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CÓRDOBA.- En medio del tironeo entre la Casa Rosada y los gobernadores por la distribución de fondos, un informe privado da cuenta de que en 2024 las provincias y CABA participaron del 32,3% de la recaudación tributaria nacional total. En el análisis de 32 años, marca una caída de dos puntos porcentuales respecto al máximo que fue en el 2020. La clave en esta discusión es la distribución en las responsabilidades del gasto; en los últimos días los mandatarios provinciales subrayaron que se hacen cargo de áreas de las que Nación se retiró.
El Iaraf, que conduce el economista Nadín Argañaraz, describe que en los primeros y últimos años del período analizado, la participación de las provincias ronda 30%, mientras que cayó entre 2002 y 2016 (el piso fue en 2010, gobierno de Cristina Kirchner, con 24,9%).
Aunque de manera permanente hubo cambio en las responsabilidades de gasto y disputas legales entre las partes, las provincias y CABA siempre se llevaron entre 25% y 34% de la recaudación total.
La reforma constitucional del ’94 ordenó modificar el sistema de coparticipación, pero nunca se hizo. Rige, con parches, la ley que se sancionó en 1988 que fija que el total de los recursos coparticipables se reparta 42,34% para Nación, 56,66% para provincias y 1% para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ese es el fondo que los gobernadores, como no se ejecuta completamente, quieren que se distribuya.
Aunque el ministro Federico Sturzzeneger dijo que los proyectos impulsados por los gobernadores modifican la coparticipación, no es así. La única vía es una ley convenio que surge de un acuerdo entre la Nación y las provincias y debe ser refrendada por las legislaturas y por el Congreso.
El informe del Iaraf pone la lupa en cómo fue la participación del consolidado de provincias y CABA en la recaudación de impuestos nacionales, neta de los recursos de la Seguridad Social y de las retenciones que, en general, no son coparticipables. La película muestra que fueron perdiendo participación primaria en la década del ’90 porque leyes y decretos cambiaron el esquema original.
Entre esas modificaciones se cuentan la del ’92 con Carlos Menem que autorizaba a Nación a quedarse con 15% más una suma fija de $43,5 millones mensuales de la masa coparticipable para financiar el sistema previsional y otros gastos operativos y distribuir entre provincias con problemas financieros; en el ’99 se aumentó la participación de Tierra del Fuego de 0,388% a 0,70%; en 2003 se modificó la de CABA y se le asignó 1,4%, en 2016 se pasó a 3,75% y en 2020 se le quitó un punto.
En la administración de Mauricio Macri, después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a Santa Fe, Córdoba, y San Luis, Nación restituyó gradualmente los 15 puntos que, después del 2006 cuando vencieron todos los pactos, había seguido reteniendo. El proceso terminó en el 2020.
Por esa dinámica, desde 2018 y por el consenso fiscal firmado en la administración macrista, la masa coparticipable bruta creció y, en paralelo, se estableció un sistema de compensación para evitar que las provincias (excepto Buenos Aires) vieran modificada su situación respecto a 2017. Así, en el 2020, la participación de las provincias y CABA en la recaudación tributaria nacional (sin seguridad social y retenciones) sea la más alta en 32 años, con 50,6%.
Entre 2020 y 2024, esas transferencias automáticas cayeron dos puntos porcentuales (p.p), aunque si se excluye CABA (por el cambio en su asignación) la reducción es de 0,8 (p.p). Entre el año pasado y el 2023 la reducción fue de 0.4 p.p.
En el último año solo ocho distritos registraron un leve incremento de participación (Tierra del Fuego, CABA, Santa Cruz, Neuquén, San Luis, Río Negro, Chubut y La Pampa), mientras que el resto bajó.
Compensaciones
Entre 2015 y 2022 se sumaron envíos de la Nación a las provincias que, si bien no forman parte de la coparticipación, “en muchos casos compensan aspectos”: las Transferencias Financieras por medio de la cuenta Obligaciones a Cargo del Tesoro. En ese período representaron 23,5% del total de transferencias no automáticas.
El Iaraf indica que crecieron a partir del 2016 y saltaron fuerte luego del 2019, “cambiando la lógica del reparto de recursos, puesto que Buenos Aires pasó de prácticamente no recibir fondos por este concepto hasta 2015 ( $2.400 millones), a $24.800 millones en 2016 y $40.000 millones en 2017”. Esa suba fue cuando María Eugenia Vidal gobernaba la provincia y Macri la “compensó” por el congelamiento del Fondo del Conurbano.
En el 2021 Alberto Fernández recorta la participación de CABA y con esos recursos general el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia administrada por Axel Kicillof. El año pasado no recibió nada por la eliminación del Fondo mientras que a CABA llegan más por la cautelar presentada ante la Corte Suprema.
El de La Rioja es otro caso particular. Recibe recursos no automáticos bajo la forma de envíos de capital y corrientes que se denominan específicamente como “extra coparticipables” por un acuerdo firmado con Nación para “compensarla” porque con la ley del ’88 había perdido un punto. El gobernador Ricardo Quintela demandó al Estado nacional ante la Corte porque adeuda esos envíos.
