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GUALEGUAYCHÚ.- Una investigación publicada en Entre Ríos da cuenta de irregularidades en el manejo de viáticos, nombramientos sin concurso y ausencias reiteradas en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia (Stjer). El trabajo es de autoría del periodista Daniel Enz en el portal Análisis.
La investigación expone que desde 2022 hasta ahora la jueza Susana Medina de Rizzo se ausentó del Superior Tribunal 191 días hábiles, prácticamente un año judicial completo, y que cobra un sueldo de casi 15 millones de pesos. También, que en el mismo período, los nueve vocales del máximo tribunal entrerriano gastaron en viáticos el equivalente a 260.767.232 pesos.
Además, el informe menciona el nombramiento sin concurso de más de 300 personas; entre ellas, una refugiada política siria designada por pedido expreso de la vocal Claudia Mizawak y un integrante de una fuerza de seguridad extranjera, perteneciente a una embajada, que estaba amenazado de muerte en Buenos Aires y que solamente permaneció unos meses en Paraná. Habría sido nombrado a instancias de la jueza Medina.
Consultada por LA NACION acerca de los datos publicados en el informe, Medina, que es la presidenta de la Sala N°3 del Trabajo, respondió: “Sin comentarios”. Los voceros oficiales del tribunal tampoco hicieron declaraciones.
Una fuente relacionada con el Stjer señaló que “el dato de los 300 nombramientos es correcto, pero se trata de suplencias designadas ante bajas por jubilación o salud, en mayordomías e intendencias”. Y enfatizó: “No estamos hablando de la designación de 300 jueces”.
“El Superior Tribunal tiene facultades administrativas para designar personal hasta que salga el resultado de los concursos en trámite -informó la fuente-. En el caso de designarse a un magistrado, se trata de un interinato”. No existe un criterio escrito para resolver a quién se nombra “temporalmente”. Lo deciden los miembros del Stjer.
Otra observación en materia de designaciones es que se incumplió la Ley de Paridad Integral, por ejemplo, en la Sala Penal de Gualeguaychú tras la jubilación de una jueza. Según la normativa vigente, el ingreso de personal clase “B” -o personal obrero o de maestranza- es regulado por la Ley 5143, que no prevé un procedimiento de cobertura por concurso y autoriza a cubrir dichos cargos a propuesta del superior jerárquico (art. 3 y 4 Ley 5143), advirtió una fuente en defensa de lo hecho por el tribunal. Y afirmó: “Los viáticos están reglamentados y publicados”.
Según la publicación de Análisis, cada vocal cobra de sueldo entre 12 y 15 millones de pesos por mes (según su antigüedad) y entre 2022 y 2024, los vocales Germán Carlomagno, Daniel Carubia, Mizawak, Medina y Gisela Schumacher -en ese orden-, percibieron entre 500.000 y 1.400.000 pesos (a valores actualizados) mensuales cada uno, en concepto de viáticos por viajes al interior de Entre Ríos y fuera de la provincia, en especial a la ciudad de Buenos Aires. Y hubo instancias donde requirieron viáticos hasta dos veces en la misma semana. Todo esto en una provincia que tiene salarios docentes un 50% por debajo de la línea de pobreza.
La investigación explica que, en la actualidad, el monto que se paga como viático dentro del territorio entrerriano es 164.044 pesos por día, mientras que el de fuera de la provincia es 246.074 pesos. Y para viajar al exterior el monto llega a 369.111 pesos por día. Este dinero se paga a los vocales del Superior Tribunal, aunque sólo estén por algunas horas realizando tareas propias de la función, y aunque la movilidad territorial sea adentro de la propia provincia, en el territorio donde cumplen su función.
Por eso, cuando los vocales trasladan sus reuniones habituales a otras localidades de la provincia perciben ese viático que hoy alcanza los 164.044 pesos como “extra” a su sueldo. Eso pese a que la actividad no les insume ningún gasto personal: se trasladan en los autos del tribunal manejados por choferes y vuelven en el día a Paraná.
Ante la consulta de LA NACION, el presidente de la Sala N°1 en lo Penal del Stjer, Daniel Omar Carubia, respondió: “No sé qué informa Enz ni me interesa. Obviamente no tengo opinión de lo que desconozco”.
“Humildad y transparencia”
“Nuestro deber es responder con humildad y transparencia”, dijo el presidente del Superior Tribunal, Leonardo Portela, durante la inauguración del año judicial 2024.
Poco antes, Portela había emitido un comunicado a todos los juzgados de la provincia alertando sobre la penosa situación económica del Poder Judicial: “No me interesa indicar puntualmente gastos, aunque todos sabemos que resulta posible reducirlos significativamente en rubros tales como toner, papel, energía eléctrica”.
“Seamos conscientes de que no siempre es necesario imprimir y que, en ocasiones, olvidamos luces o algún aire acondicionado prendido. Cuidemos de incurrir en gastos fácilmente evitables”, dijo Portela poniendo énfasis en “la dimensión del crítico estado de situación presupuestaria y financiera“ del Poder Judicial de la provincia.
Ya en la inauguración del año judicial 2025 el foco estuvo puesto en el reclamo a la política, profundizando el pedido de mayor financiamiento: “Me preocupa muchísimo porque estamos frente a un problema abierto que no le veo solución”.
“Nosotros tenemos que recibir, según el Presupuesto de 2025, 1000 millones de pesos de la provincia en forma mensual. Nosotros habíamos presupuestado alrededor de 1500 millones de pesos mensuales, teniendo en cuenta una inflación que más o menos está en el índice actual. Pero nos bajaron en la Legislatura el presupuesto a 1000 millones de pesos mensuales. Como el Ejecutivo dice que no hay plata, nos estarían dando 500. Digo, nos estarían dando porque no nos están dando 500; están en 400, 390, 450, 500, por ahí en algún mes”, reclamó el presidente del Stjer.
“Entonces, nosotros, cuando tenemos que pagar algún gasto, lo pagamos, pero siempre pensando que mañana no vamos a tener plata para pagar el alquiler de, por ejemplo, el juzgado civil, o la factura de luz del edificio Tribunal de Concordia”, sostuvo.
Cuando LA NACION consultó a Portela sobre cómo conviven estos dos aspectos relacionados a las finanzas del Poder Judicial –aquello que puede ser leído como un derroche y el reclamo de un mayor presupuesto para garantizar el servicio de justicia-, respondió: “Vamos a reunirnos con los colegas antes de hablar”.
