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Con el argumento de adecuar la estructura estatal a un nuevo paradigma productivo, el Gobierno oficializó la disolución de múltiples programas de promoción ganadera, incluyendo al régimen ovino, caprino y bubalino, entre otros, y derogó los marcos legales que impulsaban la producción ovina, caprina, bubalina, sericícola y la ganadería bovina en zonas áridas y semiáridas, que daban sustento a históricos regímenes de fomento ganadero y rural.
En detalle, derogó el Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas y su Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT); el Programa de Promoción y Producción del Gusano de Seda y el Registro Nacional de Sericicultura; el Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina y la Comisión Asesora Técnica (CAT) del Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina y; el Régimen de Promoción de la Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas, su Programa para el Fomento y Desarrollo de la Producción de Bubalus Bubalis o Búfalos de Agua y el Consejo Federal Bubalino.
“Es imperioso revisar funciones que pudieran resultar redundantes”, fundamentan en el decreto 408/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei.
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La medida se enmarca en el proceso de desregulación general del Estado dispuesto por el Decreto 70/2023, y busca —según expresa la normativa— “maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública” y “asegurar una asignación más racional, eficiente y focalizada de los recursos públicos”.
“Los mencionados regímenes fueron diseñados en un escenario productivo, institucional e histórico muy diferente al actual”, argumenta el decreto presidencial.
Entre los programas eliminados figura el emblemático Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas, creado por la Ley 25.422, cuya vigencia fue clave durante más de dos décadas para el desarrollo de la actividad en provincias patagónicas y del norte argentino. También se disolvió la Comisión Asesora Técnica (CAT) que lo respaldaba.
A este se suma el Programa de Promoción y Producción del Gusano de Seda, creado por la Ley 25.747, que incluía el fomento a la sericicultura, el cultivo de moreras, y la capacitación técnica para la industria de la seda. La norma también disponía la creación de un Registro Nacional de Sericicultura, que ahora también quedó sin efecto.
En el mismo sentido, se disolvió el Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina, previsto por la Ley 26.141, así como su respectiva CAT. Este marco legal apuntaba a modernizar la producción caprina y promover el arraigo rural.
Otro programa que perdió su estatus legal es el Régimen de Promoción de la Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas, contemplado en la Ley 27.066, que formaba parte del Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes. A través de él, se otorgaban aportes no reintegrables a proyectos provinciales y de instituciones rurales.
También se eliminó el Programa para el Fomento y Desarrollo de la Producción de Bubalus Bubalis o Búfalos de Agua, instituido por la Ley 27.076, junto con el Consejo Federal Bubalino, órgano asesor creado para articular políticas en la materia.
“Estos regímenes resultan un ejemplo característico de la actividad administrativa tradicionalmente denominada como de ‘fomento’ o de ‘ayudas públicas’”, señala el texto oficial. Sin embargo, aclara que su continuidad no se adecúa al nuevo paradigma de gestión estatal, enfocado en reducir costos y estructuras.
La normativa fundamenta su decisión en la Ley de Bases N° 27.742, recientemente sancionada, que delegó facultades al Poder Ejecutivo para intervenir en áreas administrativas con el fin de lograr una gestión pública más ágil y transparente. En particular, el artículo 2° de esa ley establece como prioridad “reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal” y “transparentar el gasto”.
“Deviene necesario avanzar con las disoluciones de las comisiones asesoras y programas comprendidos dentro del concepto de ‘competencias, funciones y responsabilidades’ de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía”, detalla el decreto.
En el Gobierno aseguraron que la medida no exime al Estado ni a los beneficiarios del cumplimiento de las obligaciones ya asumidas durante la vigencia de los programas derogados. Esto significa que quienes ya hayan recibido aportes o estén ejecutando proyectos aprobados, no verán afectado su curso.
En total, se derogaron las leyes 25.422, 25.747, 26.141, 27.066 y 27.076, lo que implica la eliminación formal de los programas asociados y sus estructuras administrativas. Para el Ejecutivo, este paso marca el fin de una etapa de promoción estatal activa en ciertas producciones rurales, y el inicio de otra centrada en “la libre iniciativa privada”.
“El Estado promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia”, recuerda en alusión al Decreto 70/2023.
En este contexto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó la derogación de leyes de promoción ganadera en un extenso hilo en su cuenta de X y defendió el Decreto 408/2025, firmado por el presidente Milei, que eliminó estas leyes de promoción agropecuaria para producciones ovinas, caprinas, de llamas, búfalos y zonas áridas. “Con el presidente Milei, estamos empeñados en desarmar ese sistema de destrucción recíproca y cambiarlo por otro con reglas simples e iguales para todos”, escribió Sturzenegger.
El ministro citó al economista Jorge Bustamante y su concepto de “sistema de obstaculización recíproca”, donde los sectores “creen progresar al prevalecer sobre el resto, sin percibir que se destruye el conjunto”.
El funcionario calificó de “supuestas promociones” a las leyes eliminadas por su escasa efectividad y bajo alcance. En el caso del programa ovino, señaló que tras 23 años de vigencia, el stock bajó de 13 a 12 millones de cabezas, y en 2023 solo alcanzó a 261 productores de un universo potencial de 130.000 posibles productores.
“El programa atendía al 0,2% del universo potencial de beneficiarios ¿Qué tipo de programa es ese? ¿Quiénes eran ese 0,2%? ¿Cuál era el costo de la estructura estatal necesaria para sostener un programa con ese puñado de beneficiarios?”
Sobre el programa caprino, indicó que apenas alcanzaba al 0,5% de los productores, y directamente “no se ejecutaba porque no tenía interesados”. En el caso del fomento a zonas áridas, la estructura se mantenía para distribuir menos de US$50.000 en 2023. Y el plan para el ganado bubalino, sancionado en 2015, “nunca fue implementado”, ni siquiera en los gobiernos de Mauricio Macri ni Alberto Fernández.
Luego, Sturzenegger repasó una larga lista de medidas implementadas por el Gobierno en el área agropecuaria, entre ellas la eliminación del cepo cambiario, la baja de retenciones a economías regionales y productos de la zona núcleo, la reducción de aranceles para fertilizantes y bienes de capital usados, la importación por equivalencia de vacunas veterinarias y aftosa (con proyección de reducción de precios del 50%), la apertura de la exportación de ganado en pie y eliminación del peso mínimo de faena, la eliminación de RUTA y LINTI, bajando costos logísticos.
Además, dijo que con el nuevo régimen de cabotaje fluvial podría reducirse un 40% el costo del transporte, sumado a avances en herramientas financieras como auto-warrants y pagaré mercancía, conectividad aérea para ciudades del interior como Venado Tuerto, Villa María, Olavarría y Tandil y reformas en yerba, vitivinicultura y desregulación de Senasa.
“Podríamos seguir varios párrafos más y ni hablar de la agenda que viene en entes vacunadores, bitrenes, ganadería, etc.”, cerró.
