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Karina María Alvarado Ríos, conocida como Karyna entre sus denunciantes, volvió a su casa tras recibir el alta médica, luego de pasar más de nueve días internada en el Sanatorio de La Providencia tras la ingesta de pastillas. La mujer, acusada de haber estafado a más de 200 personas con la promesa de pasajes internacionales a precios bajos, quedó en el centro de una causa que dejó a decenas de viajeros sin vuelos y, en algunos casos, varados en el exterior.
Los denunciantes no bajan los brazos y siguen reclamando la devolución de su dinero. Mientras tanto, Karyna intenta recomponerse tras la exposición mediática y el avance de la causa judicial. Ya de regreso en su departamento del piso 17 en Recoleta, enfrenta un escenario que dista de haberse calmado: el cerco de las denuncias se mantiene firme y la batalla por justicia está lejos de concluir.
En diversos grupos de WhatsApp donde los damnificados organizan sus reclamos, el hartazgo crece con cada novedad sobre la mujer ecuatoriana de 55 años. Una de las víctimas propuso ir hasta la casa de Karyna para “meter presión”, al considerar que ella seguía demasiado tranquila pese a la gravedad del caso. Otros integrantes del grupo fueron más tajantes y sugirieron colocar un pasacalle en la puerta del edificio para recordarle que aún debía dinero. También hubo quienes pusieron en duda los argumentos de la defensa: una tercera víctima se preguntó cómo podía pagar abogados si aseguraba no tener un peso.
Mientras la justicia avanza en la investigación, la defensa de Karyna dio ayer sus primeras declaraciones. “Los denunciantes no son víctimas”, advirtió el abogado Mariano Sayour, exsecretario federal del Poder Judicial de la Nación, quien junto a Bernardo Miguens asumió la representación legal de la ecuatoriana de 55 años el último fin de semana. La causa, caratulada como estafa, está en etapa preliminar y radicada bajo el expediente N° 36862/2025 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58.
La Justicia ya incautó el teléfono celular de Karyna y otros elementos personales considerados clave para las pericias. Hasta ayer, no había sido notificada formalmente de ninguna imputación. “Está denunciada por estafa, pero todavía no fue llamada a indagatoria. Cuando eso ocurra, pasará a estar formalmente imputada, pero hoy no tiene ese estatus ”, explicó Sayour a LA NACION.
Además, subrayó que recién el día de ayer tuvieron acceso al expediente: “Fuimos designados hace pocos días y tenemos tres jornadas para analizar todo el material. Es prematuro hablar de una estrategia definitiva sin ver las pruebas presentadas por las supuestas 200 víctimas”, adelantó.
Uno de los puntos de la defensa más cuestionados por los denunciantes es la interpretación del tipo penal. “No veo, a simple vista, una maniobra de estafa piramidal ni un esquema Ponzi. Podría tratarse de un mal negocio, pero no necesariamente de una estafa. Para que haya estafa tiene que existir un engaño idóneo capaz de inducir a error, y que ese error genere un perjuicio patrimonial en la víctima. Si no hay engaño idóneo, no se puede hablar de error ni de estafa”, sostuvo Sayour.
En este sentido, fuentes judiciales consultadas señalaron que la causa evaluará no solo el accionar de Karyna, sino también el comportamiento de los denunciantes. En este escenario, la jurisprudencia dispone que las víctimas actúen con una mínima diligencia al momento de resguardar su patrimonio. Si no existió esa diligencia, el tipo penal podría no configurarse.
La investigación también menciona a una segunda mujer, Agustina, quien inicialmente figuraba como denunciante. “Por lo que pude conocer, según comentarios, la relevaron del juramento y hoy estaría como imputada debido a su presunta participación en la compra y venta de pasajes aéreos”, aclaró Sayour en diálogo con este medio.
Sobre la existencia de una organización más grande detrás de Karyna, Sayour fue categórico: “No me consta. Hoy la causa se dirige contra Karyna y, presuntamente, contra Agustina. No sabemos si hay otros implicados.”
Hasta ahora, no hay embargos confirmados ni restricciones sobre sus bienes, aunque no se descarta que en el futuro se dispongan medidas como la prohibición de salir del país. “Karyna vive en Argentina hace más de seis años, tiene DNI argentino y ya designó abogados. Hasta ahora, no hay indicios de fuga ni intención de obstaculizar la causa”, sentenció en diálogo con este medio.
Por su parte, la defensa de Karyna no descarta la posibilidad de un acuerdo extrajudicial con los denunciantes para evitar un proceso largo y costoso. “No se trata de delitos violentos, sino de estafas relacionadas con el patrimonio”, indicó Sayour a LA NACION. “La idea es resolver el conflicto con la menor trascendencia posible y restablecer el orden”, agregó, aunque aclaró que es tan solo una posibilidad: “Va a ser materia de análisis cuando veamos el expediente y en qué estado se encuentre el proceso”, concluyó el letrado.
Mientras la defensa de Karyna María Alvarado Ríos intenta encuadrar el caso como un conflicto comercial o un incumplimiento contractual, LA NACION consultó con especialistas que sostienen que el tipo penal es claro: se trata de una estafa “lisa y llana”, con un funcionamiento similar al de un esquema Ponzi.
“El caso reúne todos los elementos de una estafa. Se sostiene con múltiples damnificados que, al confiar en recomendaciones previas, refuerzan la apariencia de legalidad y permiten seguir captando dinero. No estamos ante un contrato fallido, sino ante un ardid para inducir al error a la víctima —la promesa de pasajes disfrazada de referencias personales— que la lleva a entregar una suma de dinero a cambio de un servicio que nunca se concreta. Además, hay un claro ánimo de lucro por parte de Karyna”, analizó ante LA NACION el abogado penalista Jorge Monastersky.
El letrado señaló que la maniobra encuadra en el artículo 172 del Código Penal, que prevé penas de uno a seis años de prisión por estafa. Sin embargo, advirtió que, al haber múltiples damnificados, la causa podría calificarse como “concurso real” de delitos, lo que habilitaría un agravamiento de las penas, conforme a los artículos 54, 55 y 56 del mismo código. “En ese escenario, y dependiendo de la cantidad de hechos independientes, podrían contemplarse condenas de hasta 50 años de prisión”, precisó.
Monastersky también rechazó el argumento de que los denunciantes no actuaron con la debida diligencia. “No se puede exigir a un consumidor que investigue a quién le compra un pasaje cuando paga un precio de mercado, como US$900 o US$1200 . Hay agencias que venden a ese valor. Además, muchos llegaron a Karyna por recomendación de personas que sí habían viajado. Esto no es una cuestión comercial: es una maniobra de engaño para apropiarse del dinero. Lo que debe investigarse es: ¿A qué cuenta fue transferido el dinero? ¿Qué pasó con los pagos en efectivo? ¿Quién los retiró? ¿Quién fue el beneficiario final?”, concluyó.
Mientras tanto, Karyna permanece en su casa, aún recuperándose de un intento de suicidio por sobredosis de fármacos ocurrido hace más de nueve días. “La declaración de insania solo puede dictarla la jueza con pericias médicas y pruebas contundentes, y no estamos tramitando ninguna medida de incapacidad, pero podría evaluarse más adelante”, anticipó Sayour en diálogo con LA NACION.
