El Gobierno reglamentó el proceso para otorgar la ciudadanía argentina a extranjeros que hagan inversiones relevantes

El Gobierno nacional reglamentó este jueves el procedimiento que deberán seguir los extranjeros que busquen obtener la ciudadanía argentina a través de una inversión calificada como “relevante”.

El mecanismo fue oficializado mediante el Decreto 524/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La norma establece que el trámite será gestionado por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía. Será esa agencia la encargada de evaluar las solicitudes, requerir informes a distintos organismos del Estado y elevar una recomendación fundada a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá a su cargo la decisión final.

La medida complementa el Decreto 366/2025, que en mayo había modificado la Ley de Ciudadanía Nº 346 para incorporar la figura del “ciudadano por inversión”.

Según la normativa vigente, puede iniciar el trámite cualquier persona extranjera que, sin importar su tiempo de residencia, demuestre haber realizado una inversión significativa en el país. Los criterios para definir qué inversiones califican como relevantes serán establecidos por el Ministerio de Economía.

El procedimiento arranca con la presentación de la solicitud ante la Agencia, que deberá verificar si la inversión cumple con los requisitos definidos por el Ejecutivo. Superada esa etapa, se solicitarán informes técnicos a organismos como el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia, el RENAPER y la Secretaría de Inteligencia del Estado. También podrán consultarse otros organismos públicos o privados, si se considera necesario.

El objetivo es determinar si el otorgamiento de la ciudadanía podría representar un riesgo para la seguridad nacional o para intereses estratégicos del país. Con esa información, la Agencia elaborará un dictamen en el que recomendará o no el otorgamiento de la nacionalidad. El expediente será enviado a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá 30 días hábiles para tomar una resolución.

Además, el decreto instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a adecuar sus sistemas para permitir que los nuevos ciudadanos obtengan su CUIT.

La medida ya se encuentra en vigencia y forma parte del plan del Ejecutivo para atraer inversiones y capitales extranjeros a través de mecanismos de incentivo migratorio.

Ley de Ciudadanía

El 29 de mayo, el Gobierno había publicado el Decreto 366/2025 a través del cual oficializó la reforma migratoria en Argentina, con modificaciones significativas.

Entre los principales cambios que proponía el extenso documento que el Poder Ejecutivo se encontraban el endurecimiento de los requisitos para obtener la ciudadanía argentina, la expulsión de inmigrantes ilegales o con condenas y variantes en los accesos a los servicios de salud y educación a los extranjeros.

Las medidas habían sido anunciadas días por el Gobierno, en el tramo final de la campaña electoral de la Ciudad de Buenos Aires. «De ahora en adelante cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por la autoridades migratorias y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán expulsados. El que miente en cualquier información en su ingreso será también expulsado», había deslizado el vocero Manuel Adorni en conferencia de prensa.

Al justificar las reformas migratorias, el portavoz dijo que «en los últimos 20 años ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares, equivalente a la población de La Matanza o la provincia de Tucumán».