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El sheriff de San Francisco, Paul Miyamoto, hijo de migrantes, adoptó una postura firme ante el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). Aseguró que su oficina no colaborará con la aplicación civil de las leyes migratorias ni con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y reiteró que solo atenderán órdenes emitidas por un juez penal.
Paul Miyamoto, el sheriff que se niega a participar en operativos migratorios
El DOJ notificó este jueves a las oficinas de los sheriffs de varios condados de California, entre ellos San Francisco y Los Ángeles, para solicitar información sobre los individuos que no cuentan con ciudadanía estadounidense. La solicitud incluye detalles como los delitos cometidos o imputados y las fechas previstas de liberación, según indicó NBC.
Ante este requerimiento, Miyamoto respondió que su oficina no cooperará con la aplicación de normas migratorias civiles. “El gobierno federal ya dispone de la información y las huellas dactilares de todas las personas bajo custodia en San Francisco. Si las autoridades federales quieren detener a alguien, deben obtener una orden judicial penal”, afirmó el sheriff en un comunicado.
El jefe policial recalcó que solo acatarán órdenes respaldadas por un juez. “Nuestra prioridad es garantizar la seguridad pública, no involucrarnos en disputas políticas. No contribuiremos a crear un clima de miedo en las comunidades migrantes, funcionando como brazo auxiliar de inmigración”, dijo.
El primer sheriff asiático-americano de San Francisco
Miyamoto se convirtió en el primer sheriff asiático-americano en los 173 años de historia de San Francisco, cuando asumió el cargo el 8 de enero de 2020, según indicó la página oficial del funcionario. El jefe policial ingresó a la Oficina del Sheriff en 1996 y desde entonces ocupó diversos roles en cárceles, patrullas, investigaciones y entrenamiento, además de integrar unidades especializadas como Servicios de Emergencia y el Equipo de Respuesta Especial. Actualmente, está a cargo de la supervisión de las cárceles locales y de edificios clave como el Ayuntamiento, los tribunales y los hospitales.
Graduado de la secundaria Lowell y de la Universidad de California en Davis, Miyamoto afirma que su historia familiar ha moldeado su carácter y convicciones. La resiliencia de su padre y sus familiares, quienes enfrentaron el internamiento de japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, marcó su visión y valores.
También celebra sus raíces chinas, provenientes de su madre. Desde 2000, participa activamente en el tradicional desfile del Año Nuevo Chino como integrante del equipo de Danza del León del Departamento de Policía. Además, es un asistente habitual al desfile anual de Pistahan, donde rinde homenaje a su esposa LeeAnn y a la herencia filipina de sus hijos. Miyamoto y LeeAnn, ex ayudante del sheriff y exoficial de policía, llevan más de 23 años de matrimonio y son padres de cinco hijos.
Qué establece la ley de San Francisco sobre la colaboración con ICE
San Francisco mantiene políticas de “ciudad santuario” que restringen a la Oficina del Sheriff, responsable de las cárceles, de colaborar con el ICE. La ordenanza de Ciudad y Condado Refugio, aprobada en 1989, prohíbe que empleados municipales destinen recursos o fondos para asistir a la agencia migratoria.
En 2013 se reforzaron estas políticas con la ley “Debido Proceso para Todos”, que limita la comunicación a ICE sobre la liberación de personas detenidas. En 2016, se introdujeron cambios adicionales que restringieron aún más los casos en los que se puede compartir esta información, permitiéndolo solo en circunstancias muy específicas.
Según el DOJ, la finalidad de estos requerimientos es ayudar a las autoridades federales a identificar a inmigrantes en situación irregular que cometieron delitos para priorizar su deportación y proteger la seguridad pública. El comunicado afirmó: “Aunque todos los extranjeros ilegales por definición violan la ley federal, aquellos que cometen delitos después de hacerlo muestran que representan un mayor riesgo para la seguridad de nuestra nación”.
La agencia estatal advirtió que podría emplear medidas legales, incluidas citaciones o recursos judiciales, para obtener la información en caso de negativa.
