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El juicio por YPF en los Estados Unidos sumó otro capítulo.la Argentina presentó sus argumentos por escrito en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para no tener que entregar las acciones del Estado en la petrolera mientras ese tribunal de segunda instancia decide la cuestión de fondo. Eso es lo que le exige la jueza Loretta Preska por no haber ofrecido garantías y es parte del juicio que perdió el país en primera instancia y que lo obliga a pagar US$ 16.100 millones, más intereses diarios, por la irregular expropiación de la compañía en 2012 con el kirchnerismo.
La defensa nacional busca que se defina mantener en suspenso la transferencia de los papeles de YPF que el Estado logró con una cautelar temporal.
Pasada la medianoche del martes, la Procuración del Tesoro informó que “la República Argentina presentó sus escritos de réplica en respuesta a los presentados por los demandantes el 17 de julio, en el marco de los casos Petersen/Eton Park y Bainbridge”.
Los argumentos
En el primer caso, la Argentina destacó que “tal como lo reconoció el Gobierno de los Estados Unidos, la orden de entrega de las acciones vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero”.
“Contradice lo dispuesto por la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos, ya que las acciones de YPF se encuentran en territorio argentino, no han sido utilizadas por la República para actividades comerciales en los Estados Unidos, ni han sido empleadas en la actividad comercial que sirve de base a la demanda”, argumentó.
“También vulnera principios de cortesía (“comity”) internacional, al exigir a la República que incumpla su propia legislación interna”, señaló, y sumó que “los no lograron demostrar la existencia de un perjuicio en caso de que se suspenda la entrega”. “La ley argentina prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, lo que impide cualquier riesgo de disipación de los activos”, enfatizó.
Agregó que tampoco demostraron que la República no sufriría un daño irreparable si la orden no se suspende. “La transferencia de las acciones implicaría la pérdida del control estatal sobre la principal empresa energética del país. Si las acciones fueran vendidas, el perjuicio sería irreversible, incluso si la Argentina resultara finalmente vencedora en la apelación”, resaltó.
El Estado busca que quede suspendido el fallo de Preska. Foto: The New York Times
Y añadió que “la ejecución de la orden afectaría a terceros –incluyendo a YPF, sus accionistas y al pueblo argentino–, comprometería las relaciones bilaterales con los Estados Unidos y podría generar represalias judiciales contra ese país en el extranjero, como advirtió el Gobierno estadounidense”, indicó.
En el caso Bainbridge, sostuvo que no logró justificar la necesidad de una garantía. “La legislación argentina garantiza por sí misma el mantenimiento del statu quo, ya que, sin aprobación del Congreso, las acciones no pueden ser transferidas”. “No demostró que sufriría un perjuicio si se suspende la entrega, ni tampoco acreditó que la Argentina no enfrentaría un daño irreparable si la orden se ejecuta”, apuntó.
En un comunicado, la Procuración concluyó que “la pérdida de las acciones implicaría un perjuicio irreversible” y que por eso “el Gobierno nacional continuará defendiendo los intereses de la República con firmeza jurídica y pleno respeto por la soberanía, en contraste con la desidia de quienes nos llevaron a enfrentar esta situación”.
Cómo sigue el caso YPF
El próximo paso es que la Corte designe qué sala de ese tribunal le dará lugar o no a la solicitud argentina. Se espera que la resolución tenga lugar en los próximos días.
Mientras tanto, en paralelo, debe revisar la apelación que presentó el país para revertir la cuestión de fondo. Es decir, la condena de Preska de primera instancia y si corresponde que la forma de pago sea con el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado. Esta decisión podría llegar recién a mediados de 2026, ya que no hay un plazo estimado para que se expida.
Si acepta el pedido de la Argentina, la sentencia de Preska quedará suspendida hasta que resuelva la apelación de fondo de la causa. Esto implicaría un respiro para el país, que ganaría tiempo.
Por el contrario, si la Cámara rechaza la solicitud, la orden de Preska se reactivará y la Argentina quedará expuesta a un riesgo de desacato que podría tener consecuencias en los mercados internacionales.
La defensa del fondo Burford Capital –principal beneficiario del fallo que compró 70% de los derechos de litigio de las dos empresas de Petersen que tenían el 25% de las acciones de YPF cuando se estatizó– presentó un escrito en la Corte e lunes donde criticó al gobierno de Donald Trump, que la semana pasada se presentó como amicus curiae (amigo del tribunal) en favor de la Argentina para que se suspenda la entrega de las acciones. Burford aclaró que no planea quedarse con YPF, pero reclama que el país ponga garantías para poder cobrar.
Según los documentos de los funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, “exigirle a la Argentina que constituya una fianza en espera de la apelación la obligaría a localizar activos en Estados Unidos, que podrían entonces ser objeto de embargo”.
No es la primera vez que los Estados Unidos se expresa al respecto. En 2019, en la presidencia de Mauricio Macri, que coincidió con el primer mandato de Trump, el gobierno norteamericano se presentó como amicus curiae, pero en esa ocasión hubo un dictamen contra la Argentina.
Desde Grupo Petersen, explican que es poco probable que los Eskenazi cobren parte de la suma que desembolsaría eventualmente el Estado. Sostienen que, por fuera del 70% que ostenta Burford, el 30% restante se destinaría a pagarle a acreedores de la quiebra: una parte iría a Repsol y otra a los bancos que dieron los créditos (algunos de ellos ya se desprendieron de esos préstamos). Si existiera algún sobrante, podría ir la familia Eskenazi, aunque remarcan que sería una cifra marginal.
NE
