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En medio de las protestas contra las reformas antiinmigrantes en Estados Unidos, en Carolina del Norte el gobernador Josh Stein vetó sus primeros proyectos de ley. La SB153 y el HB318, buscaban permitir que alguaciles locales colaboraran con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pero no fueron promulgados y volvieron al congreso estatal.
Qué significa el veto a la ley SB153 y HB318 para los migrantes en Carolina del Norte
Desde Francia, Josh Stein votó las leyes SB153 y HB318 que establecían que las autoridades locales y alguaciles deberían colaborar de manera más estrecha con agentes de ICE para detener y deportar a inmigrantes indocumentados en el estado.
En enero, cuando Stein asumió la gobernación, presentó sus objeciones sobre estas dos reformas que afectan a los migrantes ilegales, junto con la portación oculta de armas sin un permiso, señala AP.
Esas normas iban a exigir a cuatro agencias estatales de seguridad a cooperar con el Servicio de Inmigración de forma oficial en el programa 287(g). Este permite a los agentes de ICE interrogar a acusados de delitos graves y determinar su estatus migratorio.
Asimismo, los vetos establecen que los ciudadanos sin estatus migratorio legal no puedan acceder a ciertas prestaciones financiadas por el estado. Además, la prohibición de la HB318 ampliaría la lista de delitos por los cuales las cárceles de Carolina del Norte revisarían el estatus legal de los sospechosos e informar a la dependencia sobre un detenido lo más pronto posible.
Según Stein, la iniciativa es anticonstitucional, ya que obliga a los alguaciles locales a tener encerrados a los sospechosos hasta 48 horas más tras ser acusados por una presunta violación de inmigración.
Protestas contra la detención masiva de inmigrantes en Carolina del Norte
Días antes del anuncio sobre el veto a ambas leyes, organizaciones civiles, religiosas y ciudadanos protestaron contra los proyectos que tacharon de antiinmigrantes y perjudiciales para los derechos constitucionales, según Qué Pasa de Carolina del Norte.
Además, Josh Stein comentó que la iniciativa SB153 obligaría a desviar recursos estatales para forzar a agentes locales a cumplir funciones federales de inmigración, lo que también provocaría mayor inseguridad, ya que los alguaciles desatenderían sus obligaciones locales.
De igual manera, según AP, defensores latinos y opositores a las leyes anti inmigrantes, hicieron un llamado al gobernador de Carolina del Norte a vetar las leyes, al afirmar que las legislaciones intimidarían a los residentes hispanos y causaría temor a las fuerzas del orden.
Qué dice el proyecto de ley SB153 de Carolina del Norte
El proyecto de ley SB153, también conocida como North Carolina Border Protection Act, establece varias obligaciones para las fuerzas de seguridad estatales para cooperar con los agentes del ICE:
- Obliga a firmar acuerdos con ICE a entidades como la Patrulla de Carreteras, el Departamento de Seguridad Pública y universidades públicas, con el fin de que sus oficiales puedan actuar como agentes migratorios.
- Exige verificar el estatus migratorio de personas bajo custodia del estado.
- Prohíbe el acceso a beneficios públicos a inmigrantes en situación irregular, incluyendo programas como Medicaid, asistencia infantil y cupones de alimentos.
- Sanciona a gobiernos locales que adopten políticas conocidas como “santuarios”, que limitan la cooperación con agentes del ICE.
- Impide a las universidades públicas bloquear la colaboración con autoridades migratorias.
Mientras que la ley HB138 que busca reforzar la detención y colaboración con cárceles estatales con ICE, indica:
- Verificación obligatoria del estatus migratorio de cualquier persona detenida, sin importar si se trata de un delito mayor o menor.
- Posibilidad de retención adicional por 48 horas tras el cumplimiento de una sentencia o pago de fianza, para facilitar la entrega del sospechoso a ICE.
- Notificación obligatoria a ICE al menos dos horas antes de liberar a cualquier persona solicitada por la agencia.
- Protección legal a funcionarios locales, eximiéndolos de responsabilidad civil o penal por acatar estas órdenes.
Por último, el tercer veto a la prohibición de armas ocultas sin permiso, permitiría que incluso jóvenes de 18 años puedan llevar un arma escondida, siempre que cumplan con los requisitos de portación.
