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La Oficina del Fiscal General de Texas comenzó una serie de investigaciones para determinar si más de 100 personas sin ciudadanía estadounidense participaron en los procesos electorales de 2020 y 2022. Según las autoridades, habrían emitido más de 200 sufragios en diferentes comicios a pesar de no ser ciudadanos, lo que contraviene las normativas estatales y federales.
Texas investiga a más de 100 personas por presunto fraude electoral
Greg Abbott expresó su respaldo a las acciones del fiscal general Ken Paxton. En una publicación en redes sociales, el gobernador reiteró que la participación electoral está reservada exclusivamente para quienes poseen la ciudadanía estadounidense.
“Es un delito que los no ciudadanos voten en Texas”, enfatizó en su cuenta de X. “La mayoría de las presuntas papeletas ilegales que se están investigando se encuentra en el condado de Harris”, precisó. Aunque las indagatorias se concentran principalmente en Harris, se han identificado casos en otros condados, como Guadalupe, Cameron y Eastland.
“No se debe permitir que los extranjeros indocumentados influyan en las elecciones de Texas tras emitir votos ilegales con impunidad. No permitiré que esto continúe”, declaró Paxton en un comunicado oficial.
La fuente de la información del fiscal general es la Secretaría de Estado de Texas, Jane Nelson, que proporcionó los datos a partir de bases oficiales de verificación migratoria.
Base de datos federal permite detectar posibles irregularidades en votaciones en Texas
El avance de estas investigaciones fue posible gracias al uso del sistema SAVE, administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Esta base de datos, a la que Texas accedió por medio de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, permite verificar el estatus migratorio de los inscritos en los padrones electorales.
En junio de 2025, el fiscal general abrió una investigación relacionada con las elecciones generales de 2024. En esa ocasión, Nelson remitió información sobre 33 individuos que habrían participado sin cumplir con los requisitos de ciudadanía.
“Para poder confiar en la integridad de nuestros comicios, los resultados deben ser determinados por nuestros propios ciudadanos, no por extranjeros que infringen la ley para votar ilegalmente. Estos posibles casos de sufragio ilegal serán indagados a fondo, y seguiré apoyando al presidente Trump en la lucha por garantizar la seguridad de las elecciones en nuestro estado”, señaló Paxton en un comunicado de prensa.
Las legislaciones que endurecen las sanciones por participar ilegalmente en comicios
En 2023, Texas modificó su legislación electoral con la aprobación del Proyecto de Ley 1243 de la Cámara de Representantes estatal. Este cambio convirtió el voto ilegal en un delito grave de segundo grado, cuando antes se consideraba una falta menor de clase A. Asimismo, el intento de sufragar sin cumplir los requisitos ahora está tipificado como delito grave susceptible de ser castigado con prisión estatal.
Además de las penas establecidas en la legislación estatal, las leyes federales también prohíben expresamente que personas sin ciudadanía participen en elecciones en las que se elijan cargos federales. Las sanciones pueden incluir multas, prisión de hasta cinco años y, en algunos casos, procesos de deportación.
La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 establece que un no ciudadano que emita un voto en una elección federal puede ser considerado inadmisible en EE.UU. En consecuencia, estas acciones no solo implican acciones penales, sino también migratorias.
El estado de la Estrella Solitaria también espera que una resolución firmada por Greg Abbott sea aprobada en las urnas en las elecciones de noviembre de 2025. Con esta medida se buscará eliminar la participación de los residentes sin ciudadanía en los comicios.
Órdenes federales impulsan cambios en los procesos electorales estatales
En marzo de 2025, Donald Trump firmó una orden ejecutiva con el objetivo de reforzar la seguridad en las elecciones estadounidenses. Esta medida instruye al Departamento de Seguridad Nacional a permitir que todos los estados accedan a la base SAVE sin costo.
Además, busca imponer nuevos criterios sobre el uso de equipos electorales y establecer límites sobre qué papeletas pueden ser consideradas válidas, especialmente aquellas enviadas por correo y recibidas después del día de los comicios.
La orden también contempla condicionar fondos federales a los estados que se nieguen a cooperar en la implementación de estas disposiciones. Si bien aún no está claro cuán efectivas serán estas medidas en la práctica, sí reflejan una tendencia hacia el incremento de regulaciones en el ámbito electoral.
El resultado de las investigaciones en curso podría tener un impacto directo en cómo se prepararán estos procesos en Texas. Por el momento, la intención declarada del fiscal general es procesar penalmente a todas aquellas personas que hayan participado en comicios sin cumplir los requisitos legales.
“Gracias a la decisiva acción del presidente Trump para ayudar a los estados a proteger las urnas, esta investigación ayudará a Texas a exigir responsabilidades a los no ciudadanos por votar ilegalmente en las elecciones estadounidenses. Si usted es un no ciudadano que emitió un sufragio ilegalmente, se enfrentará a todo el peso de la ley” subrayó Paxton.
