Reglamentaron el nuevo sistema para resolver conflictos en Salud: cómo funcionará el PROMESA

El mesa pasado, el Gobierno aprobó la implementación de un procedimiento que permite la resolución de reclamos de los usuarios del sistema de Salud de manera prejudicial, garantizándoles, detallaron, «una respuesta eficiente y optimizando el uso de los recursos disponibles». Este viernes, se dio a conocer su reglamentación.

El “Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud” (PROMESA), como se denominó, está bajo la órbita del Ministerio de Justicia y propone una instancia de mediación optativa, previa a la interposición una acción judicial, para controversias que involucren a obras sociales, seguro de salud o medicina prepaga «a fin de facilitar la solución consensuada, reducir la judicialización y promover una respuesta institucional temprana y eficiente».

Esta herramienta, creada a través del Decreto 379/2025, requerirá de la figura de mediadores, y según la resolución, «dada la especificidad de este tipo de conflictos», tendrán que completar una capacitación y pautas «para los exámenes de idoneidad que deberán realizar para contar con una formación inicial adecuada, actualización continua y evaluación objetiva».

Se establece entonces que los aspirantes a mediadores deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Mediación con una antigüedad mayor a un año y no poseer sanciones vigentes al momento de la solicitud.

Para garantizar la disponibilidad de profesionales aptos durante la etapa inicial, se aclara que «por el plazo de un año, este requisito se considerará cumplido para profesionales inscriptos en los registros provinciales con una antigüedad mayor a un año en su registro provincial respectivo».

¿Cómo se financiará? El fondo de financiamiento tendrá a su cargo el pago del honorario al mediador cuando el trámite finalice sin acuerdo. En los casos en los que haya condena en costas en sede judicial, «el requerido deberá reintegrar al fondo el honorario abonado al mediador». Para asegurar la transparencia y el recupero, detalla la reglamentación, habrá convenios con el Poder Judicial de la Nación para el seguimiento de las causas.

«En un contexto donde la litigiosidad en materia de salud ha experimentado un aumento significativo en los últimos años, retrasando soluciones y multiplicando gastos la reglamentación del PROMESA reafirma el compromiso del Gobierno nacional con una justicia eficiente y propone una alternativa clara: menos tribunales, más acuerdos. Se terminó el negocio de judicializar todo. La prioridad es que los recursos lleguen a las personas, no a la burocracia», comunicaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.

En el anexo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dio lugar a esta herramienta se aclaró que la participación de las partes en las audiencias de mediación en el marco del PROMESA requerirá de patrocinio o representación letrada y se prevé asistencia jurídica gratuita para quienes no cuenten con recursos suficientes.

Y que el procedimiento establece plazos breves (entre 5 y 7 días) para las actuaciones del mediador y para la realización de las audiencias.

¿Cómo se controlará su funcionamiento? Las autoridades del Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Servicios de Salud designarán enlaces técnicos permanentes para reuniones periódicas. «Deberán garantizar el intercambio de información, el control de alertas sanitarias, la comparecencia del Estado nacional, la cantidad de acuerdos y su cumplimiento, y el grado de judicialización», se detalla.

La reglamentación también determina que incluso para casos ya judicializados, los magistrados podrán derivar las causas al PROMESA de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, «siempre con el consentimiento expreso de la parte actora y una decisión judicial motivada».

Para ampliar el alcance y el impacto del PROMESA, como explicaron desde Salud a Clarín, las entidades que brindan servicios de salud y que no hayan sido alcanzadas por esta medida podrán adherir voluntariamente. Esas entidades ejemplificaron, son las obras sociales provinciales o los regímenes especiales, como IOSFA (brinda servicios de salud al Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas -Ejército Argentino).

Cuando se anunció el PROMESA, Salud informó que desde 2022 se produjo un aumento persistente en el número de amparos iniciados donde intervino el Ministerio de Salud, registrándose en 2023 una suba porcentual del 20,62% respecto del año previo, mientras que en 2024 el aumento fue del 471,79% respecto al 2023.

AS