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Después de cuatro años, José López volvió a ingresar al Penal de Ezeiza, donde había sido alojado en junio de 2016 cuando intentó -de manera fallida-, esconder en un convento de General Rodríguez, 9 millones de dólares, relojes, joyas y armas de fuego. Ahora, cumple la condena del caso Vialidad. Hizo un pedido específico en la cárcel donde se readaptó sin dificultades. Afronta un trastorno psiquiátrico y pidió cumplir la condena en Río Gallegos.
De pantalón negro, campera y zapatillas del mismo color, el ex secretario de Obras Públicas de los tres gobiernos kirchneristas viajó desde Río Gallegos a Capital Federal, de madrugada, solo y casi sin equipaje, para cumplir con la exigencia judicial: presentarse en Comodoro Py para proceder a la detención de los condenados en el caso Vialidad.
Pese a haber recuperado la libertad en 2021, López volvió a la cárcel. Dejó así, la provincia de Santa Cruz en donde se había refugiado desde que logró la excarcelación.
Cuando llegó a Comodoro Py, el martes 17 de junio a primera hora, se convirtió en el primer condenado del caso Vialidad en quedar preso. Horas después, la resolución firmada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), ordenó la detención de Cristina Kirchner, pero bajo la modalidad de una prisión domiciliaria.
José López cumplió con una rutina que no le era desconocida. Controles de rutina, estar transitoriamente en la Unidad 29 de la planta baja de los Tribunales de Retiro hasta que, finalmente, le colocaron el casco, el chaleco antibalas y lo subieron al móvil del Servicio Penitenciario Federal. Era oficial: otra vez estaba privado de su libertad.
Previo a su traslado se le realizaron los primeros estudios médicos, “clínicamente fue encontrado en buen estado. Clínicamente”, reiteró una fuente judicial. Este miércoles fue sometido a un estudio psicológico, necesario también en el marco del pedido de arresto domiciliario que formuló su defensora oficial.
El Servicio Penitenciario Federal resolvió que su lugar de alojamiento sería el Penal de Ezeiza, el mismo en que estuvo alojado desde junio de 2016.
La primera noche preso, el ex funcionario que manejó la obra pública durante doce años durmió en el Hospital del Penitenciario Federal, producto de un tratamiento psiquiátrico que recibe.
Padece un trastorno de estrés postraumático crónico, con pronóstico reservado.
Sin embargo, al día siguiente fue enviado al Pabellón que se convirtió en su lugar de cumplimiento de la condena. Recibió seis años de cárcel por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La misma condena que pesa sobre Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Nelson Periotti (ex titular de Vialidad Nacional).
Quienes pudieron observarlo y dialogar con él, coincidieron en plantear en que no “presentó ninguna dificultad para adaptarse” y el dato es que fue el propio José López quien pidió que lo incorporen rápidamente al Pabellón.
Una vez más, aquel lugar le resultó familiar y no estaba solo. Apenas ingresó se encontró con otros condenados del caso Vialidad: con algunos compartió la función pública, con otros conversó en más de una ocasión y con todos ellos los une los procesos licitatorios con los que, de forma irregular, beneficiaron a Lázaro Báez.
La descripción de la escena explica la familiaridad: “No expone problemas de convivencia con los otros condenados por la causa Vialidad”, pudo saber Clarín.
La rutina en el régimen carcelario, inicia temprano por la mañana cuando las celdas se abren para todos por igual. Desayuno, orden y limpiezas de los espacios individuales de 3 por 3,5 metros, y la posibilidad para algunos de realizar ejercicio físico.
El espacio común cuenta con un televisor y comienzan a regir los horarios de visita, que en estos primeros días se usan principalmente para mantener reuniones con sus abogados.
López conoce el circuito: llama por cobro revertido a su defensor oficial, quien pelea por una unificación de la pena de Vialidad con otros procesos, lo que según los cálculos realizados, lo dejaría cerca de una libertad condicional. «No presentó ningún problema ni requirió internación de nada», explicaron fuentes judiciales a este diario.
Pero el exfuncionario K quiere regresar a Río Gallegos para cumplir allí, en la capital santacruceña, la condena bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Cree que su pedido es factible porque el TOF 2 le otorgó ese mismo beneficio a la expresidenta. Debe aguardar un par de semanas hasta que haya un pronunciamiento, porque su trámite debe cumplir una serie de pasos.
¿Por qué está preso?
En este caso, la justicia federal determinó que López tiene responsabilidad penal en relación al cargo como Secretario de Obras Públicas durante la gestión kirchnerista.
En 2018 fue condenado por enriquecimiento ilícito, y su caso se considera emblemático dentro de la corrupción K debido a la gestión de fondos millonarios para obras públicas.
El caso Vialidad se concentró en las irregularidades alrededor de las 51 licitaciones viales que se adjudicaron a Lázaro Báez en los tres primeros gobiernos kirchneristas, en las cuales se determinó la existencia de un circuito de pagos exclusivos, licitaciones direccionadas, el pago de sobrecostos, falta de controles, procesos de concursos donde Báez disputada contra sí mismo las ofertas, entre otras.
En ese entramado de corrupción, sostiene la condena, José López fue determinante para que la maniobra defraudatoria se concrete. Tenía a su cargo la cartera de Obras Públicas pero esencialmente, era el responsable de garantizar los pagos irregulares al Grupo Austral.
Tres elementos fueron determinantes: la gestión de los fondos que recibía Báez, a quien nunca se le adeudó ni una sola certificación de obras. Como Secretario de Obras Públicas, López era responsable de la asignación de fondos para proyectos viales.
Su celular fue una pieza clave durante el juicio. De las conversaciones extraídas del mismo, se logró conocer la relación directa con el holding de Báez, cómo algunos contratos se direccionaban y cómo -también- al finalizar la gestión de Cristina Kirchner, puso en marcha lo que se llamó el plan «limpiar todo», para evitar que queden pruebas sobre las irregularidades que beneficiaron sistemáticamente al ex socio comercial de Cristina Kirchner.
