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Texas dio un paso decisivo hacia una revolución en la investigación de tratamientos para trastornos de salud mental y adicciones. En específico, la legislatura aprobó el proyecto de ley SB 2308, al que solo le falta la firma del gobernador Greg Abbott para concretar una inversión pública de hasta 50 millones de dólares destinada al estudio de la ibogaína, un alcaloide derivado de un arbusto africano que también se consigue en México.
Un consorcio con respaldo estatal y enfoque médico
El proyecto SB 2308 propuso la creación de un consorcio que agrupe a entidades clave del ecosistema científico y sanitario. Esta trabajará en el desarrollo clínico de la ibogaína y buscará su aprobación federal para su uso médico controlado. El objetivo de la regla es permitir ensayos que conduzcan a su aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).
Este consorcio deberá estar conformado por:
- Al menos una empresa farmacéutica, biotecnológica o de desarrollo y fabricación de medicamentos.
- Una institución de educación superior de Texas.
- Un hospital debidamente registrado y reconocido por la legislación estatal.
La ley establece que una de estas instituciones educativas asumirá el rol de líder del consorcio y se encargará de coordinar las actividades administrativas, presentar informes ante la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC, por sus siglas en inglés), y contratar el personal clínico, técnico y administrativo necesario.
Ensayos clínicos con ibogaína en Texas para múltiples trastornos
La investigación con ibogaína no se enfocará únicamente en la adicción a los opioides, sino que también buscará evaluar su eficacia en otras condiciones de salud mental y neurológica. De acuerdo con el texto aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes de Texas el 2 de junio de 2025, los estudios incluirán:
- Trastornos por consumo simultáneo de múltiples sustancias.
- Cualquier condición mental o neurológica donde la ibogaína demuestre tener beneficios clínicos.
La HHSC tendrá la responsabilidad de elegir qué consorcio recibirá los fondos estatales, a partir de un proceso de presentación de propuestas que deben cumplir una serie de requisitos técnicos, administrativos y éticos.
Requisitos para acceder al financiamiento para ensayos clínicos con ibogaína
Las instituciones que integren el consorcio deberán presentar un plan de trabajo detallado para obtener el respaldo de la FDA y realizar ensayos clínicos según sus normas. El plan deberá incluir:
- Identificación de todos los integrantes del consorcio.
- Estrategia específica para solicitar a la FDA la autorización para los ensayos con un protocolo de nuevo fármaco en investigación (IND, por sus siglas en inglés).
- Diseño del ensayo clínico, que abarque reclutamiento de participantes, criterios de inclusión, protocolos de seguridad cardíaca, pautas de administración y planes de apoyo postratamiento.
- Propuesta para que la FDA otorgue la categoría de “terapia innovadora” a la ibogaína, lo que podría acelerar su aprobación.
Además, el proyecto de ley contempla una protección y aprovechamiento del interés económico del estado de Texas en el desarrollo de esta terapia. Esto incluye los derechos sobre:
- El tratamiento desarrollado y sus protocolos.
- Modelos de atención y técnicas clínicas.
- Tecnología utilizada durante los ensayos.
Cómo impacta en Texas la inversión para investigar la ibogaína
El proyecto no solo plantea un avance médico, sino también una estrategia de desarrollo económico en el estado. Las instituciones seleccionadas deberán establecer presencia empresarial dentro de Texas y comprometerse a fomentar el desarrollo, manufactura y distribución de terapias basadas en ibogaína desde territorio texano.
El texto legal exige también:
- Un plan para lograr que los seguros médicos privados, así como programas como Medicare, Medicaid y TRICARE, cubran los costos del tratamiento tras su eventual aprobación.
- Una estrategia para asegurar el acceso al tratamiento a personas sin cobertura médica.
- Un programa de formación y acreditación para profesionales médicos que administren la terapia.
Uno de los requisitos fundamentales es que el consorcio demuestre su capacidad financiera para igualar los fondos estatales con capital proveniente de fuentes no gubernamentales. Sin esa garantía, el estado no podrá desembolsar el dinero correspondiente.
Un contrato con objetivos y beneficios para Texas
En caso de que el gobernador Abbott firme la ley, la HHSC celebrará un contrato interinstitucional con la institución educativa que lidere el consorcio. Este acuerdo deberá incluir:
- Los objetivos y metas específicas de los ensayos clínicos.
- Un cronograma para su cumplimiento.
- Un presupuesto detallado.
- Las entidades privadas o públicas que colaboren en el proyecto.
- El porcentaje de las ganancias generadas por la terapia que será devuelto al estado.
La ley exige que la HHSC notifique a la Legislatura una vez que se haya firmado el contrato. Solo cuando se verifique que el consorcio recibió la totalidad de los fondos privados que igualan la inversión pública, podrá comenzar la distribución del dinero estatal.
Qué es la ibogaína: la oportunidad de Texas ante una molécula milenaria
La ibogaína fue utilizada durante siglos en ceremonias tradicionales en África Central y cobró notoriedad internacional por su aparente capacidad para interrumpir patrones adictivos. Su uso terapéutico fue investigado en países como México, donde clínicas privadas ofrecen tratamientos alternativos con esta sustancia.
Con la SB 2308, Texas se posiciona como pionero en el estudio regulado y clínicamente supervisado de este compuesto. La legislación no solo busca explorar su potencial para salvar vidas, sino también consolidar un ecosistema biotecnológico competitivo dentro del estado.
Según se informó en el sitio oficial de la Legislatura de Texas, la ley fue enviada al despacho del gobernador el 3 de junio de 2025. Si Greg Abbott estampa su firma, el proyecto podría convertirse en uno de los más ambiciosos en la historia del tratamiento de las adicciones en Estados Unidos.
