Las claves de la reforma del INTA: qué dice el decreto del Gobierno

Luego de meses de anticipos, el Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial el decreto 462/2025, por el cual modificó a fondo 5 organismos estatales relacionados a lo agropecuario.

Por un lado, disolvió el Instituto Nacional de Semillas, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cñamo y del Cannabis Medicinal.

Y a la par, dispuso una transformación profunda en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).

El caso que generó más debate en la previa fue, sin dudas, el del INTA, que goza de una alta estima en la opinión pública, en sentido federal, aunque entre los que lo apoyan y reconocen sus méritos avalan la necesidad de cambios.

Finalmente, la discusión entre productores y dirigentes ruralistas con los funcionarios libertarios parece haberse resuelto con relativa consideración de las advertencias surgidas desde el sector privado, porque si bien el INTA perderá su autarquía administrativa y se reformulará su funcionamiento, en principio mantendrá sus funciones tradicionales y no se fusionará con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Así las cosas, la filosofía impulsada por el presidente Javier Milei y su ministro de Desregulación, Federico Sturzzeneger, parece haber dado lugar a las inquietudes planteadas por la Mesa de Enlace y otros referentes agroindustriales, que en los debates internos del gobierno nacional fueron transmitidas por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y su mentor político, Juan Pazo, actual jefe del ARCA, y que todavía conserva una voz determinante en los aspectos oficiales ligados a lo agropecuario.

En concreto, el actual presidente del INTA, Nicolás Bronzovich conducirá el organismo, ahora sin director nacional, y liderando un consejo técnico de otros siete miembros que serán designados por él, cuatro de ellos a propuesta de “las entidades agropecuarias”. Hasta ahora había un consejo de 10 miembros, entre los cuales 7 votos representaban a entidades agropecuarias y a las facultades de Agronomía y Veterinaria.

El poder del presidente pasa a ser plenipotenciario, ya que podrá desempatar en caso de empate, por lo cual sumando su voto y los de los tres que designará la Secretaría de Agricultura, se asegura que aunque los 4 representantes de las entidades opinen lo contrario se produciría un empate, y el presidente tendrá doble voto para desempatar.

Se estipuló que más allá de los mecanismos de elección de los nombres, que definirá una próxima reglamentación, “los miembros del Consejo Técnico deberán tener reconocida versación y notoria experiencia en materia agropecuaria y poseer, al menos cuatro de ellos, título de grado universitario. Durarán cuatro años en sus funciones, con posibilidad de ser reelegidos”.

Además, “el Consejo Técnico se renovará por mitades en cada bienio, a cuyo efecto se seleccionará por sorteo los que deban salir en el primer período. Para alcanzar el quorum para sesionar, el Consejo Técnico requerirá de la presencia del Presidente y de al menos cuatro miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes”.

El INTA mantendrá el nombre creado en 1956 y, tras eliminar su condición de órgano autárquico, en el reformulado artículo 1° de su normativa fundacional, se mantiene el sentido de la Ley 21.680: “para impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias en todo el territorio nacional y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales de la tecnificación y el mejoramiento de la industria agropecuaria y de la vida rural”.

Uno de los cambios estructurales será que el INTA (con su presidente con el poder de decisión referido) determinará los Centros de Investigación, Centros Regionales, Estaciones Experimentales, Institutos de Investigación y Laboratorios necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. Hasta ahora, el organismo autárquico estaba facultado para crea, ampliar y realizar obras, trabajos y demás servicios necesarios”.

En el decreto de este martes no se detallaron las reducciones de personal anunciadas y se indicó que hasta tanto se instrumenten las medidas reglamentarias todo el personal mantendrá sus condiciones.

Respecto de los bienes, se estableció que los de los inmuebles y vehículos de los organismos disueltos pasarán a la Administración de Bienes del Estado (AABE) y en el caso de los organismos transformados, los titulares deberán remitir a la AABE:

a. un listado completo y actualizado de la flota automotor, aérea, naval, así como de la maquinaria agrícola, industrial y vial asignada a dichos organismos;

b. la información actualizada de bienes inmuebles asignados a dichos organismos a que refiere el Registro Nacional de Bienes inmuebles del Estado (RENABE); y

c. un inventario de los inmuebles en alquiler, consignando la misma información requerida que en el RENABE, junto con el monto de los cánones de alquiler que se abona.

Los bienes inmuebles y vehículos identificados como sin uso o innecesarios serán transferidos a la AABE, para su reasignación a otras jurisdicciones o entidades o bien para su disposición y/o enajenación.