Los juicios heredados, otro tapón para la llegada de inversiones

Por la cabeza del Gobierno no pasa solo bajar la inflación, mantener el superávit y acumular reservas. Una meta menos difundida, pero necesaria para sostener el plan, está atada a la llegada de inversiones. Pero las decisiones empresariales suelen necesitar ciertas garantías que no van de la mano con las urgencias.

Un tema recurrente en el mundo de los negocios cuando se trata de la Argentina está vinculado a los juicios que tiene el país a nivel internacional, que traban, según la opinión de abogados, empresarios y analistas, más de una inversión.

El ex jefe de Gabinete de Javier Milei, Nicolás Posse, dijo en 2024 en el Senado que la Argentina enfrentaba más de 264.000 juicios y que solo el 20% tenía un monto determinado. Ese porcentaje sumaba US$ 12.554 millones.

En esa cifra se suman los reclamos que se tramitan ante el Centro Internacional de Arreglos de Disputa en materia de Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial.

Las demandas contra el país van desde reclamos por caída de concesiones, negligencia administrativa, la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y también las expropiaciones.

Sin embargo, el juicio que más desvela al Gobierno es el de YPF.

Por la reestatización de la petrolera, la Argentina enfrenta un juicio de US$ 16.000 millones. Y tiene un agregado no menor: se le suman US$ 2 millones diarios de intereses.

No se está discutiendo si la Argentina tenía derecho a expropiar o no la compañía, ni un tema de soberanía, sino que se litiga por el incumplimiento de realizar la Oferta Pública de Adquisición que indica el estatuto de YPF; omisión que perjudicó derechos de acreedores que compraron las acciones en Nueva York -donde cotiza YPF- y que por lo tanto da lugar a que el litigio se produzca en Nueva York. De hecho, este litigio surge del incumplimiento de una promesa realizada por el gobierno de Carlos Saúl Menem en 1993, cuando acudió a Wall Street para privatizar la empresa, recaudando US$ 1.100 millones bajo las leyes y regulaciones del mercado de capitales de Estados Unidos.

En la historia que lleva a la reestatización de YPF aparecen muchos actores. Uno clave es el Grupo Petersen que adquirió antes 25% de YPF con fondos prestados por la propia Repsol (la dueña hasta ese entonces de YPF); y un grupo de bancos internacionales entre los que se destacaron Credit Suisse, Goldman Sachs y el Citibank.

Con Petersen accionista, el Gobierno de Cristina Kirchner decide la expropiación de YPF.

La Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, aprobada en mayo de 2012, le permitió al Gobierno expropiar 51% de las acciones de YPF a Repsol.

Cuando Petersen adquirió las acciones se comprometió a pagar con dividendos de sus acciones en la petrolera. Pero cuando se nacionalizó YPF, la empresa prohibió los dividendos, lo que llevó a Petersen a la quiebra al no poder pagar a los bancos.

El juicio

El litigio más grande que tiene la Argentina comienza en 2015. Y es acá cuando otro actor importante hasta hoy comienza a jugar. Burford Capital.

La quiebra de las empresas del Grupo Petersen recayó en el Juzgado de lo Mercantil N°3 de Madrid, que nombró un síndico y subastó el derecho a litigar.

En la subasta pública, Burford Capital, una compañía que se dedica a comprar juicios para luego financiar los litigios, es elegida por el síndico porque Petersen carece de los recursos, el capital, y la experiencia necesarios para llevar adelante un pleito caro, complejo y largo. Burford también financia el pleito de Eton Park (una empresa de inversiones de Nueva York). Petersen y Eton Park eran el segundo y tercer mayor inversor en YPF, respectivamente.

Burford ganó la subasta y fue designado por el Tribunal español para gestionar y financiar el litigio. Pero Burford no compró las demandas y no es propietario de las mismas.

Sentencia de Loretta Preska

Tras ocho años de litigio, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York concede un juicio sumario sobre la responsabilidad contra Argentina, reconociendo que es esencial que las partes cumplan sus promesas contractuales, especialmente cuando se trata de gobiernos extranjeros y mercados internacionales de capitales.

En septiembre, la jueza Loretta Preska dicta sentencia final contra Argentina por unos US$ 16.000 millones de dólares (US$ 14.300 millones para Petersen y US$ 1.700 millones para Eton Park).

Con el juicio de YPF sobre sus espaldas, el Gobierno entra en un callejón difícil de salir. Hay algo que está claro, la Argentina no tiene el dinero para pagar. Burford Capital, que prefirió no hablar sobre el caso YPF, lo sabe. Solo para tener un parámetro, no alcanza para hacer frente a semejante deuda ni con todo el dinero del último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La Argentina sí puede negociar y hacer un acuerdo de pago. Ese acuerdo tiene que estar firmado por los funcionarios correspondientes. La pregunta es si esos funcionarios, llegado el caso, van a estampar sus firmas o si prefieren sacarse el caso de encima y seguir dilatando la historia para no generarse ningún compromiso personal.

Los analistas aseguran que si la Argentina no comienza a cerrar sus juicios, muchas de las inversiones que el país necesita se van a postergar.