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Y un día los tambores de guerra entre los gobernadores y Nación volvieron a tronar. Pasó casi un año desde que los primeros escarceos de las provincias con la administración de Javier Milei se extinguieron al ritmo de la pericia política de la Casa Rosada, activo libertario al que pocos le apostaban, clave para desactivar reclamos y granjearse apoyos en el Congreso.
Sin embargo, ese capital parece haberse licuado, al menos por ahora. Los profundos recortes a las arcas distritales, la parálisis de la obra pública con el consecuente «abandono» de las rutas, la caída de la coparticipación federal y la discrecionalidad en el reparto de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN), entre otros ítems, colmaron la paciencia de los mandatarios. En el plano político, se suma la ambición de La Libertad Avanza (LLA), que arma sus propias listas en las provincias y complica la subsistencia de sus aliados.
Esa tormenta perfecta decantó en una rebelión de los 24 jefes provinciales, quienes decidieron avanzar de manera autónoma en la búsqueda de fondos, aun a costa del malestar de Milei. De hecho, la semana próxima, la pulseada se trasladará al Senado, donde opositores y dialoguistas esperan sesionar el jueves para tratar, entre otros puntos, los proyectos de los gobernadores para definir nuevos esquemas de distribución del impuesto a los combustibles y de los ATN, quitándole discrecionalidad a Nación para disponer de ese dinero. En espejo, el 8 de julio vencerán las facultades delegadas del Presidente.
El paso a paso de la escalada entre los gobernadores y Nación
El grito federal no fue improvisado. Su génesis data del pasado 6 de mayo en Paraná. Allí, una cumbre sobre logística organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) derivó en un scrum contra la gestión libertaria, donde líderes de pelajes variopintos enviaron mensajes a la Casa Rosada. Además del anfitrión Rogelio Frigerio (Entre Ríos), participaron Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
En la ocasión, Frigerio y Torres, ambos del PRO, pusieron sobre la mesa la necesidad de discutir una reforma fiscal, con o sin el respaldo del Gobierno. La advertencia no llegó precisamente desde un sector opositor, sino de uno de los aliados más leales al campamento violeta. Hasta Jalil, siempre moderado en sus reclamos, pidió por la aceleración de los proyectos vinculados al RIGI. Fruto de ese cónclave, comenzó a gestarse una jugada mayoritaria, que terminaría nucleando a los 24 caciques.
Casi un mes más tarde, el 3 de junio, los líderes de todo el país dieron continuidad a la estocada con una cumbre en las oficinas porteñas del CFI, espacio que oficia como sala de reuniones para cada encuentro de las provincias. Tal fue la amplitud de la mesa que más allá de los números puestos también se sumaron Jorge Macri (CABA), Hugo Passalacqua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Leandro Zdero (Chaco), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz), entre otros. De esas conversaciones surgió un pedido de audiencia con Javier Milei para plantearle las inquietudes que asolaban de manera transversal a los distritos. Pero no tuvieron suerte. El Presidente partió a su gira por Europa e Israel y delegó la charla en su jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Diez días después, Francos, junto a su número dos, Lisandro Catalán, y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, recibió en Balcarce 50 a un puñado de mandatarios. Estuvieron Ziliotto, Jalil, Vidal e Ignacio Torres: un peronista opositor, otro dialoguista, un provincialista y un PRO. Por el radicalismo dijo presente Myrian Prunotto, vicegobernadora de Córdoba. Los representantes llevaron ante Nación una propuesta para modificar el esquema de distribución del impuesto a los combustibles, denunciando que el Gobierno no está invirtiendo la parte de ese tributo en infraestructura vial -tal como corresponde por ley- y se la está quedando para «sostener el superávit fiscal».
Las provincias hicieron énfasis en que la iniciativa no afecta las cuentas públicas y les permite a los distritos recuperar parte de lo perdido. En principio, el jefe de Gabinete no vio con malos ojos la iniciativa. Pero, una vez más, cayó en saco roto. Días después, el 23 de junio, los gobernadores volvieron a desembarcar en manada en el CFI, donde recibieron a Catalán y Guberman, enviados de Francos, con la respuesta a lo planteado. No hubo acuerdo. «Tuvo gusto a poco», sintieron entonces los mandatarios tanto dialoguistas como opositores.
Por eso, decidieron apretar los dientes y buscar una salida propia que finalmente decantó en dos proyectos de ley. El espíritu de ambos es que tanto el impuesto a los combustibles como los ATN se giren de manera automática, en un esquema similar al de la coparticipación federal. Eso les garantizaría fondos frescos a las provincias y golpearía el dedo seleccionador de la Casa Rosada.
Al respecto, consideraron que las medidas «generarán más federalismo a partir de mayor equidad distributiva de recursos originados en todo el territorio nacional, propiciando mayor capacidad de respuesta tanto a Nación y provincias de las demandas de la sociedad en el marco de la crisis». El hecho encendió todas las alarmas en la sala de máquinas libertaria, que, al menos hasta las elecciones legislativas, necesitará de apoyos prestados en el Congreso para sostener su agenda de reformas y desactivar iniciativas opositoras.
No fue el final. La novela continuó el martes pasado, cuando los ministros de Economía provinciales se reunieron en el Palacio de Hacienda con Guberman, en el marco del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Una vez más, las jurisdicciones volvieron a referirse a la pelea por los fondos y, como antes, chocaron con un muro. «Están generando superávit con la plata de las provincias», reiteraron a la salida del cónclave. Por el contrario, Nación se limitó a proponer el traspaso de algunas rutas nacionales, siempre y cuando las administraciones subnacionales se hagan cargo del mantenimiento de la maquinaria y de los campamentos.
Tras el mitin, los ministros partieron raudos al CFI, donde continuaron el debate ya sin la presencia de enviados de Milei. Los informes elevados no apaciguaron los ánimos de los gobernadores. Apenas un día después, los proyectos de ley ingresaron al Senado con firmas de legisladores de diversos bloques, incluyendo Unión por la Patria (UP), el PRO, el radicalismo y espacios provincialistas y «federales». Ahora, esperan sesionar el jueves y llevar la batalla al recinto, donde, de no haber sobresaltos, los textos deberían contar con un amplio apoyo.
A la par, jefes provinciales del Norte Grande y del Litoral se reunieron en Santiago del Estero, donde anunciaron la redacción de un proyecto de ley conjunto que contempla la creación de una tarifa eléctrica diferencial para zonas cálidas y muy cálidas de ambas regiones, un histórico reclamo. En tanto, Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y «Nacho» Torres se reunieron en Chubut para celebrar avances en el gasoducto cordillerano y también enviaron mensajes a la gestión libertaria.
«Tanto el impuesto al combustible como los ATN no aportan al equilibrio fiscal nacional, porque es dinero de las provincias o de una asignación específica: no se pueden usar para otra cosa. Si no, sería malversar recursos que por ley tenés que utilizar para algo. Ante una subejecución de esos recursos, se decide descentralizarlos, que son producto del esfuerzo de todos los contribuyentes de la nación», precisó el chubutense. (ambito.com)
