El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de las coimas, la mayor causa de corrupción que se investiga en la Argentina y donde Cristina Kirchner es la principal acusada, no tiene vuelta atrás: el tribunal oral a cargo del proceso convocó para el 24 de septiembre a una audiencia para organizar el debate oral que comenzará el 6 de noviembre.

Con la decisión de los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli −a la que accedió LA NACION− quedó allanado el camino para el juicio que deberán afrontar más de 150 imputados, entre ellos Cristina Kirchner y otros exfuncionarios, y la mayoría de los empresarios que tenían contratos con el Estado.

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Se juzgará una maniobra, puesta al descubierto tras una investigación de LA NACION, que consistió en un mecanismo de recaudación de sobornos que pedían los funcionarios a los empresarios para mantener sus contratos de obra pública y otros servicios.

Numerosos empresarios declararon como “arrepentidos” y admitieron estos pagos, mientras que exfuncionarios reconocieron los cobros. Los pagos quedaron registrados en los cuadernos del chofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno, que registró sus viajes y la sumas de dinero que recogía en las sedes de las empresas.

Entre los exfuncionarios están acusados el ministro Julio De Vido, y su mano derecha, Roberto Baratta, que tenía a Centeno como chofer.

Se la conoce como el caso de los cuadernos de las coimas, cuando en realidad son seis causas acumuladas en un solo proceso, que por la cantidad de imputados amenaza con ser muy extenso, dada además la cantidad de testigos, que son 626.

Para simplificar el proceso y organizarlo, los jueces convocaron a un Zoom el 24 de septiembre. En esa ocasión, los jueces invitarán a las defensas y a la fiscal del juicio, Fabiana León, a que evalúen qué pruebas son necesarias y cuáles no, para no demorar el caso,

“Invitar a las partes a, eventualmente, limitar la prueba sobre la que versará el juicio oral y público a realizarse en las presentes actuaciones, a aquella que resulte de imprescindible producción y evitar la reiteración de las efectuadas para la acreditación de hechos notorios no controvertidos”, escribieron los jueces en su resolución.

Con esta reunión, el proceso −gigantesco y sobre el que muchos apostaban que no iba a prosperar− no tiene vuelta atrás, interpretaron en los tribunales.

Revés para Wagner

Asimismo, este jueves la Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo de Carlos Wagner, uno de los empresarios acusados en el caso, con el que buscaba reabrir en el máximo tribunal la discusión sobre cómo fue asignado inicialmente el expediente al juzgado de instrucción de Claudio Bonadio y aspectos relacionados a su acuerdo de colaboración como “arrepentido”.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte rechazó el recurso de queja de la defensa del empresario porque no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), es uno de los 31 imputados arrepentidos en el caso.

En la instrucción, al declarar como “arrepentido”, el empresario, que había sido detenido inicialmente por orden del juez, confesó que pagó coimas y describió cómo funcionaba el sistema de cartelización de la obra pública a través de determinadas empresas que recibían contratos en la gestión del kirchnerismo.

Según aseguró, negociaba con el exministro de Planificación De Vido la entrega de los adelantos de obra que pagaba el Estado.

Describió los montos y porcentajes de los sobornos y señaló que otra forma de pagar era devolviendo una porción del dinero que recibían como certificados de obra. Quedó procesado como uno de los miembros de la asociación ilícita, junto con Cristina Kirchner, considerada la jefa.

Sin embargo, con el caso ya elevado a juicio, la defensa de Wagner pidió la nulidad de toda la causa al asegurar que su declaración fue bajo presión y dijo que hubo “forum shopping” en la causa, para direccionarla al juzgado de Bonadio y la fiscalía de Carlos Stornelli.

En su presentación también había reclamado que fuera declarada inconstitucional la figura de la asociación ilícita.

El Tribunal Oral Federal N°7 rechazó esa presentación: dijo que los cuestionamientos a la asignación de la causa ya habían sido resueltos a inicios de la investigación y que Wagner no fue obligado a declarar contra sí mismo.

“No solo no se advierte perjuicio alguno” en la declaración de Wagner, ya que el empresario y su defensor “intervinieron y consintieron formal como materialmente el acto, sino además los efectos que su contribución le ha reportado”, señalaron los jueces.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la apelación. Ahora, la defensa buscó que fuera la Corte Suprema la que hiciera lugar a sus planteos, pero el máximo tribunal rechazó tomar la cuestión, con lo que el asunto se dirimirá en el juicio oral.