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“Dejar de cumplir el rol de policías y transformarse en detectives”. Con esa frase, calificados funcionarios del Gobierno resumieron a LA NACION los alcances de la reestructuración integral de la Policía Federal Argentina (PFA) publicada hoy en el Boletín Oficial.
“Se inicia hoy, es un proceso de transformación que no va a ser inmediato, pero sí paulatino. Se trata de establecer una nueva agencia federal de investigaciones. La Policía Federal Argentina se va a transformar en eso, una agencia de investigaciones federales, de investigaciones complejas, de investigaciones contra el crimen organizado”, detallaron aquellos funcionarios respecto de los cambios que establece el Decreto 383/2025.
Según las fuentes consultadas, la PFA como la conocemos en la actualidad, irá perdiendo paulatinamente las funciones de policía común, de seguridad. “Sí van a continuar las fuerzas especiales, como bomberos, buzos tácticos o pilotos, que van a colaborar en la tarea investigativa y en la custodia de objetivos estratégicos, como pueden ser la zona exterior de los aeropuertos o en la zona exterior de las centrales atómicas, que en la actualidad están a cargo de la Gendarmería”, ejemplificaron.
“En los objetivos estratégicos argentinos obviamente que la Policía Federal va a seguir estando. Pero, fundamentalmente, va a ser una fuerza de investigadores, detectives altamente capacitados. La idea es que trabajen con la Justicia federal de todo el país. Será una Policía moderna y orientada a la investigación, porque el crimen organizado exige contar con una policía especializada, profesional y equipada”, sumaron las fuentes consultadas.
Los ejes principales
Según pudo saber LA NACION, el corazón de la Policía Federal que se viene será el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que se incorpora al organigrama de la fuerza y reperfila la nueva misión y estructura que se le pretende dar a la institución.
Se parte de un “rediseño integran de la ley orgánica, funciones y estructura operativa” de la Policía Federal, con el objetivo de convertirla en una “fuerza líder en la investigación de delitos federales y la persecución de organizaciones criminales complejas”, explicaron fuentes del Gobierno.
El DFI tendrá un perfil que estará “en línea con los estándares del FBI norteamericano y de las principales fuerzas internacionales”, enfocado en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
Esto supone un cambio en la formación de oficiales, con una profesionalización total y orientación en investigaciones, y ya no en tareas preventivas de policía urbana, labores que la Policía Federal prestaba en la Capital Federal antes de la creación de la Policía Metropolitana, antecesora de la Policía de la Ciudad, encargada de la seguridad en el territorio porteño.
Los cambios, según explicaron fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad Interior, vienen de la mano de la autonomía porteña. “Por la Constitución Nacional de 1994 y la creación de las policías, primero Metropolitana y ahora la de Ciudad, la Federal ya no tiene esas funciones que originalmente tuvo al momento de su formación”.
Para llevar tranquilidad a los integrantes de la fuerza que hoy cumplen misiones de “policía”, las fuentes explicaron que los cambios “serán paulatinos” y “van a empezar desde la formación misma de la Escuela de Cadetes”.
El nuevo Departamento Federal de Investigaciones incentivará el ingreso de universitarios graduados al escalafón Seguridad y la recapacitación especializada para el personal que sea asignado al área de investigaciones para llevarla a los estándares internacionales.
Esto, dijeron las fuentes consultadas por LA NACION, irá de la mano de una modernización tecnológica, lo que implicará un plan de inversión en tecnología de punta aplicada a la investigación criminal, la incorporación de inteligencia artificial, bases de datos, tecnología forense avanzada y análisis criminal aplicado a las grandes organizaciones criminales.
El DFI tendrá alcance federal. Las reformas operativas y los nuevos procesos de investigación serán descentralizados, con agencias regionales con capacidad de respuesta rápida y despliegue territorial a disposición de los juzgados federales de todo el país.
La investigación en las redes
El Decreto incluye un anexo de 11 páginas con la nueva redacción del Estatuto de la PFA, en el que se marcan los puntos concretos de esta resolución; entre ellos, la normativa de patrullajes en redes abiertas, ciberpatrullajes, a partir de la certeza de que las investigaciones actuales requieren prestar atención a las redes tanto para detectar situaciones delictivas como para perfilación de sospechosos.
Rápidamente aparecieron voces críticas sobre este punto. Los detractores indicaron que se corre el riesgo de que se recolecte información a partir de opiniones y que esto pudiera derivar en calificar como delitos las opiniones, cuya libertad está constitucionalmente garantizada a menos que representen específicamente un delito previamente tipificado en el Código Penal.
Respecto de esta polémica, fuentes del Gobierno explicaron que en uno de los primeros puntos del anexo se señala taxativamente que toda la actividad investigativa –en este caso, la referida a lo que se conoce como ciberpatrullaje– deberá realizarse dentro de los límites y parámetros establecidos por la Ley de Inteligencia, que prohíbe hacer recolección de todo tipo de información sobre actividades de los ciudadanos en materias sociales, políticas y económicas, siempre y cuando no tengan que ver con un delito.
El artículo 6°, inciso 11, del Estatuto, establece que la PFA podrá “realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas”.
Esta facultad permite a la fuerza actuar de manera proactiva en entornos virtuales donde se gestan o manifiestan delitos como el grooming, la trata de personas o el narcotráfico, sin necesidad de intervención judicial previa, siempre que se trate de espacios accesibles al público.
No obstante, el mismo artículo impone límites claros para proteger los derechos fundamentales. Las tareas digitales deberán realizarse “conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente” y deberán respetar “la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad de las personas”.
De este modo, el nuevo marco normativo busca equilibrar la eficacia en la prevención del delito con el resguardo de las garantías constitucionales.
Más allá de eso, habilita el trabajo previo en las redes en busca de diversas clases de temas de interés para el trabajo policial de acuerdo con las pautas fijadas por el Ministerio. Esto comprende, por ejemplo, la compraventa de armas y municiones por fuera de los canales legales habilitados, la comercialización de objetos robados o falsificados, o compraventas engañosas que pudieran resultar una estafa o una trampa para la comisión de un delito posterior, como un robo. Ahí hay muchos patrones de conducta que se van repitiendo y esto habilita a fijarse, evaluar, llevar un registro, ver quiénes son las personas involucradas en esa clase de actividades ilícitas, explicaron expertos a LA NACION.
