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Desde el Equipo de la Pastoral Aborigen (EMiPA) informaron que la Comunidad Mbya Guaraní Yakã Porã, ubicada en Caraguatay, «está siendo una vez más vulnerada en su territorio -relevado por la Ley 26.160- por parte de una persona que se atribuye la propiedad del lugar, quien ingresó con máquinas topadoras, con la intención de limpiar una zona de selva que ya había sido devastada en el pasado y que, en los últimos tres años, había logrado regenerarse».
Observaron que esta situación fue denunciada ante autoridades locales e incluso ante el Ministerio de Ecología, «pero hasta el momento no se obtuvo ninguna respuesta. Mientras tanto, el avance sobre el territorio parcialmente recuperado continúa, profundizando la violación de los derechos territoriales de la Comunidad».
En este sentido, comentaron que aagentes de la Policía se presentaron en el lugar «y –lejos de defender a los legítimos dueños del territorio- advirtieron a los integrantes de la Comunidad que no vuelvan a ingresar a esa área del monte».
Graciela Silva, miembro de Yakã Porã, expresó con angustia: “Nos quieren sacar nuestro territorio, quieren limpiar todo el capueral. Nosotros ahí tenemos nuestra cultura, nuestros remedios, nuestros alimentos. Hoy llegaron los policías y dijeron que no entremos más ahí, ni para cazar, ni para sacar remedios”.
El EMiPA remarcó que la zona afectada «es un espacio fundamental para la Comunidad, ya que es un área de caza, pesca y recolección, donde encuentran los recursos esenciales para su vida cotidiana. Sin embargo, la Policía, en lugar de protegerlos, les lanzó una advertencia contundente, evidenciando un profundo desconocimiento de los derechos indígenas».
«Este no es un hecho aislado. Las intrusiones, los desmontes y la apropiación indebida de territorios indígenas forman parte de un patrón histórico de despojo que aún persiste. Comunidades como Yakã Porã enfrentan diariamente el abandono del Estado y la presión de actores privados que buscan avanzar sobre sus tierras. Ayer (por el lunes), la Comunidad Mbokajaty, en San Ignacio, volvió a ser noticia por esto. La situación se replica en toda la provincia», sostuvo el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen
Finalmente consideró el EMiPa que «proteger sus territorios no es solo una obligación legal: es una deuda ética, política y cultural con los Pueblos que han cuidado y habitado esta tierra desde mucho antes de la existencia del Estado».
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