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En el bloque Ambiente, Sociedad y Sustentabilidad, conducido por Sonia Weisheim, participó María Florencia Gómez, fiscal general jefa de la Unidad Fiscal Especializada en Derecho Ambiental y Animal, para charlar sobre el caso conocido como “Tombo”, una causa judicial sin precedentes en Argentina. Se trata de la primera condena en el país que unificó los delitos de daño ambiental y crueldad animal, tras la destrucción de una colonia de pingüinos en la provincia de Chubut.
La causa se inició el 26 de noviembre de 2021, luego de una denuncia presentada por el entonces ministro de Ambiente. Según relató la fiscal, una persona ingresó a su campo en la zona de Punta Clara con maquinaria pesada y alambrados electrificados, sin autorización ni estudio de impacto ambiental. “Destruyó más de 170 nidos de pingüinos, además de huevos y pichones”, explicó Gómez.
Punta Clara forma parte del ecosistema de Punta Tombo, uno de los principales sitios de reproducción del pingüino de Magallanes en el país. “Es una especie migratoria protegida, con alto valor biológico y turístico. El impacto no fue solo sobre los pingüinos, sino sobre todo el ecosistema”, afirmó la fiscal. El tendido eléctrico instalado impedía el regreso de los ejemplares adultos a sus nidos, alterando el ciclo reproductivo.
Para avanzar en la causa, Gómez solicitó peritajes a COnicet, Senpat, la Conae y el Ministerio de Ambiente de la Nación. También recurrió a la Fundación National Geographic, que aportó 50 imágenes satelitales de alta resolución.
Cada imagen cuesta miles de dólares. Ellos no solo las facilitaron sin costo, también enviaron a su principal geógrafo para interpretar los datos y declarar en el juicio”
María Florencia Gómez, fiscal general jefa de la Unidad Fiscal Especializada en Derecho Ambiental y Animal
El análisis permitió establecer que la destrucción ocurrió entre agosto y diciembre de 2021, en plena época de reproducción. “Se levantaron hasta 60 centímetros de suelo. Hay zonas donde el pingüino no podrá nidar nunca más. El impacto se proyecta a 35 años, que es el promedio de vida de la especie”, indicaron los expertos que participaron del juicio.
Durante los tres años de investigación, la fiscal enfrentó múltiples obstáculos. “Tuve que recusar una jueza que no autorizaba la apertura de la investigación. Trabajé sola con una secretaria. No había antecedentes en el país de un caso así”, señaló Gómez. A pesar de las dificultades, aseguró: “Si no lo hacía yo, no lo iba a hacer nadie”.
La condena incluyó una pena solicitada de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y derivó en un cambio institucional. “El gobernador de Chubut quintuplicó la reserva protegida, incorporando todas las pingüineras de la costa. Ese es el mayor logro: dejar un precedente ambiental y judicial a nivel nacional”, concluyó.
