//
El abogado de Ramón Amarilla, Ramón Grinhausz, sostuvo que la situación procesal del policía detenido no se ha modificado desde que fue dictada su prisión preventiva hace ocho meses. El letrado remarcó que están evaluando presentar un nuevo pedido de excarcelación ante la justicia provincial: “Estamos analizando con el equipo técnico hacer una nueva presentación esta semana para que pueda recuperar la libertad”.
Grinhausz explicó que la prisión preventiva está pensada como una medida excepcional y aclaró que, en este caso, “no hay ningún elemento incriminatorio con relación a Ramón Amarilla”. Según detalló, el expediente judicial se encuentra actualmente en el Superior Tribunal de Justicia, y el abogado espera que la decisión se resuelva “con sentido común jurídico y sentido común, porque hay que escuchar también lo que dicen las urnas”.
Consultado sobre si Amarilla podrá asumir como diputado, el abogado fue enfático: “Tiene que asumir. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esto ocurra. El pueblo eligió a este señor como su representante, estando detenido”. En este sentido, recordó que el ahora electo se presentó de manera voluntaria ante la policía y se puso a disposición de la justicia.
Al referirse a la legalidad del proceso judicial, Grinhausz sostuvo: “No hay posibilidad alguna de que entorpezca la investigación y menos de profugarse”. También señaló que la medida “ya se tendría que haber levantado inclusive de oficio, sin siquiera que la defensa lo solicite”.
El letrado precisó que la causa judicial se originó por una supuesta participación de Amarilla en un grupo de chat donde se hablaba de realizar manifestaciones violentas. Sin embargo, aseguró que en el expediente “no hay ninguna prueba de que haya participado. No habló, no escribió, no hizo nada”.
Finalmente, Grinhausz hizo una reflexión general sobre el proceso judicial en Misiones: “Dios quiera que a nadie le toque pasear por los tribunales, porque realmente es tenebroso. No es que uno va seguro a los tribunales y va a obtener las garantías necesarias para que se reconozca su derecho”.
