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“Nadie que entró se fue ni se irá nunca de la Aduana”. La sentencia sale de boca de un conocedor de los pasillos del edificio de Azopardo 350, donde funciona la sede porteña de la Dirección General de Aduanas, la entidad más antigua del país, hoy en el ojo de la tormenta por su responsabilidad en el ingreso, el 25 de febrero pasado, del avión privado propiedad del empresario Leonardo Scatturice, con Laura Belén Arrieta como única pasajera y -sobre todo- con diez bultos que no fueron revisados en su totalidad, antes de que el jet siguiera viaje el 5 de marzo hacia Francia, luego de varios días en un hangar de Aeroparque.
Nacida en el siglo XVI con la llegada del adelantado Pedro de Mendoza a estas tierras, la Aduana fue, a la vez, el órgano encargado del control de los bienes que ingresan y salen del país, y foco de sospechas de contrabando y corrupción. Los distintos gobiernos han designado personas de su confianza en la dirección general de la Aduana, mientras las subdirecciones-cuatro en la actualidad-son ocupadas por funcionarios de carrera, que resisten el paso de las distintas administraciones.
En el actual organigrama, la Aduana depende de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex AFIP, órgano autárquico bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Juan Pazo, hasta hace poco, miembro del equipo del ministro Luis “Toto” Caputo, y con un fugaz paso como secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, también durante la gestión libertaria.
Integrante del gobierno de Mauricio Macri al igual que Caputo, Pazo dio hoy las primeras explicaciones sobre el caso del avión.
“Cuando hicimos este sumario, la Aduana no detectó ninguna irregularidad y la Justicia continuó investigando. Ahora es tiempo de darle al juzgado de Pablo Yadarola la posibilidad de seguir delante con la investigación”, explicó Pazo. Ayer, sin embargo, los fiscales aportaron pruebas que demostrarían lo contrario, que hubo fallas en el control.
En relación a la responsabilidad específica de la Aduana en el caso, que es la del control del equipaje, Pazo sostuvo que “no se escanea el 100% de las valijas y del equipaje que viene a la República Argentina”, sobre todo de país con una tradición de controles estrictos, como Estados Unidos.
Debajo de Pazo, en el organigrama oficial aparece el director general de Aduanas, José Andrés Velis, nombrado vía decreto en octubre del año pasado, con la firma del presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Dos fuentes vinculadas al sector definen a Velis como un “funcionario idóneo” y de “perfil bajo”, que en los hechos responde al multifacético asesor presidencial Santiago Caputo, cuyo heterogéneo área de influencia incluye los ministerios de Salud y Justicia, la Side e YPF, entre otros.
Debajo de Velis aparecen cuatro subdirectores: Marcelo Fabián Mignone (técnico legal aduanero); el ingeniero Marcelo Alejandro Sosa (operaciones aduaneras metropolitanas); Horacio Raúl Alasia (operaciones de Interior) y el abogado Juan Manuel Francia (control aduanero), todos de larga carrera en la Aduana. Funcionarios de administraciones anteriores relacionan a Mignone con Ricardo Echegaray, quien fuera titular de la AFIP y director general de Aduanas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “Echegaray nombró y ascendió a un montón de funcionarios que hoy están en rangos altos y en subdirecciones. El tampoco se terminó de ir de la Aduana”, comentó otra fuente informada de lo que ocurre puertas adentro del organismo de control.
Las mismas fuentes recuerdan que luego de la extensa gestión de Echegaray, esos mismos subdirectores “sobrevivieron” a las gestiones en la Aduana de Juan José Gómez Centurión (apartado luego de una denuncia de corrupción) y de Diego Dávila, a cargo durante el gobierno de Cambiemos. También hay “sobrevivientes” de la gestión del entrerriano Guillermo Michel, que ya había trabajado en la Aduana con Echegaray, y que es, desde hace años, cercano a Sergio Massa. Ante la consulta de LA NACION, cerca de Michel rechazaron que el hoy pre-candidato a diputado nacional por Entre Ríos tenga vinculación alguna con el funcionamiento actual de la Aduana.
En la misma línea de Pazo, la Casa Rosada, el Ministerio de Economía y la Aduana insisten en que “la Justicia es la que debe hablar”, y que no emitirán más opiniones sobre el asunto. Al igual que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Migraciones, que debían controlar distintas etapas de la llegada del avión y su tripulación, la Aduana está hoy en el ojo del huracán por las derivaciones de la llegada y salida del misterioso avión de Leonardo Scatturice, un empresario cercano al Gobierno.
