Caem, la cámara que nuclea a las editoriales musicales de la Argentina, realizó el martes 17 de junio una puesta al día sobre la realidad del sector, desde que comenzó a sufrir modificaciones por varios decretos del Gobierno Nacional que se publicaron desde mediados del último año y afectan directamente a la actividad de gestión de derechos autorales.

Las normativas en cuestión son decretos 765, de agosto de 2024, y 138, 143 y 150 de este año. El último es del 5 de marzo pasado y apunta a una gran adecuación del sector a nuevas reglas de juego.

En el primer tramo de la exposición, en representación de Caem, el abogado Gabriel Masper detalló los alcances de cada decreto, que van desde la exención a hoteles de pagos de cánones por hacer difusión musical hasta una apertura en la gestión de derechos autorales, como la tramitación individual para el cobro por la difusión de obras o la coexistencia de varias entidades de recaudación (desde 1968, por la ley 17648 y su reglamentación, del año siguiente, la única habilidad para percibir dinero por derechos de autores y compositores de música es Sadaic). “Si para algunos existe la fantasía de ver aquí un negocio para hacer plata con la gestión de derechos, esto [legalmente] no va a poder suceder”, explicó el gerente de Caem.

En la segunda parte, Guillermo Ocampo, director general de Sadaic, se refirió a las incompatibilidades de los decretos en el marco de la legislación actual del sector y detalló sobre los temas en los que la entidad se había presentado en los tribunales con el pedido de cautelares. “Nosotros, como gestión colectiva, para el gobierno vendríamos a ser la casta”, dijo, sin vueltas, para empezar. Y terminó haciendo una especie de ejercicio de autocrítica: “Todo esto nos hizo despertar, quizás dormimos en los laureles”.

“Disfavor”

“El poder ejecutivo nacional mira con disfavor a todas estas organizaciones -aseguró Ocampo-. Este es el primer dato. Lo ha dicho públicamente el Presidente de la Nación, durante una comida de la UAI. Entre las grandes medidas que se tomaron, una era terminar con ‘el curro de Sadaic’. Esto demuestra ese claro disfavor como miran a estas organizaciones. Y hubo más declaraciones, de ministros, que demostraron la percepción negativa que el gobierno tiene de las organizaciones de gestión colectiva. Hay cosas que seguramente deberíamos mejorar. Yo estoy hace muchos años en Sadaic y quizás por ese motivo veo las cosas desde una óptica muy local. Quizás allá algunas que no esté bien. Pero, en definitiva, la política puesta en práctica lo único que hará es perjudicar los derechos de autores y compositores y beneficiar a los que usan esos contenidos protegidos”.

Quizá sea un poco técnico todo el asunto pero en los grandes rasgos de la decisión política, el reclamo que se hace desde entidades como Sadaic es por el intento de un cambio de paradigma. Esta entidad tiene en la Argentina la exclusividad de la gestión del derecho autoral de música porque una ley así lo indica. Es decir que la forma de gestión actual es por representación legal y, según la exposición de Ocampo, la nueva reglamentación apunta a contratos de mandato. Desde esta óptica, el éxito de una gestión de derecho intelectual no reside en una diversidad de actores dedicados a este fin sino en uno que agrupe a todo su sector. “La fortaleza de la gestión residió en la representación legal y en la exclusividad. Sin esas herramientas poderosas no habría prosperado”.

También dijo que la entidad no está en contra de las auditorías, porque las tiene desde que Sadaic gestiona derechos por ley nacional. El problema que instala el decreto 150/2025 es la competencia de un nuevo organismo para la auditoría. Y para que sólo quede uno, el que establece el decreto, habrá que modificar (por ley), la ley que hace más de cincuenta años le dio a Sadaic la potestad de representación legal para gestionar el cobro de derechos de autores y compositores de música.

Sadaic tampoco objeta la regulación, porque “no está mal para actividades de posición monopólica”. Sí se opone al hecho de que haya límites tarifarios para las entidades de gestión y que no los haya para quienes deseen gestionar sus derechos intelectuales de manera individual.

Un sector movilizado

Aunque no haya acciones que ganen la calle, este encuentro se dio en el día previo a una nueva entrega de Premios Gardel a la Música y a menos de un mes de que Capif, la cámara que nuclea a los productores discográficos, ofreciera un informe donde señala la preocupación del sector.

“Es responsabilidad nuestra, como sociedad de gestión -decía Diego Zapico, presidente de Capif-, primero los derechos de los productores discográficos y, en última instancia, defender el valor de la música, en los usos alcanzados por esa protección. (…) En el informe se habla de la responsabilidad que tenemos frente a estos cambios regulatorios para seguir defendiendo los derechos de los productores discográficos”.