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Franco Lütens, sacerdote de la diócesis de Quilmes, fue detenido este lunes acusado de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido en el ejercicio de su rol como ministro de culto.
El arresto tuvo la orden del Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de Quilmes y fue confirmado por el Obispo de esa ciudad, Carlos José Tissera; la causa es instruida por la fiscal Bárbara Velazco.
La investigación judicial comenzó en junio de 2024, tras la denuncia presentada por tres catequistas que formaban parte de la comunidad parroquial Virgen María Madre del Pueblo. Los denunciantes acusaron a Lütens de abusos cometidos durante su labor pastoral en la mencionada parroquia. Tras la presentación, y una vez constatado el inicio formal de la causa penal, el Obispado resolvió apartarlo preventivamente de todas sus funciones eclesiásticas.
Según informó la Diócesis, en ese mismo momento el sacerdote fue trasladado a un domicilio cuyo paradero fue notificado a la Justicia. En ese lugar, el lunes se concretó el allanamiento ordenado por el juez de garantías Diego Agüero, que culminó con la detención del acusado. El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de Berazategui, dependiente de la DDI Quilmes.
Durante su trayectoria, Lütens ejerció funciones pastorales en varias parroquias de la zona sur del conurbano bonaerense y, en el momento de la denuncia, estaba a cargo de la parroquia Señora del Buen Ayre, ubicada en Berazategui.
El Obispado comunicó su apartamiento público apenas tomó conocimiento del caso, y difundió un comunicado institucional en el que expresó su posición ante los hechos. Allí, el Obispo Tissera lamentó profundamente el sufrimiento de las personas afectadas y puso a disposición de ellas y sus familias al Equipo Diocesano para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables, un cuerpo especializado creado para brindar contención en situaciones de esta índole.
Tanto Tissera como el Obispo Auxiliar de Quilmes, Eduardo Redondo, reiteraron en ese comunicado su compromiso con la protección de niños, niñas, adolescentes y adultos en situación de vulnerabilidad. Además, subrayaron su voluntad de colaborar activamente con la Justicia en todo lo que sea necesario para el esclarecimiento del caso. La Iglesia local señaló que actuó en consonancia con los protocolos canónicos establecidos para casos de esta gravedad, y remarcó que el domicilio donde residía el sacerdote fue siempre de conocimiento de las autoridades judiciales.
La figura penal que se le imputa contempla agravantes específicos por su rol como ministro religioso. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre posibles nuevas presentaciones, aunque la instrucción judicial permanece en curso y abierta a eventuales medidas complementarias.
