En Argentina, el sistema judicial desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos y garantías constitucionales. Sin embargo, cuando un juez emite una determinación judicial que se considera fuera de la ley o vulnera los principios de justicia, es crucial contar con mecanismos efectivos de control y supervisión.

En este sentido, existen varios organismos de contralor que tienen como objetivo garantizar la transparencia, la imparcialidad y la legalidad de las decisiones judiciales.

En este informe de El Territorio, explicaremos cómo trabajan desde algunos organismos de contralor que tienen competencia para supervisar y controlar las determinaciones judiciales en Argentina.

El Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Jurado de Enjuiciamiento de Misiones son algunos de los espacios que tienen como misión asegurar que la Justicia administre de manera imparcial y conforme a derecho, y que, en su esencia, aspiran a la consolidación de un sistema judicial transparente, que fortalezca la confianza ciudadana en la Justicia argentina.

En la provincia, el Jurado de Enjuiciamiento es el organismo responsable del análisis de las determinaciones de los magistrados. Como esencia, se lo creó como “un órgano especial, colectivo y plurisectorial de responsabilidad política orientado a administrar la justicia, que tiene como objetivo, principalmente, mejorar la imagen pública de la administración de justicia, siendo una respuesta institucional para lograr un mejor y mayor control del ejercicio del derecho”.

Este espacio se integra en la primera quincena de mayo de cada año y sus miembros son puestos en posesión de sus cargos dentro de los diez días siguientes al de su integración. A partir de él, cualquier habitante de la provincia puede acusar a magistrados, ya sea por incapacidad física o mental, delito en el desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de sus deberes o delitos menores.

Está estipulado que cualquier acusación que se formule deberá ser por escrito, “con los datos particulares del denunciante, las causales invocadas y el ofrecimiento de las pruebas que se tengan; el Ministerio Público a cargo del Procurador General del STJ tendrá en su poder el material y será quien expondrá sus fundamentos hacia el Jurado”.

Rafael Pereyra Pigerl, diputado provincial y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Misiones, recordó que el organismo funciona como “el juez de los jueces”: lo que se debate en un jurado es la capacidad del magistrado de seguir ejerciendo. Mencionó que los motivos por los que pueden ser removidos son tres. «Hablamos de incapacidad física o mental. Después del delito que puede cometer el juez en ejercicio de sus funciones. Y la más común es la falta de cumplimiento de los deberes al cargo e incumplimiento de los deberes de su función», explicó.

Por otro lado, precisó que el Jurado recibe entre una y dos denuncias al mes, pero la mayoría de ellas caen por falta de mérito, al apuntar a situaciones del mismo proceso judicial que deben resolverse por vía ordinaria o extraordinaria y que no reflejan una “incapacidad” por parte del juez o jueza denunciado.

Como parte de este jurado resalta el Colegio de Abogados de Misiones, espacio que también tiene un rol preponderante en la elección y destitución de jueces.

«Es importante destacar que el Poder Judicial tiene atribuciones que no tienen otros poderes del Estado, ya que tiene uso de la fuerza pública, puede privar a los ciudadanos de su libertad, de su propiedad, es decir puede privarlos de sus derechos más esenciales. Es por ello, que los jueces están y deben estar sujetos a un control no sólo de la ciudadanía a quienes deben darles decisiones coherentes y sujetas a la legalidad, sino que además están sujetas a distintos controles. Cuando un juez comete una falta grave como el caso de la doctora Makintach, que lo hace incompatible el ejercicio del cargo, se promueve lo que se conoce como un juicio político, jurado o Jurado de Enjuiciamiento, que es el mecanismo para destituir a un juez por mal desempeño”, resaltó Antonio López Forastier, presidente del Colegio de Abogados, quien expuso como uno de los ejemplos más notorios y recientes lo ocurrido con una de las juezas que fue apartada del debate sobre la muerte de Diego Maradona.

Además, en este informe, una de las víctimas de injusticia repasa el proceso que llevó a que un juez misionero fuera destituido, tras ser denunciado por abuso sexual. En ese sentido, reiteró la necesidad de hablar y que casos como estos no quedan impunes, en pos de una mejor Justicia y sociedad para todos.

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