El Gobierno a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección General Impositiva (DGI) denunció en la justicia penal a la empresa HLB Pharma Group SA, involucrada en el caso del fentanilo contaminado por el que murieron 52 personas, por el presunto delito de evasión tributaria agravada en perjuicio del Estado nacional.
ARCA, tras una serie de trabajos de fiscalización, detectó que la empresa había computado créditos fiscales sobre la base de facturas emitidas por proveedores apócrifos, es decir, empresas sin capacidad operativa, económica o financiera real. Se trataría, según la denuncia, de «usinas» de facturas truchas.
Las maniobras se habrían desarrollado durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020, con el objetivo de «disminuir de manera fraudulenta» la carga impositiva.
Según la presentación judicial y como resultado de estas operaciones irregulares, ARCA determinó que la firma evadió el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por una suma total de $7.222.659,86, correspondientes a $3.183.096,12 en el ejercicio 2019 y $4.039.563,74 en el ejercicio 2020.
Una vieja imagen de Ariel García Furfaro, uno de los dueños de HLB Pharma.
Según detalla el expediente, la propia empresa reconoció la maniobra al manifestar que «los comprobantes de compras ajustados fueron incorporados a los efectos de disminuir la carga impositiva”.
La denuncia identifica como posibles responsables del hecho a varios de los principales directivos de HLB Pharma Group S.A. que ejercían funciones durante el período investigado. Entre ellos se encuentran Olga Luisa Arena, presidenta y administradora de la clave fiscal; Nilda Furfaro, vicepresidenta; Hugo Orlando Suárez Borello y Damián Roberto García, ambos directores titulares. Todos ellos aparecen vinculados a otras causas penales anteriores, entre ellas por apropiación indebida de recursos de la seguridad social e infracciones aduaneras.
La denuncia fue radicada ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico y quedó a cargo del juez Diego Amarante y el fiscal José Luis Aguero Iturbe. En el escrito el ARCA solicita que se cite a los involucrados a prestar declaración indagatoria y se los condene con el máximo de la pena prevista por la ley vigente. Esta presentación se suma a otras dos causas ya iniciadas contra el laboratorio por “apropiación indebida de recursos de la seguridad social” y por infracciones al Régimen Penal Tributario y la Ley Aduanera.
La causa por el fentanilo contaminado
El laboratorio HLB Pharma y su compañía subsidiaria Laboratorios Ramallo, ubicado en esa ciudad, están bajo investigación de la Justicia federal por la muerte de al menos 52 personas a las que les suministraron fentanilo que estaba contaminado y que había sido producido por esas empresas.
A cargo del expediente está el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak quien ordenó el allanamiento de 22 domicilios vinculados a los laboratorios. Antes ya había allanado los lugares donde se produjo el fentanilo.
La cara visible de la compañía es Ariel García Furfaro, un empresario que armó una red de vínculos políticos y que llegó a viajar a Rusia en plena pandemia con la delegación del ex presidente Alberto Fernández para distribuir la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V. También visitó el Instituto Patria y tiene fotos junto a Cristina Kirchner.
García Furfaro tenía buenos vínculos con gobernadores para intentar meterse en el negocio de la venta de medicamentos en las provincias e incluso incursionó en el negocio de los medios cuando se asoció con Víctor Santa María, el jefe del gremio de los encargados, en el Canal IP.
Sobre la firma
Nicolás Diana
Editor de la sección Política [email protected]
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