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El conflicto judicial que involucra a Lácteos Vidal y a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) volvió a tener novedades.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°69, en el marco de la causa N° 30061/2022, resolvió archivar el embargo por 168 millones dictada la semana pasada, hasta se analice la impugnación presentada por la parte demandada.
«Con el resultado de los planteos cuyo traslado se confiere, se resolverá sobre el confronte del oficio acompañado el que -por el momento- se archiva», señaló la resolución.
La resolución judicial se centraba en la ejecución de astreintes. La medida alcanza a varios coactores, entre ellos Fabio Quiroga, Haroldo Rodríguez, José Pellejero, Juan Carlos Chineschnuck, Claudio Anidos, Walter Corvalán, Walter Cerri y Juan Manuel Damico, así como también a los actores principales Franco Yedro, Abel Damico y Cristian Martín.
La resolución judicial instruía al Banco de la Provincia de Buenos Aires a congelar fondos actuales y futuros de la empresa demandada, hasta cubrir el monto embargado de $129.723.774,32, al que se sumaba un cálculo provisional de $38.900.000 destinados a cubrir intereses y costas judiciales.
«Espero estar más cerca del final del conflicto», dijo a Clarín Rural Alejandra Bada Vázquez, titular de Lácteos Vidal.
«Es una locura que atosiguen a una pyme con amenaza de embargos encima que sufrió un bloqueo. Espero que algún día seamos un país normal donde el fuero laboral haga respetar la propiedad privada y el derecho a trabajar en libertad», agregó la empresaria.
El conflicto comenzó en 2022 en la planta de Moctezuma (partido de Carlos Casares), donde la empresa denunció bloqueos sindicales por parte del gremio Atilra, acusándolos de impedir el ingreso y salida de camiones, e incluso de resortarse en «situaciones de violencia física».
Hace apenas una semana, el mismo juzgado ordenó un embargo preventivo de $168 millones a Lácteos Vidal, bajo la figura de astreintes.
Ante esto, la firma aseguró que la acción era “totalmente arbitraria y fuera de tiempo”.
En reacción al embargo, la empresa presentó una denuncia formal contra dos jueces de la Cámara Nacional ante el Consejo de la Magistratura, cuestionando la legalidad del fallo y denunciando presuntas irregularidades en la tramitación del expediente.
«Seguimos esperando justicia», cerró Bada Vázquez en un posteo de su red social.
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