Drástica medida: el Gobierno le prohibió firmar nuevos contratos a una reconocida empresa de seguros

A raíz de su situación financiera complicada, el Gobierno suspendió la operatoria de La Nueva Cooperativa de Seguros. La compañía no podrá realizar nuevos contratos. Tampoco podrá disponer de sus inmuebles ni gestionar acuerdos de reaseguros.

La decisión, que fue oficializada por la Superintendencia de Seguros (SSN) a través de la Resolución Sintetizada 382/2025 publicada en el Boletín Oficial, se basó en una evaluación técnica sobre la situación financiera y contable de la firma, sobre la base de documentos oficiales, que arrojó incumplimientos graves.

Todo comenzó cuando la compañía presentó con demoras sus estados contables al 31 de marzo de este año. En esos documentos, la aseguradora reconocía una “situación financiera transitoria” que, según sus propias palabras, la había dejado “prácticamente imposibilitada de administrar los pagos de manera ordenada”.

Esto se agravó cuando la firma fue notificada de un embargo judicial por más de $300 millones, lo que derivó en que otros acreedores también iniciaran acciones similares.

A raíz de esta situación, la Superintendencia inició una investigación en la empresa, que según se indica en la resolución, reveló como resultado:

• Falta total de colaboración por parte de la aseguradora, que no entregó libros contables ni información clave como balances detallados, listado de juicios, siniestros en trámite ni datos sobre reservas técnicas.

• Sentencias firmes sin pagar, reservas subestimadas y pasivos judiciales mal informados.

• Deudas fiscales impagas y diferencias patrimoniales graves.

• Desorden contable y administrativo generalizado, lo que impide conocer su verdadera situación financiera.

Frente a ese escenario, la Superintendencia tomó la decisión de suspender la operatoria de La Nueva: frenar la emisión de pólizas, impedirle «realizar actos de administración respecto de sus inmuebles» y modificar contratos con reaseguradoras.

En los cálculos preliminares del organismo, surgió que la aseguradora debería realizar un ajuste del 93% sobre sus reservas técnicas para cumplir con los requisitos mínimos de solvencia. En otras palabras, estaría operando con un «agujero financiero» de más de $4.400 millones.

En ese marco, el Gobierno instruyó a la «Gerencia de Inspección a que proceda a relevar el corte de emisión de pólizas al momento de la notificación de la presente Resolución, como así también para que tome razón del estado de ocupación de los inmuebles».

NE