El Consejo de Magistratura de la Nación cesanteó este martes a un funcionario clave después de que se comprobara que, como responsable de Recursos Humanos del organismo, se había autopagado suplencias, como si fuera un juez; y liquidarse el sueldo con aportes jubilatorios por un porcentaje menor al fijado para su cargo. Estaba a cargo de la subadministración general y de la dirección de Recursos humanos del organismo. La decisión fue tomada por la Comisión de Administración y Finanzas, que también ordenó evaluar denuncias penales en su contra.
Para defenderse, Federico Vincent nombró a José Manuel Ubeira, el abogado de Cristina Kirchner en la causa por el intento de asesinato de la ex presidenta.
La sanción recayó sobre Vincent, quien llegó a ser uno de los funcionarios más poderosos en el manejo del presupuesto y los recursos del Poder Judicial. Ingreso a los tribunales en 1996 como auxiliar y desembarcó en el Consejo de la Magistratura tras su creación. Escaló posiciones hasta convertirse quedar a cargo de la dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial y, en paralelo, de la sub-administración general del Consejo. Fue precisamente el manejo de las decisiones tomada en ese ámbito en beneficio propio lo que terminaron ahora con su carrera.
En paralelo, Vicent tiene una denuncia por supuesto acoso sexual contra una empleada.
La decisión fue votada por los integrantes de la Comisión de Administración Financiera que preside Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y representante del Ejecutivo Nacional y plasmada en dos resoluciones que fueron notificadas a todos los consejeros.
A fin del año pasado, el Consejo ordenó investigarlo. Un cuerpo de auditores avanzó en ese análisis en febrero pasado, con ronda de declaraciones e informes, en seis expedientes que se abrieron en su contra por distintos desmanejos.
¿De qué se lo acusó? Uno de los sumarios fue por haber modificado el porcentaje de descuento jubilatorio a su favor. Es que, siendo la máxima autoridad de la Administración General, por vacancia de su titular, y Director General de Recursos Humanos, el propio funcionario ordenó a sus inferiores modificar el descuento jubilatorio que históricamente se hacía sobre su sueldo.
Eso produjo un incremento extra de $ 6.932.807 en su salario final al mes de mayo de 2024. Lo hizo sin seguir ningún procedimiento, sin haberse excusado, sin contar con dictamen jurídico que lo avalara y cuando aún estaba pendiente una respuesta que él mismo había generado, contaron fuentes judiciales. Lo que dispuso que, en lugar de descontársele el 18 por ciento en concepto de retención jubilatoria como sucede con el sueldo de los funcionarios judiciales, se pasara a descontar el 11 por ciento y con tope. Por ese hecho también fue investigado en su momento investigado Martin Culaciati, segundo de Vincent en la Dirección de Recursos Humanos.
Otra de las acusaciones en su contra tuvo que ver con haber permitido o facilitado que dos agentes judiciales pudieran eludir la cuota alimentaria que judicialmente les correspondía pagar. Según el sumario, les liquidó en horas extras en recibidos distintos, sin que existiera una causa válida. El Cuerpo de Auditores consideró que “el Dr. Federico Arturo Vincent, a cargo entonces de la Dirección General de Recursos Humanos, habría tenido un manejo arbitrario y discrecional de la oficina”. Asimismo, “tomar decisiones y dar instrucciones susceptibles de perjudicar a terceros, en el caso de los menores cuyo interés superior se encuentra constitucionalmente protegido, como así el interés del Consejo de la Magistratura afectando su transparencia, contrario a los principios de ética pública”.
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En la lista de sumarios también aparece el cobro indebido de suplemento por subrogancia. Es que desde marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2022 Federico Vincent percibió sumas por subrogancia en carácter de Director General de Recursos Humanos, con un beneficio patrimonial directo, dado que representa el 33% más del sueldo. A partir de esa fecha, percibió el mismo porcentaje, pero con el cargo de Secretario Letrado de la Corte Suprema hasta fines de febrero de 2024. En rigor, las subrogancias están previstas para jueces cuando ocupan un cargo que está vacante. Aquí, la acusación señala que no hubo disposición administrativa de la autoridad competente para habilitar la percepción de ese suplemento en favor de Vincent ni tampoco pasó a tener el cargo de secretario de Corte que justificara esa decisión en beneficio propio.
A Vincent también lo investigaron por arrogarse la representación judicial del Consejo de la Magistratura. Fue en el juicio de desalojo iniciado contra el Consejo de la Magistratura por tres juzgados federales de Morón. El funcionario se presentó en el expediente y solicitó de «urgencia» una audiencia, sin contar con facultades para ello y, posteriormente, presentó «una propuesta económica» a la parte actora.
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