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La vicepresidenta Victoria Villarruel firmó un decreto que habilita a los senadores que lo manifiesten por escrito a rechazar los aumentos de dietas que vienen recibiendo los miembros de la Cámara alta cada vez que los empleados legislativos cierran una paritaria y consiguen incrementos en sus sueldos. A partir de esta negociación de la Asociación del Personal Legislativo (APL), los senadores incrementaron la semana pasada su sueldo a $9.500.000.
La medida está incluida en el decreto de presidencia 344/25 en el que Villarruel otorga, en cumplimiento de los acordado por los presidentes de ambas cámaras con los gremios, un aumento del 1,3% en los salarios de abril y un bono de $ 100.000 para los trabajadores de la Cámara alta.
En su tercer artículo la norma invita a los senadores “a ejercer la opción de adecuar o no, total o parcialmente, sus respectivas dietas, informándolo por nota a Presidencia, en mérito a las facultades que le son propias”.
De esta manera, la vicepresidenta busca saldar la puja que se genera cada vez que los trabajadores legislativos reciben un aumento salarial entre aquellos senadores que consideran lógico el incremento de sus dietas y los que, para evitar la condena social y mediática, se quejan en público por el aumento y amenazan con renunciar a percibir la mejora, algo que hasta ahora no podían hacer.
El conflicto nació en abril del año pasado, cuando un grupo de senadores impulsó una reforma que ató los ingresos de los legisladores a los de los empleados del Congreso, al fijar en módulos, y ya no en una cifra expresada en pesos. el monto que perciben en concepto de dieta, gastos de representación y desarraigo.
En aquel momento, fijaron sus ingresos en 4000 módulos, cantidad que tras la última paritaria salarial del Poder Legislativo elevó a 9,5 millones de pesos el bruto que perciben los legisladores, una mejora de $ 300.000 con relación a lo que venían percibiendo hasta el mes pasado.
Así como Villarruel no puede disponer la suspensión de los aumentos, ya que la reforma había sido votada en el recinto por los senadores; por el concepto de enganche con los salarios legislativos la vicepresidenta tampoco podía aceptar los pedidos de los legisladores que quisieran rechazar esos aumentos.
A partir de esta medida, los senadores quedan librados a su libre albedrío para disponer si aceptan el aumento de sus ingresos cada vez que las autoridades de ambas cámaras legislativas cierren una paritaria con los tres gremios (APL, UPCN y ATE) que tienen representación en el Congreso.
Hasta el momento no hay información oficial, pero serían al menos tres los senadores que ya se habrían acogido a la oferta de la presidencia del Senado. Ellos serían Luis Juez (Pro-Córdoba) y los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
El aumento votado en abril pasado les valió a los senadores una dura reprimenda del presidente Javier Milei, que los acusó de ser parte de “la casta” y los criticó por incrementarse sus ingresos en medio del ajuste fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo. Eran los tiempos del “no hay plata”.
A la siguiente paritaria, apenas un mes después, y al quedar otra vez en el foco de la tormenta por percibir un nuevo aumento, los senadores votaron congelarse sus dietas hasta diciembre.
La medida fue prorrogada en diciembre hasta marzo de este año, pero no por los legisladores sino por Villarruel, ante el cierre del período de sesiones ordinarias y la imposibilidad de que la medida pudiera ser tomada en el recinto por los senadores.
En marzo y con el congelamiento ya vencido, pero con tiempo antes de liquidar las dietas de ese mes, la vicepresidenta planteó la posibilidad de mantener congeladas las dietas, pero su propuesta fue rechazada en una reunión de jefes de bloques, Por esa razón, a partir de abril sus dietas se incrementaron de los 7 a los 9 millones de pesos brutos.
Dos meses después y tras una nueva paritaria salarial de los legislativos, que otorgó un aumento de 3,9% acumulado para los meses de marzo, abril y mayo, las dietas volvieron a mejorar hasta alcanzar los 9,5 millones de pesos brutos.
