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CÓRDOBA.- El frente de los gobernadores mantiene su decisión de que la Cámara de Diputados apruebe los dos proyectos que impulsó y que tienen media sanción del Senado. Plantean que si son convocados por la Casa Rosada para dialogar, aceptarán, pero no están dispuestos a renunciar a los recursos del fondo de ATN (se conforma con la coparticipación) y a la distribución del impuesto a los combustibles líquidos que va a tres fondos fiduciarios. Sobre ese punto “no hay marcha atrás”, insisten.
La distribución propuesta alcanza los $2.308 millones entre agosto y diciembre de este año; de los que $1.291 millones van a las provincias. En el caso del fondo de los ATN, que solo repartió el 20% de lo reunido, el costo fiscal que calculan para Nación es de 0,03% del PBI ($253.000 millones) y el de la reasignación del dinero de los fiduciarios, 0,08% ($714.000 millones).
Aunque Guillermo Francos, trató de calmar los ánimos y sostuvo que “no todos los gobernadores son iguales”, los mandatarios admiten que la figura del jefe de Gabinete está “desgastada”. Algo similar, “pero menos”, refieren algunos sobre Santiago Caputo, a quien ven “corrido” del núcleo de decisiones libertario.
Desde el grupo de lo que era Juntos por el Cambio (JxC), varios dicen que la Nación tiene márgenes para negociar para sostener el veto al paquete previsional (suba de jubilaciones, bono y moratoria) sancionado por el Senado. Pero ninguno se baja del reclamo por “los fondos que les pertenecen a las provincias”.
Tal como contó este diario hace varias semanas, que los 23 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño firmaran los proyectos fue una “garantía” para que “ninguno sacara los pies del plato”.
Algunos de ese grupo que no tienen senadores –Marcelo Orrego, Claudio Poggi y Carlos Sadir– sí tienen diputados con lo que podrían aportar votos para sostener el veto. La expectativa está en qué piezas está dispuesta a mover la Rosada.
El jujeño Sadir dijo que “no es que todos queremos perjudicar al Gobierno; a lo largo de este tiempo que está gobernando el Presidente Milei, hemos colaborado y mucho para que el gobierno llegue y tenga esta situación de equilibrio y superávit”. También recordó que fue con “diálogo” que se superaron las diferencias que hubo con la Ley de Bases.
“Si lo que quieren es vernos en el piso y pasarnos por arriba, la situación se hace muy compleja”, insiste uno de los gobernadores que más cercano a Nación se mostró en todo este tiempo. Incluso después de que en el acto del 9 de Julio el Presidente los criticara duramente, ese grupo sostuvo que solo avalaría los dos proyectos acordados por todos, no el resto de iniciativas. Horas después el correntino Gustavo Váldes tomó otra opción.
En Diputados los dos proyectos de ley van a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario José Luis Espert, y a la de Finanzas, a cargo de Alberto Benegas Lynch. “Ambos intentarán dormirlos para ganar tiempo”, razona un mandatario.
El viernes por la tarde ya había malestar extra porque los giraban “a varias comisiones más, sin ningún sentido”. Es el presidente del cuerpo, Martín Menem, quien resuelve ese tema. “Ya se le dijo que no haga pases abusivos porque habrá problemas”, desliza un legislador provincial.
Los gobernadores apuntan que, si quieren, también tienen el número de votos para tratarlos sobre tablas. Todo está atado a la dinámica que tome el conflicto abierto con Nación.
Oxígeno financiero
En las reuniones que los gobernadores mantuvieron con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman les dijo que si eliminaban los fiduciarios -un objetivo que el propio Milei se propuso desde antes de asumir- también le daban las rutas para que las mantuvieran. Claro que no todas las rutas del país se sostienen con esos fondos; la mayor parte están a cargo de Vialidad, disuelta hace unos días.
En el caso de los ATN la iniciativa plantea distribuir de manera automática y diaria el 100% de los recursos que ingresan al fondo siguiendo el esquema de la coparticipación. De esa manera, precisa un informe del Programa de Asistencia Legislativa del Ieral de la Fundación Mediterránea, Nación “ya no podría disponer discrecionalmente de los montos devengados, pero pasará a formar parte del reparto automático propuesto. Mientras que en el diseño original el 100% de los fondos debían ser distribuidos entre las provincias, de aprobarse el gobierno nacional pasaría a recibir un 41,2% de la distribución”.
Señala que, no obstante, si se evalúa desde los hechos que primaron en los últimos años, la “Nación perderá financiamiento. Por ejemplo, entre 2024 y lo que va de 2025, gracias a la sub ejecución del fondo la Nación se apropió de casi el 90% de los recursos”.
Por el lado de las provincias, la mayoría ganaría. En función de los recursos recibidos por ATN en los últimos tres semestres (2024 y 2025), “salvo Chubut, todas las jurisdicciones tendrían mejoras respecto a lo recibido desde 2024. Córdoba sería la más beneficiada con ingresos adicionales”.
