La llamativa falta de debate sobre las reformas estructurales

Existe un extendido consenso sobre el avance que ha significado para la Argentina el hecho de que el Plan de Gobierno esté logrando un “desplome” de la inflación. La normalización de la macroeconomía argentina es una condición absolutamente necesaria para construir una economía capitalista exitosa.

El mismo consenso reconoce que, para lograrlo, hará falta también avanzar en al menos tres reformas estructurales: la previsional, la tributaria y la laboral. Los avances que el Gobierno ha intentado hacer en cada una de ellas han sido, en buena medida, paralizados por la Justicia, cuando no por un Congreso en el que su primera minoría, el peronismo, ha comunicado su decisión de impedir cualquier reforma que impulse este Gobierno.

Tanto la actitud de la Justicia —con las trabas que ha impuesto— como la del peronismo, con su obstrucción permanente, no han sido especialmente cuestionadas por los actores relevantes de la sociedad civil. Poco se han sentido aludidos.

Lo llamativo de esta situación es el silencio, la falta de iniciativa y protagonismo de la comunidad empresarial, académica y política. Es como si la sociedad civil hubiera decidido que la tarea de cambiar buena parte de las reglas de funcionamiento de la sociedad fuera exclusivamente responsabilidad del Gobierno de turno. Aún con plena conciencia de la importancia del asunto, no participa. Que discuta el Gobierno; el resto mira para otro lado.

Los empresarios no sostienen “think tanks” con personal técnico especializado que pueda aportar propuestas innovadoras al debate público o discutirlas con los sectores involucrados. Tampoco la comunidad académica —en su enorme mayoría financiada con recursos públicos— ha hecho aportes significativos a la discusión.

Son muy escasas y preliminares las propuestas y los debates provenientes de los miles de científicos sociales financiados desde hace años por el Conicet o por las universidades públicas en estas materias, a pesar de que todos reconocen su importancia.

Así lo indican en sesudos diagnósticos donde señalan la “necesidad de avanzar en las reformas estructurales”. Pero cómo y de qué forma llevarlas adelante, eso parece ser un asunto que debe pensar exclusivamente el Gobierno. Nadie se “moja los pies” ni corre el riesgo de hacer aportes concretos en temas tan complejos como los que aquí se mencionan.

En estas cuestiones, el Gobierno hace lo que está a su alcance para avanzar en cambios parciales, que por lo general son rápidamente neutralizados por la Justicia o por el Poder Legislativo, sin que se escuchen voces relevantes del resto de la sociedad. Cuando la oposición trata de utilizar la “legitimidad” de estos temas para presionar al Gobierno y romper las bases del equilibrio fiscal, el veto presidencial termina siendo el único recurso disponible.

El Gobierno apuesta a fortalecer su número en el Poder Legislativo en las próximas elecciones, sumando diputados y senadores. No tiene otras alternativas a su disposición. La calidad profesional-administrativa de los cuadros técnicos que heredó este gobierno es muy baja. Mucho del personal calificado que supo tener el Estado Nacional se retiró en los últimos veinte años, a medida que se llenaba de militantes carentes de profesionalismo.

El gobierno de Cambiemos intentó revertir esa situación y acercó y formó planteles técnicos muy capaces y comprometidos en varias áreas relevantes del Estado Nacional. Todos ellos fueron desplazados el 10 de diciembre de 2019, cuando el kirchnerismo volvió al poder. El gobierno de Milei pudo recurrir a parte de esos equipos en los ministerios de Economía, Seguridad y Desregulación Económica, y los incorporó a la gestión.

Las reformas estructurales que necesita la Argentina para consolidar un proceso de crecimiento del empleo y la inversión, que permita sacar de la pobreza a las próximas generaciones, no pueden seguir esperando.

Es necesario que la sociedad civil asuma su responsabilidad y haga aportes significativos: en las reformas necesarias, en la forma de llevarlas adelante y en los tiempos adecuados. Se trata de construir propuestas, promover el debate y discutir su implementación en el marco de un programa económico que —más allá de sus dificultades— muestra signos concretos de éxito.

Eduardo Jacobs es analista político y magíster en filosofía de la economía