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Una nueva legislación aprobada en Florida busca agilizar la rehabilitación de terrenos contaminados y olvidados, conocidos como brownfields, al ofrecer incentivos fiscales concretos y flexibilizaciones regulatorias. Desde el 1° de julio, la HB 733, firmada por Ron DeSantis, modificó el marco normativo del programa estatal de revitalización de estas áreas, con el objetivo de acelerar su transformación en zonas útiles para viviendas, parques, desarrollos comerciales o actividades industriales.
Qué cambia con la HB 733: flexibilización regulatoria y nuevas definiciones
La ley HB 733 reformó varias secciones del estatuto ambiental de Florida, al redefinir lo que se considera un brownfield site y facilitar su limpieza sin necesidad de cumplir con los controles institucionales previos, en algunos casos.
También introdujo distinciones clave entre lo que se entiende por “área marrón” y “sitio marrón”, e hizo ajustes que permiten considerar la rehabilitación de porciones específicas de sitios contaminados, incluso si otras zonas colindantes siguen afectadas.
- Se eliminó la obligación de que los dueños de propiedades con controles institucionales presenten información para los mapas de planificación local.
- Los gobiernos locales ya no están obligados a reflejar esos controles en sus planos urbanísticos, y deben retirar esas referencias si el Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés) emite una orden de “rehabilitación completada” sin controles institucionales.
- Se redefinió brownfield area como un espacio contiguo con uno o más sitios contaminados, aunque algunos de ellos no lo estén efectivamente.
- El concepto de brownfield site se reservó para la parcela específica que figura en el acuerdo formal de rehabilitación ambiental, firmado por quien se compromete a sanearla y por el DEP o por el organismo local habilitado.
- Se habilitó la posibilidad de emitir órdenes de “rehabilitación completada” incluso si el sitio forma parte de una zona contaminada más amplia, siempre que se demuestre que el área intervenida cumple con los estándares de limpieza requeridos.
Incentivos fiscales: créditos tributarios para quienes rehabiliten brownfields
Uno de los núcleos de la HB 733 es el fortalecimiento del sistema de incentivos económicos, en particular a través de créditos fiscales, para quienes limpien y reutilicen terrenos incluidos en el programa de brownfields del estado. Las modificaciones apuntaron a ampliar el alcance de estos beneficios, facilitar su tramitación y reconocer nuevos tipos de gastos como deducibles.
- Quienes completen la rehabilitación de un sitio y reciban la certificación del DEP pueden reclamar un 25% adicional de los costos de limpieza, con un tope de 500 mil dólares. El reclamo debe presentarse en un plazo de hasta dos años desde que se obtiene la orden de rehabilitación completada.
- Si el terreno rehabilitado se destina a viviendas accesibles, se puede reclamar otro 25% adicional, también con un tope de US$500 mil. Para ello, es necesario contar con una certificación emitida por la Florida Housing Finance Corporation o alguna otra entidad gubernamental.
- Por primera vez, la ley permite incluir como gastos deducibles aquellos vinculados a la remoción de residuos sólidos. Esta categoría abarca desde la excavación y traslado hasta la disposición final del material en vertederos autorizados.
- Para reclamar ese beneficio, los solicitantes deben demostrar que el sitio no funcionó como vertedero autorizado ni recibió residuos a cambio de pago. El crédito fiscal por remoción de residuos puede cubrir el 50% de los costos, hasta un máximo de US$500 mil.
- La solicitud correspondiente a este último beneficio puede presentarse una única vez por sitio, y queda exceptuada del límite de una presentación anual que rige para otros créditos.
Según el nuevo texto legal, el Departamento de Protección Ambiental de Florida debe informar a los solicitantes, a más tardar el 1° de junio de cada año, si califican para recibir estos créditos. Además, el plazo para responder a observaciones o rectificaciones de solicitudes se amplió de 90 a 120 días, lo que ofrece más margen para resolver trámites pendientes.
