Aranceles: los puntos de conflicto entre Estados Unidos y Argentina en la negociación comercial

Cuando el 20 de febrero pasado la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) anunció que buscaba opiniones del público para identificar y abordar las prácticas comerciales exteriores consideradas por Washington «desleales y no recíprocas» con el mundo, nada sorprendió. Luego explotaban los modos, y los reclamos comerciales de Donald Trump para revertir el déficit comercial de ese país con el mundo ya se imponían en el llamado Memorándum Presidencial de Política Comercial «América Primero» y del Memorándum Presidencial sobre Comercio y Aranceles Recíprocos.

Para entonces, el presidente Javier Milei estaba obsesionado con firmar un Acuerdo de Libre Comercio con Donald Trump, y se mostraba dispuesto a sacar a la Argentina del Mercosur si hacía falta para acordar con Estados Unidos.

Pero luego, los equipos de Economía y los pocos que pueden opinar desde la Cancillería advertían que era imposible salir del Mercosur sin acuerdo del Congreso y, peor aún, Trump embarcaba al mundo en una tormenta arancelaria de subas y bajas a China, a sus aliados y a sus enemigos. La ilusión de un tratado de libre comercio con Argentina se esfumaba.

Desde el Gobierno han deslizado a periodistas en Washington que Trump estaría dispuesto a liberar con arancel cero un 80% de productos argentinos que entran en los Estados Unidos.

Pero quienes desconfían de esa negociación sostienen que el desafío del oficialismo es lograr que Trump le baje el arancel, no a un universo del 80% de los productos que no tienen una llegada importante al mercado estadounidense, sino a aquellos verdaderamente afectados por el arancel del 25% que aplicó en acero y aluminio -que alcanza a Techint y Aluar- o para aquellos a los que les aplicó un 10%.

Esta suba universal que dispuso como un gesto a sus aliados -entre ellos Argentina- ya es mucho para el histórico arancel de 2,5% que mantenía este país con Estados Unidos. Además, sigue sin resolverse la entrada del biodiesel argentino y es un misterio lo que deberán pagar los limones tucumanos.

Hay otro punto de fuerte conflicto y se reflejó en el informe de la USTR de 2025 por el que,Estados Unidos se abocará con énfasis a resolver problemas pendientes con Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, los miembros de la Unión Europea, India, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Suiza, Taiwán, Tailandia, Turquía, el Reino Unido y Vietnam. Estos dos últimos son los únicos que firmaron acuerdos comerciales con Trump al momento.

Los puntos conflictivos con Argentina en la negociación arancelaria que ahora llevan el ministro Luis Caputo y el canciller Gerardo Werthein ya habían sido escuchados durante los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. También fueron presentados a Milei por la excanciller Diana Mondino y quien fue su secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Marcelo Cima.

La administración de Trump reclama con énfasis, como lo hicieron los demócratas, que Argentina se aleje de China en los sectores más sensibles -militar, comunicaciones, puertos, Hidrovía-. Pero sobre todo exige una nueva ley de propiedad intelectual que desregule el sector y, en ese tren, hay dos temas importantes. Por un lado, la apertura de patentes farmacéuticas y por el otro marcas.

El Gobierno avanzó con la primera cuestión, la que le parecía «más fácil». El 22 de mayo pasado la Policía Federal ingresó al complejo de La Salada, la megaferia de productos de piratería más grande de Latinoamérica, ubicada en Ingeniero Budge (Lomas de Zamora) y la clausuró. En una ola de allanamientos arrestó al llamado «Rey de La Salada», Jorge Castillo, y a su administrador, Aldo Presa, mientras otros siguen prófugos. Fue, en los hechos, un gesto a Washington. Días después, se permitió la reapertura con la orden de que todo fuera en blanco.

Pero hay un tema más que está en veremos y es el de patentes farmacéuticas, por las presiones de los laboratorios nacionales, por un lado, y de los internacionales, por el otro.

“A propósito de Werthein y Washington: ¿qué hay de cierto sobre un conflicto entre la poderosa Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) y la Cancillería argentina, por las reglas sobre propiedad intelectual, que afectan a la industria farmacéutica? El diferendo, que comenzaba a resolverse con Diana Mondino, se reabrió con Werthein, a quien se reconoce como gran amigo de los laboratorios nacionales”, se preguntó el jueves el analista Carlos Pagni en La Nación, en relación con el tema sensible para el canciller, quien es él mismo empresario y mantiene estrechos vínculos con familias ligadas al sector farmacéutico local.

En ese tren, la pelea es que Argentina firme de una vez por todas el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un beneficio, desregulación y abaratamiento de los trámites para los inventores y científicos argentinos (inventores individuales, empresas nacionales, CONICET, universidades).

Quienes lo defienden afirman que será un incentivo a la inversión, pero los laboratorios nacionales afirman que será su destrucción. Más allá de ello, Argentina está junto a los pocos países que no lo han firmado, como Venezuela, Bolivia, Pakistán, Afganistán.

La Cancillería estaría resistiendo la rúbrica, según aseguran en Washington, mientras que Federico Sturzenegger, por el contrario, es partidario de hacerlo.

En ese ir y venir, Trump envió ya al menos 15 de las cartas que prometió días atrás a sus socios para informarles cuál sería el esquema arancelario de sus respectivos países con EE.UU. Poco después abrió un duro conflicto con Lula da Silva por la suba del 50% en el arancel a los productos brasileños y le exigió el fin de las investigaciones judiciales contra Jair Bolsonaro. El jueves abrió otro frente con Canadá, al que le va a subir el 35%.

Por eso, para el Gobierno, por más alianza de Milei con Trump, la política arancelaria real con EE.UU. seguía siendo este viernes impredecible.

NE