, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y San Luis.
“El Gobierno continúa promoviendo la adhesión de más provincias para consolidar una red federal de cooperación tributaria que facilite la fiscalización sin duplicación de esfuerzos ni requerimientos excesivos. Sin duda, esta medida representa mucho más que una simple articulación técnica entre jurisdicciones: es una declaración de principios donde el ciudadano ya no sea un sospechoso por defecto, sino un actor libre, responsable y comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales», explicó Alejandra Sarni, socia de impuestos de BDO en Argentina.
Qué pasa con las provincias que no se adhieren
Las dudas están entre aquellos contribuyentes de provincias que no se adhirieron a la medida del Gobierno. Por el momento, esta lista incluye a Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Para Mariano Ghirardotti, socio del Estudio Contable Impositivo Ghirardotti & Ghirardotti, en estas jurisdicciones puede suceder que el fisco provincial detecte que se gastó o se depositó dinero que no tiene correlación en la facturación y exija el cobro de Ingresos Brutos sobre eso.
“En esas provincias, uno queda desprotegido por la exposición que haya hecho de algún consumo o la compra de un bien, un depósito, sin tener el respaldo que el dinero haya tributado Ingresos Brutos. Los fiscos provinciales tienen un régimen de percepción o retención bancaria, en el cual cada vez que depositás plata en los bancos, ellos se llevan una porción. A partir de eso, pueden saber perfectamente cuánto depositaste. Con las tarjetas de crédito puede pasar algo parecido. Además, cuando te facturan la compra de un bien, se perciben Ingresos Brutos por padrón, entonces saben que compraste ese bien. No van a saber absolutamente todo, pero saben mucho. Aunque no tengan acceso a la facturación, tienen otros medios para enterarse”, sumó.
Para Sarni, la implementación del Régimen Simplificado de Ganancias exige una base de datos “coherente y robusta”. Por eso, lejos de imponer controles invasivos, el nuevo modelo propuesto por ARCA “preserva la confianza y se apoya en acuerdos voluntarios” con las jurisdicciones locales, ofreciéndoles acceso a información estratégica a cambio de su adhesión voluntaria al nuevo régimen.
Justamente, el director de ARCA, Juan Pazo, se reunió la semana pasada con autoridades del fisco porteño y bonaerense para tratar de llegar a un acuerdo. Son dos de las jurisdicciones más importantes para que el plan oficialista tenga éxito.
“Este nuevo esquema representa una oportunidad para avanzar hacia un federalismo fiscal moderno, donde Nación y provincias trabajen en conjunto, sin duplicar controles, sin generar superposición normativa, y con el objetivo común de consolidar un sistema tributario más coordinado», cerró Sarni.
