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El Gobierno, a través del ARCA, busca sostener una dura denuncia contra Pablo Otero, conocido como el Señor del Tabaco, por el presunto lavado de dinero de unos 33.600 millones de pesos. El caso lo impulsó el organismo recaudador contra Otero y su empresa Tabacalera Sarandí luego de detectar una supuesta maniobra irregular con distribuidoras de cigarrillos que no contaban con una capacidad operativa real y que eran consideradas según la ex AFIP como «usinas de facturas truchas», entre otras irregularidades.
La causa había recaído en el juzgado de María Servini y la investigación quedó bajo el mando de Eduardo Taiano quien el miércoles pasado, en tiempo récord, pidió que se cierre porque consideraba que no existía delito o elementos suficientes para avanzar con al investigación. La denuncia de ARCA había sido presentada en abril.
Tras la decisión del fiscal, el organismo se prepara para sostener la medida, pero antes le envió un escrito a Taiano en el que le recuerda que debe notificar al ARCA sobre su opinión. Con esa notificación, ya pueden presentarse ante el fiscal de Cámara para intentar que la denuncia prospere.
La causa del ente previsional contra Otero se hizo en base a un informe que realizó la División de Fiscalización Externa de la Dirección de Grandes Contribuyentes. El área rastreó la venta de cigarrillos de las marcas Red Point, West, Kiel y Master, todas producidas por Tabacalera Sarandí.
En la fiscalización encontraron todo tipo de irregularidades que apuntarían al lavado de activos. La sospecha, según la denuncia a la que accedió Clarín, recae sobre un período específico que va desde el año 2021 al 2023. Según detectó el organismo, en esos años Otero y su empresa habrían lavado fondos por $33.632 millones a través de la venta a de cigarrillos a 23 distribuidoras mayoristas. Todas, según el organismo, tenían un perfil fiscal irregular y serían «usinas» de lavado.
Pablo Otero y una entrevista que le dio a El País de España.
Algunas de las empresas involucradas en la maniobra de lavado son Ever Friends Distribuciones, Tabaco Distribuciones SRL, Distribuidora Veintidos, Tobaco Minico SA y Laumart SRL, entre otras.
Según detectaron los fiscalizadores de ARCA, esos compradores no tenían capacidad operativa real y revendían los productos a consumidores finales que no estaban en regla y tenían un «perfil fiscal irregular y sin capacidad operativa real». Además, emitían facturas con precios similares a los de compra, lo que, según el organismo, «sugiere una baja rentabilidad y la posible simulación de actividad comercial».
Entre las irregularidades, también detectaron que las empresas que participaban de la presunta maniobra de lavado para favorecer a Tabacalera Sarandí «no registraban pagos tributarios ni acreditaciones bancarias mínimas» y realizaban los pagos «a través de depósitos en cuenta recaudadora o en efectivo, motivo por el cual se pierde la trazabilidad de los fondos».
Los cigarrillos Red Point que pertenecen a Tabacalera Sarandí.
Incluso muchas de los presuntos compradores no tenían ni siquiera «estructura edilicia ni personal contratado», sostiene la denuncia. Para la ARCA las 23 empresas que habrían simulado las compras a Otero y su empresa eran «usinas» que facilitaban la transferencia de «dinero desde el círculo informal hacia uno formal».
«No se han aportado documentos ni información suficiente que justifique el origen de los fondos empleados por las distribuidoras para afrontar dichos pagos, lo que impide llevar una adecuada trazabilidad del dinero», sostiene el organismo en la denuncia. En concreto, lo que sospechan es que las ventas de Tabacalera Sarandí a esas empresas eran «simuladas» para blanquear dinero negro que pertenecería a Otero.
El señor del tabaco
Otero empezó a construir su imperio tabacalero en 2018, cuando dejó de pagar el impuesto mínimo al tabaco, un tributo que había sido impulsado por el gobierno de Mauricio Macri. Tabacalera Sarandí sostenía que era inconstitucional. El argumento principal de Otero era que su empresa funcionaba como una pyme y que el impuesto era confiscatorio ya que sus productos eran más baratos que la competencia de primeras marcas y el tributo era mayor al valor de cada paquete de cigarrillo.
El empresario tabacalero consiguió una serie de cautelares en la Justicia y así creció en el mercado y ganó poder. Pero esa maniobra se judicializó y llegó a al Corte Suprema que el año pasado le dijo que tenía que empezar a pagar los impuestos.
Pero la Corte aún debe fallar sobre la cuestión de fondo. La semana pasada quedó en situación de definir el caso luego de que se conformara el tribunal para resolver si el Señor del Tabaco debe devolver unos 1000 millones de dólares, según los números de ARCA. Otero había recusado a algunos de los jueces y se nombraron conjueces para definir el caso.
En el último tiempo, el empresario tabacalero buscó correrse del centro de la escena. Anunció que dejaba el control de la empresa en manos de Claudia Romero Roura, que trabaja en la empresa desde 2016, y anunció en una entrevista al diario El País de Epaña que tenía pensado instalarse en Uruguay para dedicarse al negocio inmobiliario y los servicios financieros, entre otros. «Mi país me está echando», cerró.
