//
Las autoridades nacionales consideran una herramienta vital para la prevención de delitos la observación de aquello que sucede en el mundo digital. Así quedó expuesto en la reforma de las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad federales, que se concretó en los últimos días. Esa medida, que en el Ministerio de Seguridad Nacional se posiciona como un elemento central en el nuevo enfoque de investigaciones criminales, es conocida como ciberpatrullaje. Y en ese sentido, se dio un paso más con la publicación en el Boletín Oficial del protocolo de actuación para agentes encubiertos digitales. Se creó, además, por resolución de la ministra Patricia Bullrich un registro de avatares, esto es de las identidades e imágenes falsas que los detectives podrán utilizar para pasar inadvertidos en las pesquisas en la web.
En principio, se establece la forma en que se asignará el seguimiento digital de un posible delito. Ese protocolo marca la participación judicial. “Recibido en la Unidad Especial de Agentes Encubiertos el oficio judicial por el que se ordena la utilización de un agente encubierto digital en una investigación penal determinada, la precitada unidad especial procederá a solicitar al titular de la fuerza policial o de seguridad federal interviniente que proponga un agente que reúna las condiciones de idoneidad y capacitación requeridas por la Ley N° 27.319″, se informó en la resolución.
Esa citada ley hace referencia a la norma promulgada en 2016 sobre nuevas herramientas de investigación y señala como campo de acción a los delitos referidos a tráfico, acopio y venta de drogas, trata de personas, secuestros extorsivos, extorsiones, delitos contra el orden financiero y económico y crímenes cometidos por grupos de más de tres personas, considerándose una asociación ilícita de acuerdo con la definición del Código Penal.
Aquellos agentes que se muevan en el mundo digital tendrán a disposición imágenes especiales para reforzar su cobertura. Con la creación del registro de avatares, las autoridades procuran tener la posibilidad de supervisar la actividad del “infiltrado” en el momento del cierre del caso, ya que su identidad falsa e imagen adoptada quedarán anotadas bajo condiciones de acceso restringido.
“Las fuerzas policiales y de seguridad federales y el CS5 dependiente de la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos deberán crear identidades digitales ficticias (’avatares’), de conformidad con los perfiles que indique la Unidad especial de Agentes Encubiertos. Los avatares quedarán a disposición de los agentes encubiertos digitales y de los agentes reveladores digitales para su utilización procesal. Todos los avatares generados deberán ser informados a la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, que los registrará bajo un código secreto y único.
La mencionada ley N° 27.319 votada en el Congreso en 2016 para definir herramientas especiales de investigación frente a delitos complejos forma parte de los argumentos indicados por el Ministerio de Seguridad Nacional para impulsar a los agentes encubiertos digitales y a sus avatares. Desde la sanción de la Ley N° 27.319, se ha desarrollado en forma exponencial la utilización de sitios web y redes sociales para la comisión de diversos delitos, lo que impone la necesidad de actuar en tales escenarios. En razón de ello, resulta necesario incorporar protocolos específicos para las figuras de agente encubierto digital y agente revelador digital, de modo de adaptarse a las nuevas formas de criminalidad detectadas», se fundamentó en la resolución ministerial.
Otra de las resoluciones publicadas en las últimas horas en el Boletín Oficial empalma con la medida consignada. Es que se decidió la creación de resolvió “un Consejo Académico Asesor ad-honorem para la Unidad de Agentes Encubiertos conformado por jueces y fiscales, funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional y oficiales de alta jerarquía de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.
Ese organismo estará presidido por el camarista Ricardo Basílico y se encargará de establecer las pautas pautas y el contenido de la capacitación de los Agentes Encubiertos para maximizar la eficiencia en las investigaciones judiciales y para minimizar los riesgos de los agentes al intervenir en las organizaciones criminales».
Los funcionarios recordaron que esas tareas deberán realizarse dentro de los límites y parámetros establecidos por la Ley de Inteligencia, que prohíbe hacer recolección de todo tipo de información sobre actividades de los ciudadanos en materias sociales, políticas y económicas, siempre y cuando no tengan que ver con un delito.
Puntualizaron que, de hecho, es tarea rutinaria la pesquisa en redes para buscar actividades ilegales, como por ejemplo, la venta ilegal de armas o la comercialización de artículos robados, o para buscar a prófugos de la Justicia. Incluso, son absolutamente necesarias en la persecución de delitos originados directamente en las redes y la web, como ciberestafas o grooming.
En el Congreso, en tanto, se reunió la Comisión Bicameral de Seguimiento de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior para analizar los cambios previstos por el Ministerio de Seguridad Nacional y surgieron voces críticas desde la oposición, postura que lideró el el diputado Jorge Glinsky, exdirector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) durante el gobierno de Alberto Fernández. La posición del ministerio fue sostenida ante los legisladores por Diego Fleitas Ortiz de Rozas, director nacional de Transformación Institucional, y Federico Tassara, director de Ingreso y Carrera.
Más allá de lo expuesto en el Congreso, la posición opositora sobre el ciberpatrullaje ya había sido fijada en el momento de conocerse la reforma de la ley orgánica de la Policía Federal Argentina. Y en esas circunstancias, una de las personas que trabajaron en esa reforma dijo a LA NACION: “Es una mala lectura de lo que pueden hacer las fuerzas en ese tema. Hoy es imposible pensar en investigar redes criminales dejando de lado sus movimientos en las redes públicas”.
