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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia rechazó un recurso extraordinario federal presentado por la defensa del hijo de una funcionaria del Iprodha acusado de abuso sexual en perjuicio de su hija y confirmó la anulación de la sentencia absolutoria dictada a su favor a fines de 2022, ante lo cual no queda más opción que realizar un nuevo juicio oral.

Con esta presentación, la defensa del imputado J. R. G. (34), cuyos datos filiatorios completos se preservan para no identificar a la víctima, pretendía recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que analice las actuaciones del caso, pero el máximo órgano judicial de la provincia consideró inadmisible la cuestión y por ende denegó el recurso, lo que en consecuencia dejó firme la resolución anterior sobre la anulación del fallo absolutorio.

De esta manera, ahora el expediente deberá regresar al Tribunal Penal Uno de Posadas para que con magistrados diferentes se realice un nuevo debate oral contra el imputado.

El acusado enfrenta cargos por “abuso sexual sin acceso carnal, agravado por configurar un sometimiento gravemente ultrajante, calificado por el vínculo, varios hechos en concurso real” en perjuicio de su hija, que al momento de los hechos tenía 5 años de edad.

La denuncia se radicó en 2013 y el caso llegó a instancia de juicio oral casi diez años después, proceso en el cual intervinieron María Laura Álvarez como fiscal, el abogado Hugo Zapana como querellante particular y los letrados Eduardo Paredes, María Laura Alvarenga y Fausto Mauricio Vergara como equipo técnico defensivo.

El juicio se celebró ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, integrado para la ocasión con los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo (hoy jubilado) y Juan Manuel Monte (subrogante).

Tras varios días de audiencia, la fiscal y la querella solicitaron penas de 15 y 16 años de prisión para el acusado, aunque finalmente el tribunal resolvió absolver al imputado aplicando el beneficio de la duda.

Sin embargo, tras una casación trabada por las partes acusatorias, el STJ anuló la sentencia al considerar que la exclusión como prueba del aporte de una profesional que participó de la segunda Cámara Gesell realizada a la denunciante revestía “un vicio que afecta la validez de la sentencia” y, en contrapartida, esgrimió que los fundamentos de la defensa carecían sustento probatorio, entre otros planteos.

En consecuencia, en su resolución de agosto de 2024, el STJ resolvió declarar nula la sentencia y ordenar un nuevo juicio, pero en el medio atendieron el recurso extraordinario federal de la defensa, el cual ahora contestaron en forma negativa.