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El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó este viernes ante la Justicia de ese país el apoyo a la Argentina en la causa YPF. La decisión -que había sido adelantada por LA NACION– se efectivizó a través de un amicus curiae presentado por la madrugada ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
Este respaldo de la administración de Donald Trump, que llega luego de que obligaran al país a entregar 51% de las acciones de la compañía, se suma a otro que el Departamento de Justicia ya había expresado en noviembre de 2024, cuando gobernaba Joe Biden y se presentó una declaración ante la jueza Loretta Preska en defensa de la posición local, que es contraria a ceder la participación en la petrolera.
“El Tribunal debería suspender la orden de transferencia [de las acciones] a la espera de la resolución definitiva de la apelación de la Argentina”, pidieron desde el gobierno de Estados Unidos en el documento, al que accedió este medio.
Por su parte, en la Casa Rosada esta mañana celebraban el espaldarazo. “La situación cambió. El gobierno del presidente Milei logró que, en menos de un año y bajo dos administraciones diferentes (Biden y Trump), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apoye la posición argentina en esta causa”, celebraron en Balcarce 50 y hablaron de un «hecho significativo» para el país. “Refleja una política exterior coherente y clara, orientada a la defensa del interés nacional, y que también demuestra la seriedad de las presentaciones y la solidez de los argumentos jurídicos del Estado argentino”, dijeron.
Los motivos
En este amicus curiae de nueve páginas, el Departamento de Justicia enumeró los motivos por los que está en contra del fallo de Preska de primera instancia, que obliga a que la Argentina entregue las acciones.
Como punto principal, el descargo se referenció en la necesidad de una correcta aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera en virtud de una ley que regula esta cuestión, sancionada en Estados Unidos en 1976 (la FSIA), y del derecho de usos y costumbres federal de ese país.
“Estos asuntos pueden tener ramificaciones significativas para las relaciones exteriores de Estados Unidos, y afectar el trato recíproco de Estados Unidos y sus bienes en los tribunales de otras naciones”, señalaron desde el Departamento de Justicia y dijeron: “El gobierno [de Trump] presenta este memorando como amicus curiae en apoyo de la solicitud de la Argentina de una suspensión pendiente de apelación para permitir una presentación ordenada y una resolución adecuada de estas importantes cuestiones».
Según detallaron, la ley de transferencia estatal de Nueva York no puede invalidar la FSIA ni los principios de inmunidad de los extranjeros, como tampoco un Estado (en este caso, Estados Unidos) puede ejercer jurisdicción para hacer cumplir una norma en el territorio de otro Estado (la Argentina) sin su consentimiento.
“La inmunidad soberana extranjera en virtud de la FSIA y el derecho consuetudinario preexistente debe interpretarse de conformidad con el derecho internacional, de modo que continúe otorgando a los bienes de Estados extranjeros ubicados en el extranjero inmunidad absoluta contra la ejecución», marcaron.
Asimismo, consideraron que si la Argentina cumple con las órdenes de entrega exigidas por Preska y transfiere las acciones de YPF a los acreedores judiciales en Estados Unidos podría perder la posibilidad de reclamar su propiedad sobre esas acciones, incluso si tiene una decisión favorable en la apelación. “Por otro lado, exigir a la Argentina que constituya una fianza en espera de la apelación la obligaría a ubicar activos en Estados Unidos, que podrían entonces ser objeto de embargos”, expusieron también.
Por estos dos motivos, plantearon que la mejor medida sería dictar “una suspensión en espera de la apelación”, ya que esto “no perjudicará al demandante”.
Otro punto importante que el gobierno de Trump detalló es que la Argentina no va a deshacerse de las acciones de YPF porque para eso necesita autorización legislativa. “Si el demandante prevalece sobre el fondo, habrá experimentado un retraso de pago relativamente corto en estos casos de larga duración”, comentaron.
Dijeron también que la orden del tribunal de retirarle las acciones al país implica “importantes preocupaciones de política exterior para Estados Unidos» que “ameritan una suspensión en espera de la apelación”.
“La confiscación por parte de un tribunal de la propiedad de un Estado extranjero puede resultar en una ‘afrenta específica’ a dicho [Estado] soberano”, remarcaron y entonces recomendaron que estas cuestiones deben resolverse “de fondo” sin una “imposición apresurada de una orden de transferencia”, que podría derivar en “efectos negativos” en las relaciones exteriores de Estados Unidos.
