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La vida de varios organismos públicos, al menos tal como se conocieron siempre, está a punto de cambiar. O, por lo menos, de empezar a transitar un nuevo camino.
Uno de los decretos que más expectativas genera, por el tamaño de las reparticiones en cuestión y por las funciones que desarrollan, es el que promueve la modificación y desaparición de algunos y la creación de otros. Vale recordar que ya se vence la emergencia que estaba incorporada en la Ley Bases y que, desde el miércoles, varias de las funciones delegadas por el Congreso en el Poder Ejecutivo, ya no podrán utilizarse.
A grandes rasgos, de acuerdo a lo que anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, dispuso la disolución de tres organismos: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Todo ese mundo que ahora depende del Ministerio de Transporte.
De acuerdo con esos anuncios, como se dijo, se decidió el fin de Vialidad. Del articulado se desprende que las funciones que hasta ahora tiene el organismo descentralizado serán reasignadas. La medida fue oficializada este martes a la madrugada con su publicación en el Boletín Oficial, mediante el decreto 461/2025 del Poder Ejecutivo.
Las funciones de estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y sus obras complementarias, que son competencia de la DNV, en el nuevo esquema pasarán a la órbita del Ministerio de Economía, que podrá delegarlas a la jurisdicción que considere pertinente. De hecho, en todas las disposiciones que mencionan a la DNV, de ahora en más, se entenderá que se refieren al Ministerio de Economía o a quien éste designe.
Entre los motivos del cierre de Vialidad, en el decreto se menciona una “estructura compleja” con actividades que “no se ajustan a las necesidades actuales de gestión, lo que se refleja en la falta de agilidad en la ejecución de proyectos y altos costos operativos para el Estado Nacional”. El vocero, además, dijo que se termina “un ícono de la corrupción”.
También habla de una desproporción entre recursos materiales, cantidad de agentes, y personal administrativo y jerárquico frente a los dependientes operativos.
Hay un párrafo que formula el camino que seguramente se elegirá en materia vial. “Se observa una diferencia de eficiencia entre la gestión estatal directa y la concesionada en el mantenimiento vial, sugiriendo que la transferencia de funciones al sector privado podría generar ahorros significativos”, dice. Es decir, las rutas serán privadas.
La otra gran función, la fiscalización y el control de las concesiones viales vigentes y futuras, que anteriormente eran parte de las competencias de Vialidad, serán asignadas a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Esta nueva estructura, según este esquema, no es ni más ni menos que el resultado de la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), un ente de control que desaparecerá a manos de esta agencia. La idea del Gobierno es mantener la condición de ente regulador autárquico para “proteger los derechos de los usuarios”. La reorganización, dice el decreto, intenta “optimizar el desempeño técnico, establecer un organismo específico de fiscalización, reforzar los mecanismos de control y garantizar una administración más eficaz y transparente de los recursos públicos”.
Como se dijo, otro de los organismos disueltos es la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La mayoría de sus competencias serían transferidas a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el organismo que manejará gran parte de las estructuras que desaparecen. Sin embargo, hay un punto que llama la atención. La prevención y control del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional pasarían exclusivamente a Gendarmería. “La Gendarmería Nacional Argentina tendrá a su cargo la constatación de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas nacionales y otros espacios del dominio público nacional”, dice la norma.
El texto facultaría a la Gendarmería a “actuar de manera complementaria con organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en tareas de prevención y control de tránsito, mediante convenios específicos”.
Un punto más. Los recursos derivados de la contribución obligatoria del 1% que todos los asegurados pagan sobre las primas de seguro automotor (que hasta ahora se asignan a la ANSV) irán a la caja del Ministerio de Economía, que podrá destinarlos a otras jurisdicciones o entidades nacionales si estas llevan a cabo alguna de las funciones relacionadas con estos recursos.
Finalmente, una creación más. Se trata de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, que se forma mediante la reorganización de la Junta de Seguridad en el Transporte, originalmente creada por la Ley N° 27.514 como un organismo descentralizado en la órbita del entonces Ministerio de Transporte.
Es posible que, en otra reforma, que avanza sobre los organismos relacionados con el mercado aerocomercial, también desaparezca alguna dependencia que trata sobre la siniestralidad aérea.
Así las cosas, se desandan estas 48 horas de frenesí regulatorio. Antes de que los poderes de la Ley Bases se conviertan en pasado. Y que los poderosos reguladores se parezcan a una calabaza.
