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Federico Sturzenegger lucía radiante a horas de que se conocieran los últimos decretos que le permitieron las facultades delegadas a través de la Ley de Bases. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado ya tiene planes para lo que viene después de este 8 de julio.
La derogación de parte de los 700 mil decretos históricos, pero aún vigentes; una participación activa en los lineamientos que, a través del Pacto de Mayo, el Gobierno se plantea para 2026 y, sobre todo, seguir reduciendo el tamaño del Estado, están entre los objetivos de Sturzenegger.
Cerca del ministro resaltan que los 65 decretos delegados enumerados ayer representan el 5% de lo que hizo en su gestión. Hasta acá, es reconocido internamente por haber “simplificado y achicado el Estado”, como mencionan en el Palacio de Gobierno. Allí agregan que redujo en 50 mil los puestos de empleados públicos, con “un ahorro de 2 mil millones de dólares”.
En esa línea sostienen uno de los indicios de lo que vendrá: “Estamos mucho mejor que lo que encontramos, pero aún estamos muy lejos del tamaño que debe tener el Estado”, dicen sobre la motosierra que seguirá funcionando.
Además de eso, según pudo reconstruir LA NACION en la Casa Rosada, Sturzenegger y su equipo planean revisar 700 mil decretos que se firmaron a lo largo de la historia del país, algunos de los cuales ni siquiera están digitalizados. Buscarán ver qué hay en cada uno de ellos y derogando aquellos que ya no están vigentes por diferentes motivos y que “pueden complicar hasta las cosas más insólitas”, dicen en Balcarce 50.
La revisación empezó de adelante hacia atrás. Los primeros fueron los que llevaban la firma del expresidente Alberto Fernández, “donde estábamos seguros que íbamos a encontrar muchas cosas inútiles”, ironizan en la Rosada. Luego se avanzó por las gestiones de Cristina Kirchner.
Con Inteligencia Artificial (IA) esperan agilizar la búsqueda de esos miles de decretos y poder resolver sobre ellos. En la agenda de lo que viene también están en la mira tanto la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Ninguno cerrará, pero sí está previsto una “revisión de competencias” para la primera, en la que ya trabaja Sturzenegger junto al ministro de Salud, Mario Lugones. Por otro lado, con el INTA se prevé reducción de personal y revisión de los estudios que hacen: “Lo que sea más necesario para el sector productivo es lo que prevalecerá”, resumen.
Sobre el Instituto ponen bajo la lupa que duplicó su planta de 3.000 a 6.000 empleados durante el kirchnerismo, según enumeran, y en las 116 mil hectáreas cuya explotación mirará de cerca el Gobierno.
Con miras a una reforma de fondo, observan lo que sucederá el año próximo en el Congreso de la Nación, con lo que son los preceptos del Pacto de Mayo “como guía”. Fundamentalmente la reforma laboral primero y la previsional después. La reforma tributaria, otro de los ítems del Consejo, quedarían afuera del alcance de la cartera, por estar bajo la órbita de Hacienda.
